La excepción a Airbus revela los límites reales del embargo de armas a Israel

El Gobierno ha activado por primera vez la cláusula de excepcionalidad incluida en el embargo al comercio de armas con Israel para permitir a Airbus importar determinados componentes de defensa y de doble uso procedentes de ese país. La decisión, aprobada en el último Consejo de Ministros del año, se justifica oficialmente por el riesgo que el veto suponía para varios programas estratégicos de la compañía en España y por el impacto que tendría sobre el empleo y la autonomía industrial.

Según la referencia oficial publicada por Moncloa, la autorización se concede “de manera excepcional” y afecta a cuatro proyectos concretos: el A400M, el A330 MRTT, el C295 y el dron táctico SIRTAP. El Ejecutivo subraya que se trata de programas “con gran potencial industrial y exportador” y que se consideran “indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.

La excepción se ampara en la disposición adicional primera del decreto ley aprobado en septiembre para imponer un embargo total al comercio de material de defensa con Israel en respuesta a la guerra en Gaza. Esa cláusula permite autorizar transferencias cuando la aplicación estricta del veto suponga un “menoscabo” para los “intereses generales nacionales”.

En la justificación incluida en la referencia del Consejo, el Gobierno sostiene que “no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles” y advierte de que la imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pondría “en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España”, con un impacto “industrial, económico, de empleo y tecnológico” que afectaría a la autonomía estratégica del país.

Defensa desliga la excepción del ámbito militar

Tras hacerse pública la decisión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que la excepción aprobada no guarda relación con las políticas militares de su departamento, sino que se enmarca en el ámbito comercial, industrial y de las exportaciones. Robles reiteró que España no compra armas a Israel, sino tecnología para determinados programas, y subrayó que el Ministerio de Defensa está desarrollando un plan de desconexión de la tecnología israelí para que sea la industria nacional la que asuma esos proyectos.

En esa línea, insistió en que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se refiere a Airbus en relación con exportaciones a terceros países y a la creación y mantenimiento de empleo, y que no afecta, según su planteamiento, al ámbito armamentístico.

Sin embargo, los cuatro programas citados explícitamente en la referencia oficial —A400M, A330 MRTT, C295 y SIRTAP— son plataformas militares. Se trata de aeronaves de transporte estratégico y táctico, reabastecimiento en vuelo, vigilancia y patrulla, y sistemas no tripulados desarrollados para fuerzas armadas. La referencia del Consejo no aclara si los componentes autorizados se destinan a programas del Ejército español o a contratos internacionales, y se limita a destacar su valor industrial y comercial.

Ese margen interpretativo ya había aflorado incluso antes de que el Gobierno activara una excepción formal. Como ha publicado Civio, el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) adjudicó a finales de noviembre un contrato para la compra de 63 chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security, pese a que tanto la licitación como la adjudicación se produjeron después de la entrada en vigor del decreto ley que veta la importación y exportación de material de defensa israelí. Según el análisis de Civio, si los chalecos —que la propia empresa presenta como “made in Israel”— no se encontraban ya en España antes del 25 de septiembre, su importación debería haber quedado prohibida, al tratarse de equipos de protección incluidos en el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. 

No se trata de un caso aislado: a comienzos de octubre, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares anuló un contrato prácticamente idéntico tras hacerse público. Y antes del embargo, pero ya bajo un compromiso político del Gobierno de no comprar ni vender armamento a Israel, Interior formalizó en abril un contrato millonario para la adquisición de munición a la misma empresa israelí, una operación que no pudo revertirse por la avanzada fase de tramitación, según alegó entonces la Abogacía del Estado.

Críticas jurídicas y falta de transparencia

Desde Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el profesor de Derecho Administrativo Eduardo Melero considera que la excepción aprobada evidencia hasta qué punto el embargo ha quedado supeditado a los intereses de la industria armamentística. A su juicio, no se trata de un hecho aislado, sino de un mecanismo más dentro de una política sostenida durante años por distintos gobiernos para favorecer las exportaciones de defensa.

Melero apunta además a la amplitud del concepto de “intereses generales nacionales” recogido en el decreto, que permite encajar prácticamente cualquier argumento económico o industrial. En ese contexto, considera exagerada la apelación del Gobierno a la autonomía estratégica para justificar una excepción apenas tres meses después de la entrada en vigor del embargo.

El jurista subraya también una contradicción en el discurso oficial. Mientras Defensa presenta la operación como ajena al ámbito militar, los proyectos incluidos en la excepción son, según Melero, inequívocamente aeronaves militares, y los componentes cuya importación se autoriza encajan en la categoría de material de defensa o de productos y tecnologías de doble uso —es decir, susceptible de ser usado en sistemas armamentísticos— según la legislación española y europea. A su entender, el problema no es solo la excepción en sí, sino la falta de información pública sobre qué componentes concretos se están autorizando y con qué alcance.

Desde Centre Delàs denuncian, además, una opacidad estructural en la política de control del comercio de armas. Las deliberaciones y los informes de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que avaló la excepción, no son públicos y están protegidos por la normativa de secretos oficiales, lo que impide conocer los argumentos exactos que han sustentado la decisión.

Melero cuestiona también el relato del Gobierno sobre la cancelación de contratos militares con empresas israelíes. Según explica, en la Plataforma de Contratación del Sector Público no constan acuerdos formales de rescisión de algunos de los principales contratos anunciados como anulados, lo que, en su opinión, revela que el embargo ha sido más simbólico que efectivo.

El Centre Delàs advierte además de que la excepción concedida a Airbus no es el único punto débil del embargo. Existen, según el centro, múltiples vías para sortearlo mediante operaciones triangulares y programas industriales compartidos con terceros países. En esos casos, componentes de origen israelí pueden integrarse en sistemas fabricados o ensamblados fuera de Israel y reintroducirse en los circuitos industriales europeos sin computar formalmente como importaciones desde ese país. Este tipo de esquemas, habituales en la industria de defensa multinacional, limitarían aún más el alcance real del veto aprobado por el Gobierno, que solo afecta directamente a operaciones desde o hacia España.

Rechazo de Sumar y críticas de Podemos

La decisión ha provocado además tensiones políticas dentro del Ejecutivo. Los ministros de Sumar registraron objeciones formales en el Consejo de Ministros, al considerar que no existen motivos suficientes para aplicar la cláusula de excepcionalidad. En su razonamiento, sostienen que los argumentos esgrimidos se centran en el impacto económico sobre una parte de la industria aeroespacial y en consideraciones de credibilidad empresarial, pero no en obligaciones derivadas del derecho internacional.

Fuera del Gobierno, Podemos ha cuestionado abiertamente la credibilidad del embargo y ha acusado al Ejecutivo de vaciarlo de contenido mediante excepciones apenas tres meses después de su aprobación.

El propio real decreto establece que el Gobierno debe comparecer ante el Congreso para informar del alcance de las excepciones y del balance del embargo en sus primeros meses de aplicación, una rendición de cuentas que sigue pendiente tras el parón de la actividad parlamentaria.