La factura del hospital "milagro" de Ayuso se acerca (de momento) a los 100 millones, casi el doble de lo previsto

El precio por levantar en el norte de Madrid la nueva joya de la corona de la gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso continúa engordando poco a poco. En las últimas dos semanas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de varios contratos de emergencia vinculados a la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal, el centro de pandemias de la región inaugurado a comienzos de mes entre duras críticas de los colectivos sanitarios. Las nuevas licitaciones se corresponden a la implantación de diferentes sistemas de información electrónica, a la compra de equipamiento para el centro, a la reforma del Instituto de Medicina Legal o a diferentes tipos de servicios, como la vigilancia o el mantenimiento de los edificios.

Las últimas licitaciones, sitúan ya el coste a pagar por la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones sanitarias en los 96,98 millones de euros, según la recopilación de adjudicaciones hecha por infoLibre. Es casi el doble de lo que se calculó en un primer momento que sería necesario para que echara a andar el proyecto, considerado innecesario por los profesionales sanitarios ante la existencia en otros centros de espacios vacíos que pueden albergar camas hospitalarias y que se encuentran a la espera de que se lleven a cabo las obras de reforma necesarias.

Desde que se dio a conocer la intención del Ejecutivo de Ayuso de levantar un nuevo hospital que “sorprenderá al mundo” en la región, en palabras de la propia presidenta madrileña, una de las principales incógnitas alrededor de un proyecto que nunca convenció a los colectivos sanitarios era el precio, uno de los secretos mejor guardados por parte del Gobierno madrileño. Se sabe que duplicará la previsión de gasto que se hizo en un primer momento. Pero la factura final sigue siendo todo un misterio.

En la rueda de prensa posterior a la inauguración a bombo y platillo del centro de pandemias, esta fue precisamente una de las preguntas que los periodistas pusieron sobre la mesa. Sin embargo, el director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda, se limitó a decir que va a costar “la suma de todos los contratos que se han realizado”. Aunque aseguró que la cifra se conocía “perfectamente”, no quiso darla por más que se le insistió por esta cuestión. Se conocerá, dijo, “próximamente”. Mientras tanto, se remitió al Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

El problema es que las licitaciones se van volcando a la plataforma con cuentagotas. Y, además, con un retraso importante. En los últimos días, un mes después de que fueran adjudicadas, aparecieron las correspondientes a la implantación en el centro de varios sistemas de información para el funcionamiento de la infraestructura sanitaria. De todos ellos, el contrato más gordo es el relativo a la puesta en marcha del relativo a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): 559.746 euros para Informática El Corté Inglés. También es jugoso al que se refiere a la puesta en marcha de la historia clínica electrónica en el centro: 232.659 euros que han ido a parar, por el procedimiento de emergencia –es decir, sin publicidad– a manos de la firma DXC Technology Servicios España. A estas dos se le suman, además, otras tres para la implantación de los sistemas de información de imagen médica, farmacia hospitalaria y dietética y nutrición: el primero fue adjudicado a Agfa Healthcare Spain por 64.130 euros, mientras que los otros dos han caído en manos de Global Dominion Access por un total de 139.807 euros. 

Con los nuevos contratos, la factura del Enfermera Isabel Zendal se sitúa ya en 96,98 millones de euros. El grueso de esta inversión se corresponde con el levantamiento de la infraestructura, cuyo coste terminó disparándose con el avance de los trabajos. En un primer momento, el Consejo de Gobierno acordó una previsión de gasto para el centro de pandemias de 51,7 millones de euros. Sin embargo, la introducción de una serie de mejoras –incremento de la superficie o aumento de la altura del Centro Logístico Sanitario, entre otras– terminaron por disparar el coste. Entre las licitaciones que constan en el Portal de la Contratación relativas a los proyectos, la asistencia técnica, la coordinación de la seguridad y salud en los trabajos y las obras de urbanización, con sus respectivas ampliaciones, el desembolso ha sido de 8,79 millones de euros. A esto hay que sumarle la construcción del edificio. Por un lado, la parte del nuevo hospital, que ya suma entre adjudicaciones –incluyendo las mejoras– 65,636 millones de euros. Y, por otro, la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, que queda integrado en el complejo hospitalario aportando servicios de morgue, depósito de cadáveres y servicio de autopsias. Las actuaciones a ejecutar en este último, según datos de la Comunidad de Madrid, han supuesto una inversión superior a los 5 millones de euros.

El pastel gordo se lo repartieron entre media docena de constructoras, si bien San José, Sacyr, Ferrovial y Dragados se llevaron los pedazos más grandes. El objetivo –y así figuraba en los pliegos– era que el complejo estuviese listo el 31 de octubre, bajo la amenaza de sanciones en caso de incumplimiento. El Ejecutivo regional aseguró, llegado ese momento, que la obra civil estaba concluida. Sin embargo, a comienzos de diciembre todavía había zonas sin terminar. Al final, la Consejería de Sanidad tuvo que admitir los retrasos. Un problema que consta en los documentos de ampliación de plazos que suscribió el Ejecutivo madrileño con alguna de las firmas encargadas de la implantación de las soluciones de comunicaciones. “Como consecuencia del retraso producido en la entrega de la obra civil por parte de las constructoras, no se pueden concluir los trabajos contemplados en el objeto de contrato en la fecha prevista, debido a que aún no están disponibles todas las ubicaciones y canalizaciones necesarias donde se desarrollan los trabajos por parte del contratista”, recoge uno de ellos. A pesar de esto, Sanidad ya ha descartado aplicar las cláusulas de penalización sobre las constructoras.

Comunicaciones, gases medicinales y material sanitario

Más allá del levantamiento del edificio, la Comunidad de Madrid también adjudicó otros siete contratos para los servicios de diseño, establecimiento de normativa, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos por una cantidad total de 2,2 millones de euros, de los que la mitad acabaron en manos de Informática El Corte Inglés. También constan en el Portal de la Contratación otras tres licitaciones relacionadas con el suministro de gases medicinales por 372.084 euros, que fueron a parar a manos de tres firmas: Nippon Gases España, Air Liquide Healthcare y Sociedad Española de Carburos Metálicos. Estas dos últimas firmas fueron, de un sector extremadamente pequeño, las encargadas de levantar en Ifema el enorme sistema de canalización de gases medicinales, una instalación que costó algo más de dos millones y que ahora con la apertura del Enfermera Isabel Zendal ha quedado completamente en desuso.

El miércoles, el Consejo de Gobierno también tuvo conocimiento de otros tantos contratos suscritos por el procedimiento de emergencia durante los meses de octubre y noviembre para la adquisición de equipamiento médico de todo tipo para el centro. Autoclaves, broncoscopios, desfibriladores, electrocardiógrafos, espirómetros, equipos de rayos X portátiles, respiradores y otro mobiliario por un total de 11,5 millones de euros. Del mantenimiento del equipamiento electromédico durante los próximos seis meses se encargará la firma Ibérica de Mantenimiento, que se embolsará por estos trabajos 521.875 euros.

A la espera de la limpieza, restauración o lavandería

Más allá del levantamiento del edificio, también se ha adjudicado la vigilancia del centro durante el próximo medio año a Ariete Seguridad por 808.198 euros. Esta firma, que tiene como administradora única a la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón Silvia Cruz, es bien conocida para el Ejecutivo regional. En el último lustro, ha suscrito contratos con la Comunidad de Madrid por valor de 13,18 millones de euros, la mayor parte de ellos con la Consejería de Sanidad. Los más jugosos son los que tienen que ver con la seguridad de varios hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En la actualidad, vigila los de Virgen de la Torre, Santa Cristina, Clínico San Carlos, Universitario de Móstoles, La Princesa, Virgen de la Poveda, Ramón y Cajal, Central de la Cruz Roja y la antigua clínica Puerta de Hierro, a pesar de estar abandonada. Y del mantenimiento de las instalaciones se hará cargo, también durante medio año, la empresa Ferrovial Servicios. Cobrará por ello 1,12 millones de euros.

Todavía quedan pendientes de publicación, no obstante, algunas otras licitaciones que aumentarán aún más el precio de la joya de la corona de Ayuso. En las reuniones que ha ido manteniendo la Consejería de Sanidad con los colectivos sanitarios se ha comunicado que también está previsto que la limpieza, restauración, lavandería o recogida de residuos queden en manos de empresas privadas. Por el primer servicio en el Hospital Universitario 12 de Octubre, durante un periodo de cuatro meses, Ferrovial se embolsó 5 millones de euros hace un par de años. En el caso de las comidas, hay varios ejemplos. En enero del año pasado, el servicio de restauración para el Hospital Ramón y Cajal fue adjudicado a la firma Mediterránea de Catering por 1,89 millones, con un plazo de ejecución de cuatro años. Más recientemente, para el primer hospital llamado "milagro" por Ayuso –Ifema–, la licitación para estas labores se la llevó Eurest Colectividades por 4 millones de euros. Es este caso, el coste unitario de las comidas fue superior al habitual. Por paciente y día se aceptaron 19 euros, una cifra que triplicaba la que se fijó en 2017 para ese servicio en el Niño Jesús.

Madrid ordena no volver a contratar a ningún profesional que rechace trabajar en el hospital de pandemias

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La puesta en marcha del hospital de pandemias a comienzos de diciembre ha puesto en pie de guerra a los sindicatos. Principalmente, por la decisión de la Consejería de Sanidad de recurrir a los traslados forzosos ante la falta de voluntarios para trabajar en el nuevo centro de pandemias. Esta semana, CCOO Sanidad Madrid ha solicitado a la justicia el cese inmediato de la adscripción directa de los profesionales contratados como refuerzo para la pandemia al considerar que se está llevando a cabo sin seguir el procedimiento reglado de movilidad previsto en el Estatuto Marco o en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Sermas. “No cumple con lo que se estipula en los citados acuerdos y normativas legales y no respeta las opciones que marcan los profesionales”, recoge el sindicato en un comunicado, en el que muestra, una vez más, su rechazo a esta estrategia “bajo presión”. CCOO considera que los traslados forzosos, una decisión “arbitraria, acelerada y opaca” de la Comunidad de Madrid, suponen una “vulneración de derechos” tanto para los profesionales afectados como para los usuarios de los hospitales madrileños, “que están viendo minoradas sus plantillas actuales”.

Prácticamente desde el anuncio de la construcción, los colectivos sanitarios se mostraron en contra del nuevo centro, que este viernes albergaba a medio centenar de pacientes. Primero, por el hecho de que no se fueran a contratar a nuevos profesionales para él. Y, segundo, porque lo consideraban innecesario ante la cantidad de espacios vacíos que había en otros centros de la región y que todavía no estaban dotados de forma adecuada. De hecho, prácticamente todos los hospitales semiprivatizados que puso en marcha Esperanza Aguirre se encuentran en esta situación. Aquellos centros se levantaron con capacidad para albergar hasta 2.200 camas de hospitalización en un plazo de una década. Sin embargo, trece años después disponen de unas 1.801 instaladas. Son 419 menos de las previstas. Entre estas salas completamente olvidadas se encuentra la famosa Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, cuya apertura han exigido por activa y por pasiva los profesionales. 

Fe de errores. En una primera versión, este diario cifró por un error de cálculo la factura del hospital de pandemias en los 115 millones de euros. El fallo se situó en la parte del gasto correspondiente al Instituto de Medicina Legal (IML). Se asignó a este concepto un desembolso de 23 millones, pero esa cantidad incluía también otras inversiones que ya habían sido contabilizadas. Realmente, para el IML se han destinado, según la Comunidad de Madrid, algo más de 5 millones de euros.