La investigación judicial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entra en una nueva fase. Tras un año de causa, la titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha ampliado el círculo más allá del empresario. Y tiene previsto tomar declaración como investigado este martes, tras un primer intento fallido, a Javier Luis Gómez Fidalgo. Él es el fiscalista que representó a Alberto González Amador en la inspección que hizo la Agencia Tributaria. Y como tal, quien presentó en ese procedimiento "alegaciones presuntamente falsas". Pero también es quien figura como administrador único de la sociedad que adquirió el ático de lujo en el centro de Madrid del que disfrutan el empresario y la líder del Ejecutivo regional.
La instructora, que se jubila este mismo verano, acordó la imputación del abogado a comienzos de abril. No lo hizo a petición de la acusación popular –PSOE y Más Madrid–, que ya el pasado verano reclamó la toma de declaración del fiscalista. En este caso, quien lo pidió fue el Ministerio Fiscal. Lo hizo a través de un escrito en el que reclamaba la prórroga de la causa por seis meses más. En ese informe también se exigía que se le citara como "cooperador necesario" de los delitos contra la Hacienda Pública en concurso y del de falsedad en documento mercantil que todavía hoy persiguen a González Amador. La declaración debía haberse desarrollado la pasada semana, pero terminó aplazándose después de que el investigado alegara que no tenía acceso al contenido de la causa.
Gómez Fidalgo se sitúa bajo el foco judicial por el papel jugado ante la inspección fiscal en relación con las empresas de la pareja de Ayuso. Él es quien consta como "representante" de la firma Maxwell Cremona, la sociedad principal de González Amador, "para atender las actuaciones inspectoras". Un procedimiento en el que realizó en "numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas". Para el Ministerio Público, el examen de los escritos presentados por el fiscalista "evidencia que las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado" con ocasión de la inspección, sino la "defensa" ante "autoliquidaciones mendaces" de los ejercicios de 2020 y 2021 "en cuya confección había tenido parte".
El abogado también es "autor y presentador" de las autoliquidaciones del impuesto de sociedades de Masterman&Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" para generar en la primera "bases imponibles negativas" para compensar "en el futuro". Al fin y al cabo, Masterman carecía "de medios personales y materiales necesarios" para realizar dichos servicios, que habrían sido presentados "realmente" por Maxwell.
La pieza separada de la causa se centra, precisamente, en esta "sociedad pantalla". En concreto, en su adquisición. La pareja de la presidenta madrileña se la compró en plena pandemia –entonces se llamaba Círculo de Belleza– a la mujer de Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, por casi medio millón de euros a pesar de que la misma "carecía de valor". La Fiscalía sospecha que este pago esconde una "comisión encubierta" a Camino por la intervención de este a favor de las actividades de González Amador. Algo que niega la pareja de Ayuso, quien dijo en sede judicial que abonó esa cantidad por la red de distribución y acuerdos que tenía la sociedad.
Gómez Fidalgo, sin embargo, no tendrá que dar ninguna explicación sobre esta compra ya que él se encuentra bajo el foco en la pieza principal de la causa, la que se centra en el supuesto fraude fiscal a través de facturas falsas, que la Agencia Tributaria sitúa en 350.951,41 euros. Como investigado, el fiscalista no está obligado a decir la verdad. Ni a responder a todas las partes, por lo que su comparecencia puede circunscribirse solo a las preguntas de su abogado. A comienzos de abril, González Amador declaró por primera vez como investigado en el marco de la pieza separada. Y no respondió a una sola pregunta de la acusación. Solo contestó a la jueza, a la Fiscalía y a su defensa.
El ático
La declaración de González Amador permitirá al fiscal general indagar en las maniobras del entorno de Ayuso
La relación del abogado y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid va mucho más allá de la actividad inspectora. Gómez Fidalgo figura como administrador único de Babia Capital SL, que es precisamente la sociedad propietaria del ático en el centro de Madrid del que disfrutan Díaz Ayuso y González Amador. La compra del inmueble, de más de 150 metros cuadrados, fue formalizada en escritura pública el 21 de julio de 2023. Cuarenta y ocho horas después de que quedase inscrito en el Registro de la Propiedad el piso justamente inferior al ático, este sí, adquirido por la pareja de la presidenta madrileña unos meses antes. Para ello, desembolsó 350.000 euros, lo mismo que defraudó al fisco. Y suscribió una hipoteca de 500.000.
Babia Capital SL, cuyo principal accionista es un empresario de León –ciudad en la que confluyen Fidalgo, el directivo de Quirón Prevención y su mujer–, desembolsó por el ático 950.000 euros, según desveló en su día elDiario.es. Justo ese año, las cuentas de dicha sociedad reflejan un préstamo de 955.000 euros en su epígrafe "otras deudas a largo plazo", si bien se desconoce quién se encuentra detrás del mismo. Habrá que ver si se le intenta preguntar por este asunto durante su declaración como investigado –y, en ese caso, si la jueza lo permite, dado que el inmueble no forma parte de la investigación–. O si es él mismo quien lo pone sobre la mesa.
Así lo hizo González Amador durante su declaración, en la que confirmó por vez primera que disfruta de ese ático con un contrato de alquiler con opción a compra. Un inmueble por el que dijo pagar 5.000 euros mensuales.
La investigación judicial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entra en una nueva fase. Tras un año de causa, la titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha ampliado el círculo más allá del empresario. Y tiene previsto tomar declaración como investigado este martes, tras un primer intento fallido, a Javier Luis Gómez Fidalgo. Él es el fiscalista que representó a Alberto González Amador en la inspección que hizo la Agencia Tributaria. Y como tal, quien presentó en ese procedimiento "alegaciones presuntamente falsas". Pero también es quien figura como administrador único de la sociedad que adquirió el ático de lujo en el centro de Madrid del que disfrutan el empresario y la líder del Ejecutivo regional.