Yak-42

Familias de las víctimas del Yak42 piden una comisión de investigación: "Sufrimos un maltrato continuado por parte del Gobierno"

Imagen de un homenaje a las víctimas del Yak-42.

"Es sólo una más. Nos han hecho de todo, así que no nos extraña". Son las palabras de Rosario Benítez, viuda del comandante José Antonio Fernández, uno de los 62 militares españoles que el 26 de mayo del año 2003 viajaba a bordo del Yak-42. Este lunes, 15 años y dos días después del fatídico accidente, el Gobierno turco comunicó a España que una extremidad inferior de una de las víctimas fue enterrada en la ciudad de Macka, en Turquía, porque no pudo ser identificada. Ocurrió apenas dos meses después del accidente. 

"Ya lo sabíamos. Cuando viajaban familiares a Turquía después del accidente encontraron cuerpos humanos", denuncia Benítez en conversación con infoLibre. De hecho, Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en Defensa en aquel momento, dijo que "había más restos que se habían enterrado en Turquía", recuerda. "Habrá que preguntarle a él, que sabe por qué ocurrió esto", lamenta. Como informó entonces El Periódico de Aragón, la intención de Ugarte fue entonces tranquilizar a los familiares asegurando que había constancia de que algunos restos habían sido enterrados en Turquía. Los definió entonces como "pequeñísimos restos" y "tejidos", pero no aclaró qué se hizo con ellos. Así lo expresó en una carta que dirigió a las familias el 5 de febrero del año 2004, donde dijo, además, que los familiares podían estar "seguros de que todos los restos de sus queridos deudos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea".   

 

"Esto es el culmen a la película de terror que vivimos desde ese maldito 26 de mayo, cuando nos enteramos, también por la prensa, del fallecimiento de nuestros seres queridos", ha expresado un grupo de familiares de los fallecidos a través de un comunicado hecho público este mismo lunes. "Es un maltrato continuado desde el Gobierno de España, sin sensibilidad. Maltrato psicológico e institucional", añaden. E insisten, una vez más, en que se constituya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para poder depurar responsabilidades políticas en lo ocurrido. "Por un bien democrático", aseguran. "Nos unimos a la petición política de una comisión de investigación en el Congreso. Queremos que PSOE, Podemos, Ciudadanos y el resto de la oposición la apoyen urgentemente", han expresado los familiares.

La noticia, además, se ha conocido después de que un familiar de una de las víctimas preguntara al Ministerio de Defensa, dirigido por la conservadora María Dolores de Cospedal, si podía garantizar que no quedaba ningún resto de los fallecidos en suelo turco. La institución, entonces, trasladó la consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, que respondió a la Embajada española en Ankara. Según las autoridades del país, se hizo sin ningún tipo de identificación. Pero además, por otro lado, y también a instancias de los familiares, el Gobierno español obtuvo la confirmación de que tanto las muestras orgánicas de las víctimas como las de los familiares utilizadas para su identificación fueron destruidas, tal y como determina la legislación de aquel país. Por ello, Defensa ha recurrido ahora a la Audiencia Nacional para tratar de verificar si el resto enterrado en julio de 2003 puede ser localizado y adoptar, así, las medidas oportunas de identificación.

"Ahora, tras comunicarlo a la prensa, nos llaman para solicitarnos pruebas de ADN 15 años después... ¿Esto es serio? ¿En qué país vivimos?", critican los familiares. "Esto es un machaque psicológico tremendo", insiste Benítez. 

Después de que el Consejo de Estado responsabilizara a Defensa

Las familias insisten de nuevo en la necesidad de que se constituya una comisión de investigación parlamentaria para poder terminar su "duelo". Y lo hacen más de un año después de que el Consejo de Estado señalara en un informe que el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el conservador Federico Trillo, tenía conocimiento de los riesgos para la seguridad que suponían viajes como el del Yak-42. 

Según el texto del Consejo de Estado, se reconoce la responsabilidad patrimonial de Estado en el accidente del Yak-42, aunque no tendrá consecuencias económicas para las familias de las 62 víctimas, al considerar que las indemnizaciones suponen ya una reparación adecuada. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el documento que también explica que "dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

Pocos días después, María Dolores de Cospedal prometía un "cambio de criterio" del Gobierno sobre el accidente. Y el propio presidente del Gobierno, MarianoRajoy, prometió a las víctimas hace más de un año que obtendrían "satisfacción moral y jurídica". Y, sin embargo, no ha llegado ninguna de las dos. "Nos lo dijeron en 2017, y seguimos esperando", denuncia María Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés. "Esperamos que con la ayuda de los grupos parlamentarios salga adelante nuestra esperada iniciativa", proclama. "Es el momento", insiste Fernández. "No sabemos la verdad, sólo queremos a los responsables de su muerte", coincide Benítez.

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