La ofensiva del Partido Popular contra la regularización de medio millón de migrantes aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros ha viajado este fin de semana desde Madrid hasta Zagreb (Croacia) con parada final en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quería aprovechar la cumbre de los conservadores europeos celebrada durante el viernes y el sábado para lograr una respuesta unitaria del Partido Popular Europeo (PPE) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la "legalización masiva de inmigrantes ilegales", sin una mención explicita a España ni al presidente del Gobierno español.
En esa cumbre, el líder de la oposición solicitó a la Comisión Europea, liderada por la conservadora Ursula Von Der Leyen —presente en el evento—, una respuesta a la decisión de Sánchez. Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo de alertas internas: presión sobre los "servicios públicos", tensión en el "mercado de la vivienda", "problemas de convivencia" y, sobre todo, "efecto llamada".
No hubo, sin embargo, mención alguna por parte del líder del PPE, Manfred Weber, a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en su discurso de clausura. Tampoco en el documento ratificado por el PP europeo, en el que solo se reiteró la apuesta por "una política migratoria legal, ordenada y controlada" porque "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable". Pero sin una alusión específica a ningún Estado ni Gobierno, ya que países como Portugal e Italia llevaron a cabo regularizaciones durante la pandemia.
El PPE también sostuvo en esas conclusiones que sus dirigentes están liderando el trabajo para reducir la inmigración irregular, con una disminución del 35% en los cruces fronterizos de la UE entre julio de 2024 y junio de 2025, y el fortalecimiento de la agencia fronteriza Frontex. Del mismo modo, los conservadores europeos señalaron la renovación demográfica de Europa no solo como una "necesidad económica, sino como una responsabilidad civilizatoria".
Bruselas avisa de que las competencias son del Gobierno español
A ello se le suma que el recorrido europeo que pretendía Alberto Núñez Feijóo se topó con una rápida respuesta de Bruselas, que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la "responsabilidad" para tomar esa decisión. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro en que es el país el que "tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" para "ver si hay necesidad de mano de obra": "Es lo que está haciendo España", dijo.
Asimismo, el responsable del departamento de Interior europeo defendió que no hay contradicción directa con el objetivo de la Unión Europea de reducir la migración irregular, como señala el PP, al estar estas personas dentro del país y por tanto, es "un tema distinto". A la vez, remarcó que la Comisión Europea "no tiene competencias" en estas regularizaciones y que su papel es, como mucho, "preparar el camino" para vías legales que luego implementan los países.
En la UE, según los promotores de la iniciativa en España, se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. El PP alega, sin embargo, que la regularización española va a tener "un número elevado de beneficiarios" con "efectos directos sobre el resto del espacio Schengen" y apoyó en el Parlamento Europeo que se realice un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.
Feijóo insiste en relacionar la medida con la "compra de votantes"
Ayuso insiste en el bulo de Vox y culpa a Sánchez de "manipular" el censo con la regularización a migrantes
El líder del PP volvió a insistir, además, en que la decisión va a tener impacto en el censo electoral, pese a la rectificación de la vicesecretaria Alma Ezcurra. En una entrevista en RNE, la número tres de Génova reconoció que la regularización no afectará en ningún caso a los próximos comicios generales, que deberán celebrarse como tarde en 2027. "Hemos dicho en el medio plazo. En el corto plazo, no", admitió. La también eurodiputada incidió en que hay países latinoamericanos que tienen un convenio con España que les permite participar en las elecciones municipales, pero por norma general se exige residencia legal previa de cinco años. Así, concluyó que en las próximas —también en 2027— "ese censo no va a engordar":"Engordará en las siguientes, cuando se produzcan".
Un matiz que, sin embargo, Feijóo obvió durante su discurso del domingo. "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", dijo el líder de la oposición en Calatayud, donde participó en un mitin de campaña junto al presidente aragonés, Jorge Azcón. El líder del PP está teniendo mucho protagonismo en Aragón, a diferencia de lo ocurrió en Extremadura, y desde allí tachó la medida de "electoralismo para comprar votantes en el futuro". El conservador recurrió, de nuevo, al bulo que inició Vox sobre un supuesto plan de Sánchez para conseguir nuevos votantes pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española.
Los conservadores siguen sin aclarar qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, en línea con lo que defiende Vox y abriendo una brecha con la postura de la Iglesia católica.
La ofensiva del Partido Popular contra la regularización de medio millón de migrantes aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros ha viajado este fin de semana desde Madrid hasta Zagreb (Croacia) con parada final en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quería aprovechar la cumbre de los conservadores europeos celebrada durante el viernes y el sábado para lograr una respuesta unitaria del Partido Popular Europeo (PPE) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la "legalización masiva de inmigrantes ilegales", sin una mención explicita a España ni al presidente del Gobierno español.