El juicio del 'procés'

Filtraciones afirman que el Supremo condenará por sedición a los nueve líderes independentistas en prisión

Imagen tomada de la señal institucional del TS, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras momentos antes de utilizar el turno de última palabra.

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Según han publicado este sábado diversos medios de comunicación y recoge Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenará por delitos de sedición y malversación a los nueve líderes independentistas en prisión que fueron juzgados por el procés independentista en Cataluña.

De este modo, los siete magistrados de forma unánime según las mismas informaciones optan por la calificación jurídica que defendió la Abogacía del Estado. La sedición es un delito contra el orden público que no requiere el uso instrumental de la violencia para conseguir sus fines y está castigado con penas notablemente inferiores a la rebelión.

La sentencia, sin embargo, aún no cuenta con la firma de los siete magistrados que han juzgado este asunto, un trámite que estaba previsto para el próximo lunes. Hasta ese momento cualquiera de los magistrados puede anunciar la presentación de un voto particular, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas

La Abogacía del Estado solicitó 12 años de cárcel para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 para el resto de exconsejeros en prisión, -Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa-; 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y 8 para líderes sociales Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). Según las mismas informaciones, los tres exconsejeros en libertad Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, sobre los que pesaban acusaciones de malversación y desobediencia serán absueltos de el primero de estos delitos, que es el que conlleva penas de prisión, por lo que únicamente serán condenados a inhabilitación y multa por la segunda de las conductas.

La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal y se aplica a quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. Este artículo del Código Penal, recogido en el capítulo de delitos contra el orden público, castiga con penas de prisión de ocho a 10 años a quienes hayan "inducido, sostenido o dirigido" la sedición y con la de 10 a 15 años de prisión a las personas "constituidas en autoridad". Al asumir esta postura, la Abogacía del Estado pidió penas rebajadas casi a la mitad con respecto a las instadas en su día por el Ministerio Público, que llegaban a los 25 años de cárcel en el caso de Junqueras.

El juicio por el proceso independentista en Cataluña quedó visto para sentencia el pasado mes de junio, cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque el 12 de febrero de este mismo año. Desde entonces el tribunal ha estado deliberando y este último fin de semana los magistrados realizan una última lectura del texto, que confían en firmar el próximo lunes.

Durante los cuatro meses de juicio, los siete magistrados del alto tribunal que han juzgado esta causa escucharon, además de a doce acusados, 422 testigos -entre políticos, miembros de fuerzas policiales, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil- y una docena de peritos. También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y el 1 de octubre de 2017 -fecha del referéndum ilegal-, antes de escuchar los informes finales de todas las partes personadas.

Sànchez, Rull y Turull estudian denunciar si la sentencia se ha filtrado

La defensa de los acusados Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull no descarta "interponer la oportuna denuncia ante el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)" si la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista coincide con las presuntas filtraciones que se están publicando en medios de comunicación sobre el contenido del fallo. Fuentes de la defensa han explicado a Europa Press su "total asombro ante la supuesta filtración de la sentencia" de la causa que se sigue contra ellos.

Si ha habido filtración por parte del Supremo, consideran que sería una falta de respeto a los acusados y sus familias y una "flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones regulado en el artículo 233 LOPJ". "Aparentemente se fija el tipo penal de la sedición y el detalle de altísimas penas que superan los 10 años de prisión para algunos de nuestros defendidos", constata la defensa.

Sánchez comparecerá en Moncloa

La inminente sentencia sobre el procés y estas filtraciones conocidas este sábado han sido las protagonistas de los habituales corrillos en la recepción ofrecida por los reyes con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas, ha declinado valorar esta filtración de la sentencia.  Lo que sí ha asegurado es que el Gobierno tiene previsto todos los escenarios ante las reacciones que se puedan producir en Cataluña y ha garantizado que el Gobierno actuará con "firmeza democrática, proporcionalidad y unidad". Asimismo, ha explicado que si hay que tomar medidas hablará con los líderes políticos de otras formaciones.

Con todo, ha pedido cautela hasta ver cuál es esa reacción porque, aunque los grupos independentistas preparan un pleno del Parlament, Sánchez cree que hay que esperar a ver su contenido, especialmente ahora que el Tribunal Constitucional ha apercibido a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana y les ha advertido de posibles responsabilidades penales si no paralizan las iniciativas que sean contrarias a las resoluciones del propio tribunal. A su juicio, desde 2017, todo el mundo ha "aprendido" y el Gobierno ha tomado medidas que entonces no se tomaron, como pedir al TC que aperciba a los miembros de la Mesa. Así, espera que la respuesta de las instituciones catalanas no transgreda la legalidad.

Sánchez ha enmarcado el aumento de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Cataluña en la necesidad de hacer frente al aumento de la inseguridad en Barcelona el pasado verano y ha asegurado que la coordinación policial con los Mossos está siendo muy buena.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de profesión, ha pedido paciencia afirmando que todo lo que se sabe son suposiciones, que no hay sentencia hasta que no esté publicada y notificada y que los encausados tienen que ser los primeros en conocerla. El Estado tiene que hacer pedagogía, ha dicho.

Casado y Rivera no valoran las filtraciones

El presidente del PP, Pablo Casado, no ha querido valorar las filstraciones sobre la sentencia, pero ha expresado su apoyo al Ejecutivo ante la reacción que pueda producirse en Cataluña. Casado, en una conversación informal con periodistas en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, ha recordado que su formación ha expresado "en público y privado" su apoyo al Ejecutivo para "lo que tenga que hacer en Cataluña" y aunque "no es patente de corso", según el dirigente del PP, sabe que cuenta con su respaldo. Eso sí, también quiere que cualquier medida que se tome Sánchez la comparta con el PP.

A su modo de ver, que el PP exprese de antemano ese respaldo a un Gobierno en minoría debe tranquilizar a Sánchez, a diferencia, ha dicho, de la situación que se encontró su antecesor en el Gobierno Mariano Rajoy, que no lo tenía garantizado y tuvo que negociarlo.

Casado cree que, más bien, el PSOE puede encontrarse con resistencia a aplicar medidas en Cataluña por parte de un sector del PSC que no quiera romper con el PSC. También ha opinado que, a la luz de cómo evolucionan las encuestas de las elecciones generales, es posible que el propio PSOE, si ve que para gobernar no le basta el apoyo de Ciudadanos, no quiera romper del todo con los independentistas.

En todo caso, el presidente del PP cree que la sentencia del Tribunal Supremo tendrá el efecto de un "bálsamo" y que, si efectivamente los líderes independentistas son condenados por sedición y malversación, y no por rebelión, es posible que la reacción en las calles de Cataluña no sea tan fuerte como se esperaba.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado valorar estas filtraciones hasta que no se conozca íntegra la sentecia y ha querido darle "ánimo" al juez Manuel Marchena.

Iglesias apuesta por trabajar "desde el diálogo" 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rehusado valorar las primeras informaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo a la espera de que se conozca de forma oficial, pero ha incidido en la necesidad de que se empiecen a tejer cauces que permitan trabajar en la reconciliación "a partir del diálogo" y encontrar una solución a este conflicto. "Hay que esperar. Entiendo la urgencia informativa y las filtraciones, pero valorar una sentencia requiere que la sentencia exista", ha remarcado Iglesias en un entrevista concedida a RNE recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que a partir de ahora todo el mundo deba acatar a la sentencia y empezar a hablar de reconciliación para poner fin a la fractura que existe en la sociedad catalana y entre una parte de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. "A partir de ahora, creo que toca dejar a un lado los discursos del odio, creo que toca hablar a largo plazo, no pensando solamente en la campaña electoral, de reconciliación y de diálogo", ha incidido el líder de Unidas Podemos.

Iglesias ha remarcado que la "solución de gestión democrática" al conflicto en Cataluña "no va a ser satisfactoria para nadie" y todo el mundo va a tener que ceder, al mismo tiempo que ha señalado que en su formación política no tienen "líneas rojas" en este aspecto. Además, ha agregado que lo ocurrido en los últimos años ha demostrado que la judicialización de un conflicto político no trae consigo la solución, sino que son los representantes políticos y de la sociedad civil quienes deben buscar cauces de diálogo que permitan hablar de reconciliación. Iglesias ha incidido en que en este punto "todas las posiciones son legítimas" y ha insistido en que probablemente el acuerdo que se alcance, que seguramente se tendrá que votar por parte de la ciudadanía catalana, no será satisfactorio para todos. "Pero al menos será un acuerdo", ha apostillado.

Preguntado por las movilizaciones que puedan surgir tras publicarse la sentencia del TS, ha remarcado que están protegidas por la Constitución y que el derecho de reunión y de manifestación es "consustancial a la democracia", aunque "lógicamente el límite es la no violencia". En este sentido, ha subrayado que cree que existe un "amplísimo consenso" en la sociedad catalana respecto a que la protesta se va a producir "en los márgenes de la legalidad y sin violencia, y eso siempre es saludable en democracia".

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