El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está ya a las puertas del banquillo después de que el Tribunal Supremo confirmara este martes su procesamiento por supuesta revelación de secretos, a raíz de las filtraciones sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por presunto fraude a Hacienda.
En un auto la Sala de apelación del alto tribunal desestima los recursos interpuestos por la Fiscalía y por el propio García Ortiz contra la decisión del magistrado del Supremo instructor de la causa, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general. La Sala estima que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz.
Sin embargo, ha decidido acordar el archivo de las actuaciones respecto a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación contra ella y al apreciar que en su actuación no hay indicios de la comisión de delito.
Un voto particular
La decisión no ha sido tomada por unanimidad. Uno de los tres magistrados considera, en un voto particular, que debía haberse archivado la causa también para él porque no reveló ningún dato que no se conociese públicamente con anterioridad. Este magistrado, Andrés Palomo del Arco, tuvo que renunciar a la ponencia del auto por el que se ha resuelto el recurso al quedarse en minoría frente a los otros dos miembros del tribunal, Eduardo de Porres, que finalmente ha sido el ponente, y Julián Sánchez Melgar, quien fue fiscal general del Estado entre diciembre de 2017 y junio de 2018.
En su voto particular, de 39 páginas, el magistrado considera que no cabe atribuirle un delito de revelación de secretos derivado de la nota informativa que difundió la Fiscalía porque la misma "obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos". Argumenta que para procesarle por ese delito no basta "una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara, (...), sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria".
Entiende así "que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena". "En esencia, las filtraciones, pues la publicación de la 'nota informativa', sobre cuya autoría efectivamente existe un extenso y clarificador acervo indiciario, incluso probatorio, aisladamente considerada, no constituye comisión delictiva".
Señala al respecto, "más allá de plausibles causas justificativas", que el entorno de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue el que aludió "a la existencia de negociaciones para una conformidad, que en el caso, conlleva al menos, la aceptación de la comisión de dos delitos" por lo que la nota informativa que emitió la Fiscalía "no contiene información indebidamente revelada, ante el previo conocimiento público de los hechos"
Recuerda que en un auto del 5 de marzo de 2025, esta Sala ya "indicaba que cuando se publica la nota, toda la información que contiene la misma, había resultado revelada; inclusive una imagen, del correo de 2 de febrero de 2024 remitida por el Letrado del D. Alberto González Amador, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, con copia a Alonso Fernández, Virma (Fiscal Decana de esa Fiscalía)".
"Es precisamente el referido entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien otorga relevancia pública a Don Alberto González Amador, al asumir su defensa en los medios. Y justifica plenamente la petición de información por parte del Fiscal General del Estado". Acudir, por tanto, "a la publicación de la nota informativa, que por sí sola no habría dado lugar a la apertura de diligencias en esta Sala Segunda, tal como resulta del Auto de admisión de 15 de octubre de 2024, no denota sino un mero intento de reforzamiento argumental, ante la escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración", insiste.
Feijóo exige su dimisión
La oposición no ha tardado en reaccionar exigiendo la dimisión del fiscal general. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "el fiscal general debe dimitir inmediatamente" y ha insistido en que "no puede seguir ni un minuto más". Según el líder conservador, "quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delito".
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En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al afirmar en declaraciones a los periodistas que no cabe otra opción que la dimisión de García Ortiz. "No hay más salida y no hay más puertas que abrir", ha recalcado Muñoz, que ha considerado una "auténtica vergüenza" ver al fiscal general sentado en el banquillo de los acusados. "Esto no pasa en ningún país democrático", ha subrayado.
Sánchez mantiene su apoyo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado por su parte que sigue avalando y apoyando al fiscal general porque cree en su inocencia. Sánchez se ha referido a la situación de García Ortiz en una comparecencia ante los periodistas en el Palacio de Marivent tras el despacho de verano que ha mantenido con el rey.
Al plantearle si cree que es el momento de que el fiscal dimita para preservar la imagen de la institución, Sánchez ha subrayado que el Gobierno respalda la acción del fiscal general del Estado. "Creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España", ha apostillado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está ya a las puertas del banquillo después de que el Tribunal Supremo confirmara este martes su procesamiento por supuesta revelación de secretos, a raíz de las filtraciones sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por presunto fraude a Hacienda.