Una amenaza global

La Fiscalía investiga en Madrid más de 20 denuncias contra residencias de ancianos

Imagen de la Policía Local de Leganés y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una residencia de Leganes.

La sucesión de noticias sobre muertes atribuidas al Covid-19 en residencias de ancianos y la sospecha de una estremecedora falta de medios superior a los déficits del sistema público de salud han derivado ya en una cascada de diligencias abiertas por la Fiscalía madrileña. Al margen de las que hayan llegado directamente a los juzgados, fuentes del ministerio público han confirmado a infoLibre que el número de denuncias que han originado otras tantas diligencias de investigación en la comunidad asciende a más de 20.

Lo anterior, precisan los portavoces consultados, no implica que sean 20 los centros de mayores sometidos a investigación: porque en algún caso, agregan sin ofrecer detalles, pesa más de una denuncia sobre el mismo establecimiento. Todo hace presagiar, avisa no obstante la asociación Defensor del Paciente, que las denuncias seguirán creciendo en los próximos días. Su presidenta, Carmen Flores, que ha presentado ya varias tras leer los testimonios de familiares que inundan desesperados su correo electrónico con quejas por desinformación y por lo que consideran un patrón inaceptable de abandono de residentes contagiados. La primera saltó a los titulares hace menos de 15 días cuando la Fiscalía decidió investigar a la residencia Monte Hermoso tras 17 fallecimientos.

En espera de que la Fiscalía General del Estado aporte cifras globales, resulta imposible hacer estimaciones sobre el mapa de muertes bajo sospecha en residencias de toda España. No obstante, fuentes jurídicas remarcan que mientras esté en vigor el estado de alarma y el confinamiento resulta improbable que las investigaciones avancen con celeridad. Porque, al igual que en los restantes campos, se reserva para las actividades esenciales los más que exiguos medios humanos con que ahora mismo cuenta el ministerio público.

Pero en el caso de Madrid, con unos números confusos que apuntan a una tasa de fallecimientos más alta que la del conjunto de las residencias de mayores distribuidas por todo el país, la identidad de las que están sujetas a diligencias se va conociendo por el goteo de quejas de familiares o del Defensor del Paciente. De momento, ningún dato permite discernir si que haya más muertes en las residencias va directamente ligado al negro protagonismo que le ha tocado en la pandemia a la comunidad madrileña, donde la cifra de fallecidos se eleva ya a 3.392.

La confusión de las cifras sobre los decesos de la franja de edad más vulnerable llega al extremo de que, el jueves, el Gobierno de Madrid difundió un listado que cifra en 1.065 los fallecidos a lo largo de marzo en las 475 residencias de ancianos de la Comunidad. Oficialmente, no vinculó esas muertes al coronavirus. Y detalló que en el mismo mes de 2019 fallecieron 460 internos en las residencias concertadas y de gestión indirecta (200 en la comunidad), pero eso no permite una comparativa fiable: porque los datos sobre el mes de marzo que hoy acaba se refieren a todas las residencias, incluidas las privadas.

Pero fuentes de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid aseguran que lo que el Gobierno regional les transmitió es que el Covid-19 estaba tras buena parte del incremento de muertes registradas este mes de marzo. “No dieron los datos completos. El oscurantismo está siendo la norma y es deliberado”, señalan fuentes de la formación morada.

En línea con esa tesis, trabajadores de una residencia de Las Rozas, con medio millar de plazas, afirmaron este domingo que el cómputo de residentes allí fallecidos en marzo casi triplica los datos oficiales. La Comunidad de Madrid contabilizaba hasta el pasado miércoles 11 muertes en esta residencia, pero la plantilla eleva a 27 los decesos registrados durante el mismo periodo.

A falta de datos oficiales pormenorizados, las últimas denuncias conocidas en Madrid guardan relación con el municipio metropolitano de Leganés. Al final de la semana pasada, la Unidad Militar de Emergencia (UME) localizó los cadáveres de 10 ancianos fallecidos en la residencia de Vitalia, uno de los grandes operadores del sector privado. Y este lunes, el Defensor del Paciente ha urgido a la Fiscalía madrileña a enviar a la UME a otra residencia, esta de la marca Domus VI tras ser alertada por familiares de que se han producido allí 20 muertes. Este periódico no ha podido verificar esa última información.

Desde el punto de vista jurídico, la profusión de diligencias abiertas por la Fiscalía madrileña plantea dos grandes incógnitas: la más inmediata, la de cuántas ha abierto ya el ministerio público en el conjunto de España. Pero el interrogante que requiere mucho más tiempo es el esencial: si las autoridades podrán constatar cómo se estaban aplicando en las residencias investigadas los reglamentos aplicables sobre ratio de profesionales y medidas de atención a los pacientes no solo en situaciones de crisis. O sea, si se estaba cumpliendo la ley.

La semana pasada, y como publicó infoLibre, el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare), Miguel Vázquez, ya lamentó la desproporción entre la gestión pública y la privada de los centros en los que residen personas mayores. A su juicio, el Estado está haciendo "dejación de sus funciones" a través de las comunidades autónomas, que es en quienes recaen estas competencias. "No podemos dejar que la gestión de un derecho esté en manos de la privada. Es como poner a la zorra al cuidado del gallinero", mantiene Vázquez. En este sentido, considera que no puede permitirse que las residencias queden en manos de fondos de inversión. En el caso que conoce, el de Madrid, asegura que los fondos de inversión ofertan más plazas de residencias que la propia Comunidad de Madrid en sus residencias de titularidad pública. Las grandes firmas son tres: DomusVi, Orpea y Vitalia. Los dos primeros grupos son de origen francés.

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