Violencia machista
Los fondos contra la violencia machista siguen un 10% por debajo de 2010 pese a la subida prevista este año
El Gobierno renuncia a recuperar la inversión precrisis en las actuaciones para la prevención integral de las agresiones machistas. El proyecto de Presupuestos presentado en el Congreso recoge una partida de 27,7 millones de euros para luchar contra una lacra que ha supuesto la muerte de 883 mujeres desde 2003, diecinueve de ellas desde el pasado enero. La dotación es un 9,9% superior a la consignada en 2016, pero sigue estando lejos del pico de financiación de 2010, cuando se destinaron 31,1 millones. Un 10,8% más que ahora.
Los fondos para este 2017 se repartirán principalmente en tres ámbitos: siete millones se destinarán a créditos para transferencias a las comunidades autónomas; otros siete se dedicarán a financiar programas de asistencia social en las autonomías, a convenios con la FEMP, y a las ayudas sociales para mujeres que prevé la ley integral aprobada en 2004; y otros diez a dispositivos electrónicos que se emplean como medidas de alejamiento y campañas de información y sensibilización.
Ante uno de los inicios de año más trágicos en asesinatos machistas desde 2008, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el pasado 8 de marzo en la Cámara baja que la violencia ejercida contra las mujeres "es el exponente más cruel de la falta de igualdad". El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, había dicho semanas antes que alcanzar un pacto de Estado contra esta lacra era "una obligación inexcusable".
Y es que existe el consenso de que el de las agresiones machistas es un problema de solución compleja, con muchas aristas, y que precisa un tratamiento multidisciplinar. Esa respuesta integral es precisamente la que están debatiendo los grupos parlamentarios en la subcomisión en la que se estudia en el Congreso la creación de un pacto de Estado contra la violencia género, es decir, una suerte de acuerdo político que garantice el compromiso contra esta lacra a corto y medio plazo.
Las expertas, sin embargo, vienen insistiendo en que es primordial que se asigne un presupuesto al proyecto que se lleve a cabo. Alertan de que sin fondos cualquier acuerdo será un brindis al sol. El Estatuto de la Víctima –que reconoce a las víctimas el derecho a servicios de asistencia de las Administraciones que no siempre están disponibles– es un buen ejemplo de que un proyecto pierde utilidad si no hay fondos para ponerlo en marcha.
Por ejemplo, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial propondrá al Congreso que las víctimas de violencia machista cuenten con la asistencia de un abogado en toda declaración policial y judicial. El objetivo es que tengan asistencia letrada incluso antes de interponer la denuncia. Otras de las propuestas que también requeriría de fondos públicos es la obligatoriedad de que jueces, abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificada una formación específica.
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En esta línea se expresó la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, que afeó al Gobierno que no haya incluido en los Presupuestos ninguna partida presupuestaria para poner en marcha las medidas que se acuerden en el seno del pacto de Estado. A su juicio, los fondos destinados a la lucha contra esta lacra son "insuficientes y muy decepcionantes". También Podemos ha defendido que hay que combatir la violencia machista "con recursos, no solo con palabras".
La renuncia a recuperar la inversión precrisis en las actuaciones para la prevención integral de las agresiones machistas se produce, además, en un momento en que el problema de las agresiones machistas, lejos de remitir, se está agravando especialmente entre los más jóvenes, lo que es más preocupante si cabe.
Tampoco es posible desvincular las agresiones y asesinatos machistas de la situación de desigualdad que sufren las mujeres. A pesar de ello, la asignación para el programa específico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tampoco recupera la inversión previa a los recortes de los últimos años. Se mantendrá este año en 19,7 millones de euros, los mismos fondos que en 2016. Una cifra, sin embargo, que está muy lejos de los 50 millones de euros presupuestados en su pico de financiación, en 2006.