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Mazazo de la ONU al Tribunal Supremo

Garzón, sobre el tribunal que le condenó: "Allá cada cual con su conciencia si es que la tiene"

Pletórico por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que califica de “arbitraria” la condena del Tribunal Supremo que le inhabilitó como juez en 2012 por intervenir las conversaciones de los principales responsables de la trama Gürtel y que exige a España su anulación, Baltasar Garzón sopesa pedir ahora su reingreso en la carrera judicial. En conversación telefónica con infoLibre, el jurista se mantiene a la expectativa hasta conocer qué decisión adopta el Gobierno y cómo reacciona el Tribunal Supremo. “Es inexplicable lo que ocurrió pero ocurrió. Celebro esta decisión”. Aunque la ONU insta a España a reparar el daño infligido a Garzón, el ahora exmagistrado ve complicado cumplir esa parte: “Es muy difícil que se pueda reparar lo que ha ocurrido, pero la decisión de la ONU me da plena satisfacción tanto personal como profesionalmente”.

Sobre el presidente de la Sala Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, figura clave en la investigación que derivó en la sentencia por la que se le inhabilitó 11 años, Garzón declina pronunciarse. A la pregunta de qué cree que pensará hoy el magistrado Marchena tras el dictamen de Naciones Unidas, Garzón responde así: “No me merece la pena hablar de eso, allá cada cual con su conciencia si es que la tiene”. Añade algo más: "Lo que dice el comité es que no tuve un juicio justo y que la sentencia es arbitraria; no tengo nada más que decir respecto al Tribunal Supremo". 

Cuando Garzón fue condenado por Gürtel, llevaba ya casi dos años suspendido por otro caso en el que finalmente fue absuelto: haber investigado los crímenes del franquismo. En 2014, Marchena ascendió a la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Tras su expulsión de la carrera judicial, Garzón pasó a dirigir un bufete cuyo casos más conocidos son el que gira en torno a la defensa del activista y fundador de WikiLeaks Julian Assange y el vinculado al comisario Villarejo, en el que representa a algunos de los principales imputados que trabajaron junto al policía.

El jurista que en 2009 destapó el principal caso de corrupción conocido en España, Gürtel, y sobre el que ya pesa sentencia firme en la pieza principal, cree que la resolución del comité de la ONU “habla por sí misma”: “Me siento muy contento porque a pesar del tiempo que ha tardado [Garzón acudió a la ONU en 2016] se reconoce palmariamente la arbitrariedad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se sostiene que no ha sido imparcial el tribunal dado que hubo magistrados que se tenían que haber abstenido porque tenían la doble condición de instructores y juzgadores, con lo cual era imposible no estar contaminado”. “La alegría mayor –señala al término de la conversación- es que mi madre ha podido ver esto”.

Como subraya Garzón, el dictamen internacional recuerda que España dispone de 180 días para informar a Naciones Unidas de las medidas adoptadas en aplicación del dictamen. En su opinión, más allá del mazazo que el texto asesta al Tribunal Supremo, el texto aprobado por el comité posee un valor sustancial en lo que a su actuación en Gürtel se refiere: dejar constancia de que lo que como juez hizo fue "investigar y no vulnerar ningún derecho". Y remarcar que el Estado debe evitar que lo sucedido en su caso vuelva a repetirse.

En lo que a la legislación se refiere, para Garzón el dictamen incorpora un elemento crucial: "Que por interpretar la ley no se puede castigar a una persona penalmente. Y que todo delito debe estar claramente contemplado y ser previsible". A Garzón le condenó el Supremo con el argumento de que interceptar las comunicaciones de los principales involucrados en Gürtel con sus abogados no era un acto de interpretación legislativa sino de prevaricación. Y ese delito consiste en adoptar una decisión injusta a sabiendas de que lo es.

Por ese motivo, Garzón considera que la ONU ha puesto el acento en un punto crucial: “La falta de previsibilidad de la conducta imputada, la prevaricación. Porque en ningún texto se reconoce que intervenir comunicaciones pudiera ser objeto de una prevaricación. Por interpretar la ley es imposible que se pueda ir a ese delito. Y esa fue la posición del ministerio fiscal, que así lo interpretó”. Como recuerda Garzón, no solo la Fiscalía apoyó la intervención de las comunicaciones de quienes ya en febrero de 2009 ingresaron en prisión tras el estallido del caso Gürtel: también lo hizo el juez que tomó el relevo de Garzón una vez las diligencias pasaron al TSJ de Madrid, Antonio Pedreira. Contra Pedreira, ya fallecido, no hubo ninguna actuación penal.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en marzo de 1976. Garzón presentó su demanda el 31 de enero de 2016 y el dictamen es de julio de este año, aunque ha sido notificado este 25 de julio. El propio Garzón escribió sobre este asunto en mayo en infoLibre [pinchar aquí].

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