Crisis del coronavirus

El Gobierno busca apoyo a un 'mini estado de alarma' y a una reforma que le permita confinar en otoño si hay rebrotes

El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, este miércoles en el Pleno del Congreso.

Quedan pocos días. El próximo miércoles el Gobierno buscará en el Congreso el aval de la mayoría de los grupos a una nueva —y última— prórroga del estado de alarma en el contexto de varios cambios legislativos con los que quiere reservarse la posibilidad de volver al confinamiento si un eventual rebrote de la pandemia obliga a retomar ese camino cuando ya no cuente con el instrumento legal que ha utilizado durante estos meses para restringir los movimientos de la población.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del grupo parlamentario, Adriana Lastra, llevan toda la semana en conversación con dirigentes políticos de la oposición en busca de apoyo a una estrategia en la que ya saben que no van a contar como aliados con el PP de Pablo Casado, la ultraderecha de Vox y los independentistas de Junts y de la CUP. Entre los cuatro —y los partidos satélite de los conservadores, UPN y Foro Asturias— suman 153 votos frente los 167 del bloque más sólido que respaldo al Gobierno: PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2), PRC (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canaria (1) y Teruel Existe (1).

Ciudadanos y Esquerra, por sí solos, no son suficientes para inclinar la balanza a favor del ‘no’ siempre y cuando los grupos abonados a la abstención se mantengan en ella (EH Bildu, BNG y ahora Compromís). Pero si los naranjas y los republicanos votan en contra al mismo tiempo, el bloque del ‘no’ alcanzará la cifra mágica de 176 escaños y no sólo echará por tierra los planes del Ejecutivo sino que dará paso a una situación de incertidumbre jurídica y sanitaria de consecuencias imprevisibles justo cuando la situación de la pandemia empieza a dar señales de estar bajo control.

De ahí que el esfuerzo del Gobierno se dirija a atraer hacia el ‘sí’ a Ciudadanos y a Esquerra, si puede ser de forma simultánea, o bien o al menos llevarles a la abstención. Al mismo tiempo, tratan de amarrar también el respaldo a su hoja de ruta de formaciones como el PNV o Coalición Canaria. Como también buscan el modo de recuperar el respaldo de Compromís, que por sorpresa ha anunciado que dejará de respaldar la prórroga del estado de alarma como había hecho hasta ahora si el Gobierno no accede a negociar el reparto de un fondo de nivelación que corrija la infrafinanciación dela Comunitat Valenciana. Y evitando que otros, como EH Bildu o el BNG, se sientan tentados por el voto en contra.

¿Y que está ofreciendo el Gobierno a estos grupos para que, de forma combinada, faciliten la estrategia contra la pandemia?

Inés Arrimadas la presidenta de Cs, insistió este viernes en su disposición a pactar, aunque esta vez dio a entender su malestar con que el Gobierno quiera también seguir llegando a acuerdos también con los republicanos, algo a lo que el presidente Pedro Sánchez no ha renunciado en ningún momento. “El Gobierno verá si quiere a ERC”, un partido “que nunca da nada gratis”, subrayó obviando que su partido acordó la prórroga de la semana pasada a cambio de determinadas medidas. Eso sí, la líder naranja advirtió de que ella cree que si hay prórroga debe “ser de 15 días y explicando muy bien las condiciones”, no de 30 días, hasta el final de la Fase III, como quiere Sánchez. “Yo no voy a dar más explicaciones que el propio Gobierno y luego los demás decidiremos y nos posicionamos", concluyó en una entrevista emitida por Telecinco.

Con Esquerra continúan los contactos con la intervención de los equipos que negociaron en su día la abstención de los republicanos que resultó clave para la investidura de Sánchez. En este caso la negociación se enmarca en las condiciones impuestas por la dirección de ERC el pasado lunes, entre las que destaca la reanudación de la mesa de diálogo sobre Cataluña, a la que n ponen fecha pero que quieren ver en funcionamiento en el plazo de “semanas”.

ERC quiere también “acabar el mando único” para que el Govern pueda decidir y gestionar la desescalada, aplicar un permiso retribuido para el cuidado de menores y personas dependientes, y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Mesa de diálogo

El Gobierno ya se ha comprometido a reanudar el calendario de reuniones de la mesa de diálogo sobre Cataluña, si bien insisten en que debe demorarse hasta el final de la desescaldada, de manera que no habría ninguna nueva cita hasta el mes de julio. Y trata de convencer a los republicanos de su disposición a hacer posible que las entidades locales puedan hacer uso de su superávit mientras planea cómo contribuir a que las personas con menores o dependientes a su cargo pueden volver al trabajo.

Sobre este punto, la vicepresidenta Calvo ya adelantó esta semana que el Gobierno está “dándole vueltas a algunas salidas y a encontrar recursos absolutamente en todos los sitios y de todas las formas posibles”. Una posibilidad, apuntó en el Senado, es que las comunidades puedan dar otro uso al dinero que dedican a la renta mínima una vez que, el próximo mes de junio, empiece a funcionar el ingreso mínimo vital que el Gobierno se propone aprobar en los próximos días.

Más complicado parece la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el mando único, porque el Gobierno sigue considerando fundamental reservarse esa carta, especialmente en el caso de que un rebrote de la enfermedad, en las próximas semanas o en otoño, cuando ya no esté en vigor el estado de alarma, obligue a volver a poner en marcha medidas de confinamiento total o parcial de la población. Una forma de buscar un acuerdo gira precisamente en torno a ese punto: una reforma legislativa, probablemente de la Ley General de Sanidad, que limite esa capacidad a un brote concreto.

El Gobierno busca en esto “acuerdos básicos” a los que le gustaría incorporar al PP, si bien no tiene muchas esperanzas a la vista del tipo de oposición que están protagonizando los de Casado, muy en línea con la ultraderecha de Vox. La idea es cambiar de forma exprés, antes del mes de julio, la legislación educativa —pensando también en las especiales condiciones que habrá que aplicar para reanudar el curso el año que viene— y sobre todo la sanitaria. “Queremos acabar con la vigencia del estado de alarma, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte del covid-19”, y no verse obligados a volver a invocar el estado de alarma.

Pero para eso, como reconoció Calvo esta semana en el Senado, el Gobierno necesita “un consenso y un acuerdo que, sin merma de las transferencias y el respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas, nos permitan asumir y reaccionar en términos cotidianos ante las emergencias que necesitemos”.

Mientras tanto, y buscando el apoyo de los grupos más reacios al mando único, el Gobierno prepara un decreto en el que pesen aún más “las condiciones de autonomía de la desescalada y los distintos ritmos que lleva cada territorio, incluso con más asimetría de la que hemos visto ahora”. En la prórroga del decreto pretenden “aminorar mucho las condiciones de la alarma del primer decreto y de la prórroga y abundar mucho más en la cogobernanza” para “llegar ordenadamente a la desescalada y, si llega un repunte”, tener la posibilidad de “parar la movilidad y de poder decir de aquí a aquí no se pasa o de aquí a aquí hay contagios”. El Gobierno quiere contar con un “instrumento de reacción”.

Además, según la vicepresidenta, mantener la alarma hasta finales de junio, cuando culmine la desescalada y aunque sea de manera asimétrica, “es más tranquilizador para los ciudadanos y para las empresas: salimos de la alarma cuando empiece el mes de julio, y cuando empiece el mes de julio tendremos algunas reformas sanitarias que nos permitan no tener que volver a la alarma nunca porque todo vaya más o menos como tiene que ir. Justamente por esto queremos hacer estas dos cosas en estos dos meses en el Congreso de los Diputados, y lo hemos hablado con los líderes de los grupos parlamentarios y de sus correspondientes partidos políticos”.

La desescalada del estado de alarma preocupa también al PNV, si bien los nacionalistas vascos ya se dieron por satisfechos con la cogobernanza aprobada la semana pasada. Y tiene el foco puesto en los términos exactos de las reformas legislativas que planea el Gobierno, porque no quieren que el estado de alarma vuelva a ser invocado en los próximos meses si hay un rebrote como el que muchos temen que se puede producir en otoño.

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