El Gobierno cede ante las aseguradoras e incrementa un 41,2% su oferta para salvar Muface
El acuerdo está, ahora, más cerca. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cuarta oferta a las aseguradoras que hasta ahora prestaban servicio a los funcionarios acogidos en Muface y asistidos en el sistema privado. Y lo ha hecho con una jugosa cifra que supera las exigencias de las empresas que han puesto en jaque un sistema que lleva 50 años en pie. En concreto, el Ejecutivo ha puesto ahora encima de la mesa de Adeslas, Asisa y DKV un incremento del 41,2% en las primas que recibían por dar cobertura sanitaria a un millón y medio de empledos públicos. Ellas fueron claras desde el principio: menos de un 40% era un montante difícil de aceptar. Ya lo han conseguido, así que ahora vuelven a tener la pelota sobre su tejado.
Son 330 millones de euros adiciones para 2025, 2026 y 2027, según ha especificado el Ministerio de Tranformación Digital y Función Pública en una nota de prensa. El presupuesto total del contrato asciende por tanto así a 4.808 millones de euros, 1.276 más que el vigente. El siguiente paso ahora es la publicación de los pliegos en el Portal de Contratación, a lo que seguirá la apertura de 25 días de plazo para presentar ofertas. Es decir, lo previsible es que hasta el próximo mes de marzo no haya un desenlace.
Una crisis inédita
Han sido más de 100 días de tira y afloja. El pasado mes de octubre el Gobierno ofreció incrementar en un 14% la cantidad que las tres compañías percibían por dar cobertura a los mutualistas, un porcentaje que fue rápidamente rechazado por todas ellas y que provocó que el Consejo de Ministros lo subiese hasta el 17%. Pero ellas ya eran claras: todo lo que no alcanzase el 40% era insuficiente. Provocaría, argumentaban, unas pérdidas inasumibles. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe).
Así que en noviembre plantaron a Muface y dejaron el concierto desierto. En un terreno desconocido.
El Gobierno tenía entonces dos salidas: o prorrogaba a la fuerza el acuerdo que ya caducaba en 2024 o hacía una nueva oferta. Y eso hizo. Esta vez, del 33,5%. Aun así, Adeslas y DKV se apartaron, dejando todo en manos de Asisa, que nunca llegó a dar una respuesta.
El pasado sábado, a sólo 48 horas de que se cerrase el plazo para presentar ofertas, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública anunció que modificaba las condiciones, atrayendo de nuevo a Adeslas. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", señaló la aseguradora en un comunicado. No trascendió nada más. Hasta ahora.
Los funcionarios, a la huelga
En cualquier caso, y ya en la mañana de este martes, sin conocerse todavía los avances, el sindicato CSIF convocó una huelga para el próximo 13 de febrero. La protesta afecta a más de medio millón de personal funcionario de todo el país en distintos ámbitos: personal docente universitario y no universitario, centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos. Según CSIF, el sindicato de la Policía Nacional Jupol también apoya esta convocatoria, aunque los policías no tengan reconocido el derecho a la huelga.
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Su postura está clara: no permitir bajo ningún concepto que Muface desaparezca. Según lamentaron hace unos días, la organización ya estaba atendiendo a miles de trabajadores públicos que estaban sufriendo "desatención sanitaria".
Las voces críticas, no obstante, también se han escuchado. Y es que muchos defensores de la sanidad pública, e incluso el departamento de Mónica García, abogan por una desaparición progresiva de un sistema que la ministra de Sanidad ha calificado en numerosas ocasiones de "anacrónico", principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.
En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.
