El Gobierno celebra el acuerdo en el CGPJ y pide al PP desbloquear ahora el órgano de los jueces

“El Ejecutivo valora muy positivamente el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial para la renovación del Tribunal Constitucional”. Esta es la idea que se lanzó este martes por la tarde desde La Moncloa tras el pacto alcanzado en el órgano de gobierno de los jueces para nombrar a sus dos magistrados del TC y alumbrar un Alto Tribunal con mayoría progresista a partir de ahora.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, este acuerdo supone que “la Constitución y la democracia prevalecerán”. “Sólo falta el PP por cumplir” la Carta Magna, lamentan a la vez en Moncloa, pidiendo que el partido de Alberto Núñez Feijóo “reflexione” y acuerde la renovación del propio CGPJ (bloqueado por los conservadores desde hace cuatro años).

Tras infructuosas negociaciones internas durante meses, finalmente el Consejo General ha llegado a un acuerdo para nombrar a sus dos candidatos al TC. Y lo ha hecho por unanimidad, con el voto a favor de los sectores conservador y progresista. Los nombres elegidos son César Tolosa y María Luisa Segoviano.

Fuentes del Gobierno subrayaron: “Es lo que esperábamos desde hace meses y a lo que obligaba la ley desde septiembre. Pese al retraso y el bloqueo provocado por el PP, hoy el CGPJ ha cumplido sus obligaciones, la ley y la Constitución”.

De esta manera, ahora el TC (que se renueva por tercios) examinará a los candidatos propuestos por el CGPJ y a los dos del Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez). El Gobierno recuerda: “Con la salida del Constitucional de los magistrados cuyo mandato había caducado, el TC quedará compuesto por siete magistrados de sensibilidad progresista y cuatro de sensibilidad conservadora”.

El Gobierno, añaden las fuentes, desea que el nuevo Tribunal Constitucional “recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas después de las insólitas decisiones adoptadas en las últimas fechas”.

A la espera de la proposición de ley

Lo que no aclara el Ejecutivo es qué pasará ahora con la proposición de ley que van a presentar el PSOE y UP para rebajar las mayorías dentro del CGPJ para futuras elecciones de miembros del Constitucional (de una de tres quintos a una simple). El presidente, antes de que se conociera el pacto, señaló en su comparecencia de balance del año que un acuerdo del Poder Judicial, rebajaría la “urgencia” de aprobarla, pero justificó que sería necesaria ante futuros bloqueos. El siguiente bloque a renovar del TC sería en 2026 (los elegidos en 2017).

También se carga contra desde La Moncloa contra Alberto Núñez Feijóo: “El bloqueo del PP de estos nombramientos, así como de la renovación del CGPJ, es una prueba evidente de que el principal partido de la oposición viene incumpliendo la Constitución y la ley a diario. Los episodios vividos en los últimos días ponen de manifiesto que han sido capaces de tensionar las instituciones democráticas hasta límites insospechados, sin importarles el prestigio del TC y de sus Magistrados”.

“Una vez producidos los nombramientos, el PP debería reflexionar si era necesario llevar hasta el límite el Congreso, el Senado y el Alto Tribunal y dañar el prestigio del TC y de algunos de sus magistrados para, finalmente, no impedir que se cumpla la Constitución y que se renueve el Constitucional”, indicó el Ejecutivo.

Para el Gobierno: “Hoy es un gran día para la democracia española, para sus instituciones y para la Constitución. El PP no podrá nunca imponer su bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia”. “El único que falta por cumplir con la Constitución y la renovación del CGPJ es el PP. El Gobierno desea la normalización de las instituciones de nuestro pais que es por lo que lleva trabajando durante los últimos cuatro años”, puntualizaron fuentes del Ejecutivo.

El PP aprovecha para pedir que el CGPJ bloqueado recupere todas sus competencias

Fuentes del Partido Popular señalaron, tras conocerse el pacto, que “es una buena noticia": “Ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo. Lo mínimo que debería hacer el Ejecutivo es disculparse con todos y cada uno de los vocales a los que ha insultado en las últimas semanas”.

Los populares aprovecharon la situación para pedir que el Gobierno renuncie a sus dos candidatos (Juan Carlos Campo y Laura Díez), algo que le compete por la Constitución española. 

Y fue más lejos incluso, ya que fuentes de Génova 13 exigieron al Gobierno “devolver las competencias hurtadas al CGPJ”. Es decir, que se faculte al órgano de gobierno de los jueces a hacer nombramientos. Los populares quieren así agrandar las funciones de un Consejo que tienen amarrado desde hace cuatro años y que se niegan a renovar porque les beneficia la mayoría conservadora actual.