CRISIS DE SEGURIDAD EN EL GOBIERNO

El Gobierno cree que el espionaje al presidente ya justifica el relevo de la directora del CNI

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.

La pelota está en el tejado del Gobierno. Después de que el independentismo haya exigido la asunción de responsabilidades por el caso Pegasus para seguir sosteniendo la legislatura y de que Pedro Sánchez haya comprometido una reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para buscar una salida a la crisis, todo el mundo espera que el siguiente paso de la Moncloa sea inminente. 

En el propio Ejecutivo se admite que los escenarios que se contemplan tienen que ver con la desclasificación de parte de la documentación generada por el CNI en el caso de los seguimientos a líderes independentistas (incluido el propio Aragonès) y también con posibles ceses, dos opciones que podrían no ser excluyentes entre sí. En el capítulo de los ceses, parece tener los días contados en el cargo la directora del CNI. 

A pesar de ser respaldada explícitamente por la ministra de Defensa, sigue siendo la gran señalada por Moncloa como la máxima responsable de un hecho que el propio Gobierno se encargó de denunciar en público: el espionaje al teléfono del presidente y de la propia Margarita Robles hace ahora justo un año, no detectado por los servicios de inteligencia hasta la semana pasada. 

En Moncloa consideran especialmente grave que la seguridad de Pedro Sánchez se haya visto sometida a ese grado de vulnerabilidad (se calcula que se extrajeron 2,6 gigas de información de su teléfono) poniendo en riesgo a las altas instituciones del Estado sin que el CNI lo impidiese, primero y, lo que consideran aún más preocupante, sin que lo detectase, después. Algo que creen que por sí solo ya justifica la asunción de responsabilidades por parte del cargo operativo de mayor rango en los servicios de inteligencia. 

Es en base a ese espionaje al presidente en lo que sustenta el Gobierno su apuesta por relevar a Paz Esteban y no por los seguimientos llevados a cabo a políticos independentistas y que sí contaban con orden judicial, como es el caso de Pere Aragonès. Algo que aun así se espera que sirva para traer de vuelta a ERC a una actitud pactista que resulta fundamental para la estabilidad parlamentaria de la legislatura y para mantener abierta la vía de diálogo con Cataluña. 

Tampoco nadie se atreve a descartar el escenario de que finalmente acabe siendo la propia Paz Esteban la que presente su dimisión una vez los servicios de inteligencia emitan el informe que deben redactar cuando finalice la investigación interna anunciada. El Gobierno, en todo caso, considera que lo más prudente es esperar al resultado de esos trabajos para tomar decisiones definitivas, aunque aspira acudir a la cita con la Generalitat (aún sin fecha) con algún tipo de concreción sobre la mesa. El objetivo de ese encuentro, exigido por ERC y al que Moncloa ha sido reacia hasta ahora, es que sirva para escenificar la vuelta a la normalidad en la relación entre ambas partes. 

ERC pide más

Sin embargo, ERC no parece que vaya a ponerlo fácil. Empujada constantemente hacia posiciones rupturistas por sus socios de Govern y competidores independentistas, los republicanos libran su propio dilema interno: hacer saltar la legislatura por los aires aún a riesgo de ponerle una alfombra roja a la derecha y de darle la razón a Junts en que la mesa de diálogo era una apuesta fallida, o mantener el rumbo cobrándose algún precio a cambio. Y el precio que piden, de momento, es alto.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, insistió este lunes en que no les vale otra cosa que no sean “responsabilidades políticas”. Los republicanos repiten que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez no volverán a ser de confianza hasta que “como mínimo” no abandone el Ejecutivo la ministra de Defensa, Margarita Robles, no solo por sus posibles responsabilidades sino “por lo que ha dicho”, en referencia a la justificación de espionaje por parte del Estado en casos en los que los servicios de inteligencia, con el amparo de un juez, así lo dictaminen. 

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