El Gobierno ultima el censo de empresas que usaron trabajo esclavo antes de sugerir que lo reparen

El Gobierno se prepara para meterse de lleno en el espinoso asunto del trabajo esclavo durante la dictadura. El Ejecutivo ya está trabajando, como así lo exige la normativa memorialista, en un censo de empresas públicas y privadas que se sirvieron de mano de obra forzada en multitud de edificaciones y obras distribuidas por toda la geografía nacional. La idea es tenerlo culminado próximamente. Y antes de hacerlo público, según sostienen fuentes gubernamentales, sentarse con las compañías para sugerirles posibles mecanismos de reparación de las víctimas. El ejemplo de referencia es la vía alemana.

A diferencia de la norma de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Memoria Democrática pone el foco en la responsabilidad del poder económico en la represión franquista. Lo hace en el artículo 32. En él, se obliga a la Administración General del Estado a impulsar "actuaciones para el reconocimiento y reparación" de las víctimas "que realizaron trabajos forzados". Así, plantea la señalización de zonas relacionadas con esto como lugares de memoria. Y el impulso de "iniciativas" por parte de empresas respecto de las que se constate, a través de un censo, que usaron mano de obra esclava en su beneficio.

La norma, por otro lado, también obliga a la Administración General del Estado a colaborar con el resto de administraciones públicas para confeccionar "un inventario de edificaciones y obras" realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Es el caso, por poner solo un ejemplo, de la carretera de montaña que unió las localidades navarras de Igal y Roncal, en la que estuvieron trabajando más de dos millares de prisioneros.

En "Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente", el historiador José Luis Gutiérrez analiza la maquinaria de "explotación" del "régimen de los vencedores", que proporcionó unos "beneficios" de al menos 800 millones que engrasaron las cuentas de "instituciones franquistas", "jerarcas del régimen" y "empresas privadas" que, en algunos casos, "debieron su espectacular despegue a esta contribución de sangre". En 1939, 70.000 presos estaban a disposición de quien los demandara, cifra que se elevó hasta medio millón a mediados de los cuarenta. "De ellos, más de 100.000 terminaron trabajando", señala el historiador.

Los libros de actas del Patronato Nacional de Redención de Penas por el Trabajo (PNRPT) dan buena cuenta del "carácter sistemático y masivo". Solo entre mayo de 1940 y el mismo mes de 1941, apunta el historiador, se recoge la aprobación de solicitudes que sumaban más de seis millares de penados. Entre los peticionarios de mano de obra presa figuran organismos oficiales –Regiones Devastadas, gobiernos civiles, ayuntamientos o Ministerio del Ejército–, la Iglesia Católica –desde el Obispado de Vich a Niños Desamparados–, instituciones benéficas o un buen puñado de empresas privadas.

Entre quienes se beneficiaron de este sistema, según la relación aportada tanto por este como por otros investigadores, figuran constructoras –Banús, San Román, Construcciones ABC, Dragados y Construcciones o Huarte, entre otras–, metalúrgicas –Babcock & Wilcox, Industrias Egaña Motico o Experiencias Industriales Aranjuez, entre otras–, mineras –Carbones Asturianos o Duro Felguera, entre otras– o ferroviarias –como MZA–. Sólo en 1939, según las investigaciones del historiador Fernando Mendiola, más de cinco millares de prisioneros trabajaron en infraestructuras de esta última empresa.

Algunas de estas empresas conducen, en la actualidad, a auténticos gigantes. Dragados forma parte hoy del grupo ACS. Y Huarte es la H de OHL. El primer nombre aparece vinculado, por ejemplo, a obras en Pantano de Mediano (Huesca). "Es digno mencionar que la empresa Dragados y Construcciones SA, concesionaria de este destacamento, ha llevado quince años utilizando en diferentes obras reclusos trabajadores, lo que indica claramente que los penados cumplieron su compromiso a satisfacción", se recogía en un anuario del PNRPT que recoge el periodista Antonio Maestre en su libro Franquismo SA (Akal, 2019).

En cuanto a la segunda firma, participó, junto con otras como San Román o Banús, en la construcción del Valle de Cuelgamuros, donde también se empleó mano de obra esclava. No son, sin embargo, las únicas compañías en las que se fija la obra. En ella, también se señala a Entrecanales y Távora, que acabaría conformando lo que en la actualidad es Acciona, por utilizar presos del campo de concentración de El Colector en la construcción de un canal en Sevilla para llevar los vertidos lejos de los barrios ricos.

La vía alemana

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Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria, el Gobierno ultima el inventario de empresas públicas y privadas que se sirvieron de trabajo esclavo durante la dictadura. Pero antes de hacerlo público, dicen fuentes gubernamentales, el Ejecutivo tiene previsto reunirse con aquellas incluidas en el censo para sugerir posibles mecanismos de reparación. En este sentido, la redacción de la norma memorialista no es demasiado clara. Solo afirma que se impulsarán "iniciativas" para que este tipo de compañías que usaron trabajos forzados "adopten medidas".

Una de las posibles vías de reparación es la alemana. Allí, se aprobó en el verano del año 2000, con el respaldo de todos los grupos políticos del Bundestag, la creación de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, en alemán), el mecanismo utilizado para indemnizar a aquellos trabajadores explotados durante el Tercer Reich. "Las empresas alemanas que participaron en la injusticia nacionalsocialista tienen una responsabilidad histórica y deben aceptarla", recogía en su preámbulo la ley que la puso en marcha.

Los activos de la fundación ascendieron a 5.200 millones de euros. Una mitad la puso el Gobierno federal. La otra, la industria. Participaron unas 6.500 empresas. Algunas, sucesoras de otras que se aprovecharon de este trabajo esclavo. En la larga lista de donantes figuran, por ejemplo, gigantes de la talla de Mercedes Benz, Bayer, BMW, Adidas, Puma, Hugo Boss, Volkswagen o IBM. Solo en los seis primeros años de vida de la fundación, se pagaron 4.400 millones de euros a más de 1,66 millones de extrabajadores forzados y unos 270 millones de euros a otros grupos de víctimas. Beneficiarios de casi un centenar de países diferentes.