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Justicia

Golpe de gracia a la justicia universal con el rechazo de toda la oposición

El pleno del Congreso de los Diputados vota este martes la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducirá hasta el mínimo las posibilidades de los tribunales españoles para investigar delitos como los crímenes de guerra, las torturas o los crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, la conocida como justicia universal. La iniciativa, propuesta por el PP, cuenta con el rechazo de toda la oposición, así como de multitud de organizaciones internacionales.

La norma que propone el PP impone una fuerte limitación del principio de justicia universal, al endurecer los requisitos que deben cumplirse para que los casos puedan comenzar a investigarse. En este sentido, por ejemplo, con respecto a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra la proposición de ley requiere que el sospechoso sea español o extranjero residente en España. Por su parte, con respecto a la tortura, se requiere que el sospechoso sea un ciudadano español o que la víctima sea española en el momento en que se cometió el delito, así como que el sospechoso esté presente en España.

La tramitación de esta proposición de ley no ha estado exenta de polémica. Por una parte, la iniciativa ha partido del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en lugar de tratarse de un proyecto de ley del Gobierno, un procedimiento muy poco habitual: de hecho, el PP no había presentado ninguna proposición de ley esta legislatura, ya que la iniciativa legislativa suele corresponder al Ejecutivo y no al partido que lo sustenta. ¿El motivo? Ahorrarse trámites. Siendo el grupo parlamentario quien presenta la medida, el Gobierno ha evitado pedir informes al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, un procedimiento que hubiera alargado meses la aprobación de la ley.

Las prisas del Ejecutivo responden a un motivo: los "conflictos diplomáticos" que provoca la justicia universal, a los que ya hizo referencia el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, al ser preguntado por la modificación de la norma. Más en concreto, la causante de esta premura es China, que se ha quejado repetidamente del proceso que se sigue contra su expresidente Jiang Zemin y su ex primer ministro Li Peng –que este mismo lunes ha puesto en busca y captura el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno– por un presunto delito de genocidio contra el pueblo tibetano.

El país asiático ha acusado a España de dar cobijo a "actividades separatistas" tibetanas, y ha hecho hincapié en que España no debería "enviar un mensaje equivocado" a estas supuestas fuerzas secesionistas. Asimismo, China ha exigido a España que impida "que estos incidentes vuelvan a ocurrir", ya que "el tema del Tíbet es de interés central para China y para los sentimientos del pueblo y es extremadamente sensible".

Y dicho y hecho. La nueva ley no sólo limitará la apertura de nuevos casos relacionados con el principio de justicia universal, sino que también incluye una disposición transitoria en la que se dispone que "las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación [...] quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Es decir, que los procedimientos que se encuentran abiertos en este momento –entre los que se encuentra el genocidio tibetano, pero también otros como el asesinato del cámara español José Couso en Irak en 2003– serán archivados, algo que a juicio de los expertos supone una "injerencia" del poder ejecutivo en el judicial.

La norma de 2009 también se aprobó con polémica

La proposición de ley ha suscitado el rechazo unánime de la oposición, que ha alertado de que supone una "clara desprotección de las víctimas", en palabras de la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié. Todos los partidos –a excepción del PP– han confirmado que votarán en contra de la reforma. También lo hará CiU, que hace unos días apoyó a los conservadores al abstenerse en una votación en la Mesa del Congreso sobre una iniciativa del PSOE para que se pidiese un informe al CGPJ acerca de la nueva legislación.

En este sentido, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, se preguntó ayer lunes si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió al presidente estadounidense Barack Obama la limitación de la justicia universal en su reciente visita a la Casa Blanca. "Tal vez Rajoy en su visita a Obama adquirió este compromiso de inmunidad", aventuró Lara, en clara referencia al eventual archivo del caso Couso –en el que están supuestamente implicados varios militares norteamericanos–, que se sobreseería si se aprueba la proposición de ley.

No obstante, esta no es la primera modificación de la justicia universal que se lleva a cabo con polémica. La legislación que se encuentra ahora mismo en vigor se aprobó en el año 2009, cuando PSOE y PP llegaron a un acuerdo para reformar una ley que facultaba a la Justicia española para "conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional" que fueran constitutivos de supuestos delitos de genocidio, terrorismo o piratería, entre otros. El cambio de la ley se produjo poco tiempo después de que la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, pidiese cambios en la legislación a su entonces homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, a causa de la imputación de un exministro de Defensa y seis militares de ese país por un presunto delito contra la humanidad por un ataque en Gaza el 22 de julio de 2002.

Finalmente, en 2009 a la norma se le añadió una acotación: para iniciarse el proceso, los presuntos responsables debían encontrarse en España o tenían que existir víctimas de nacionalidad española. No obstante, también era posible comenzar la investigación si se constataba "algún vínculo de conexión relevante con España", una apostilla final a través de la cual se han iniciado varios de los casos de jurisdicción universal que se instruyen ahora mismo –como la causa abierta contra 13 altos cargos marroquíes por el presunto asesinato y tortura de saharauis durante las décadas de los 70, 80 y 90– y que el PP elimina en su proyecto.

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