El caso Koldo, o Ábalos, o Cerdán, como quiera llamarse, ha impactado de lleno en el PSOE afectando al corazón de la organización y a uno de los ministerios del Gobierno de coalición con Sumar que mayor presupuesto maneja, el de Transportes. A la espera de la evolución de la instrucción que dirige el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, es todavía prematuro tratar de avanzar el daño que en términos electorales causará al partido de Pedro Sánchez. El caso Montoro, relacionado con los supuestos pagos al despacho de asesores que fundó el exministro de Hacienda del PP a cambio de legislar a medida de algunos empresarios, ha levantado el foco de La Moncloa y de Ferraz generando una situación que, según la percepción más extendida entre los analistas, solo beneficia a la formación ultra Vox, el único partido con el que los populares podrían volver al Gobierno en caso de que, en el momento en que se celebren elecciones, se produjera un vuelco. Pero el caso del exministro de Hacienda es solo uno más en el escenario de corrupción generalizada que rodeó al PP durante el mandato de Mariano Rajoy y que terminó llevándose por delante a su Ejecutivo. Muchos de estos casos siguen vivos a día de hoy en los tribunales. Este es el momento procesal en que se encuentran a día de hoy.
'Gürtel' está viva 16 años después
Han pasado más de 16 años desde febrero de 2009, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio luz verde a la Operación Gürtel para desarticular un entramado ligado al PP desde los gobiernos de José María Aznar. La sentencia del juicio a la llamada "Época I" de este dragón de mil cabezas que representa al mayor caso de corrupción que afecta al PP dio lugar a la condena del PP como responsable a título lucrativo y a la constatación de que el propio Rajoy, que tuvo que declarar en el proceso como testigo, faltó a la verdad durante su testimonio. La trascendencia del tal fallo es conocida de todos: una moción de censura que, por primera vez en democracia, supuso en 2018 la destitución del entonces presidente del Gobierno tras el abandono de sus principales socios y su sustitución por Sánchez.
El pasado mayo concluyó el proceso en la Audiencia Nacional de la pieza relativa al pago de comisiones ilegales en pelotazos urbanísticos –el mayor de todos ellos, de 25 millones de euros, lo desembolsó el expresidente del Real Madrid y de la constructora Martinsa– en el municipio madrileño de Arganda del Rey, en el que 18 de los 19 acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para obtener importantes reducciones en sus condenas. Pero todavía permanece viva la pieza principal del caso, cuya instrucción no se cerró hasta marzo de 2020. El juicio, salvo aplazamientos imprevistos, está previsto para noviembre. Entre los acusados se encuentran los principales dirigentes de la trama: su líder, Francisco Correa, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, y varios empresarios y testaferros que participaron en el entramado durante las diferentes épocas de su recorrido. Se les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
'Kitchen': la cúpula de Interior al servicio de los corruptos
Está directamente relacionado con la trama Gürtel. Los mandos políticos y operativos del Ministerio del Interior y la Policía que organizaron el operativo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para sustraerle el material probatorio que tenía contra el partido y evitar que colaborase con la Justicia se sentarán en el banquillo a finales del curso que está a punto de comenzar. El juicio se iniciará el próximo 3 de mayo y entre los principales acusados están el exministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Junto a ellos, tendrán que responder ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional el ex Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, y el comisario y máximo exponente de las cloacas de Estado, José Manuel Villarejo, al igual que los también mandos policiales Bonifacio Díaz, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo. A todos se sumará Sergio Ríos, el chófer del extesorero, que lo espió para la trama policial a cambio de convertirse en un agente del cuerpo.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el PSOE y Podemos (acusación popular) y la familia de Bárcenas (perjudicados) recogen entre su repertorio de delitos los de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, delitos contra la intimidad y obstrucción a la justicia. PSOE, Podemos y la familia del extesorero reclaman además que se les condene también por organización criminal o asociación ilícita. Los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Francisca María Ramis confirmaron a las partes en septiembre de 2024 las pruebas a practicar en el proceso. Entre ellas se han aceptado los testimonios del expresidente Mariano Rajoy, de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, de la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exvicesecretario del partido y exministro de Trabajo Javier Arenas y del exministro del Interior que sustituyó en esa cartera a Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido.
'Policía Patriótica': la 'cloaca' contra Podemos
El uso ilícito de la policía al servicio del partido también se dio en el caso de la guerra sucia contra Podemos. El caso de la Policía Patriótica se encuentra todavía en fase de instrucción en el Juzgado Central 5, que dirige Santiago Pedraz. Se investigan múltiples maniobras ordenadas desde el Ejecutivo a la cúpula policial contra la formación que entonces dirigía Pablo Iglesias. Entre ellas, la confección del informe policial apócrifo PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) para desacreditar al exvicepresidente filtrándolo a la prensa y en el que se aseguraba sin pruebas que Irán había financiado su formación. También están bajo la lupa las negociaciones con ex altos cargos del Gobierno de Venezuela para que declararan contra el partido a cambio de ofrecerles refugio y protección en España.
El último episodio fue la declaración como imputado del inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, también acusado en el caso Kitchen. Al policía retirado se le achaca haberse reunido con los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa en Washington (EE UU) en 2015. Durante el encuentro les enseñó biografías de los principales líderes de Podemos haciéndolas pasar por "fichas policiales", según dijeron los exmandatarios de ese país. Díaz Sevillano se negó a responder al instructor, la Fiscalía y al resto de acusaciones y negó su relación con el caso a preguntas de su abogado. Además de Díaz Sevillano, constan como investigados el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y otros cuatro excomisarios: Fuentes Gago, Gómez Gordo, García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira. El último de ellos, exresponsable de la brigada provincial de Información, confirmó ante el juez la existencia de la orden de investigar a los diputados de la formación morada, aunque aseguró que se negó a hacerlo.
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Mañana, segunda parte.
El caso Koldo, o Ábalos, o Cerdán, como quiera llamarse, ha impactado de lleno en el PSOE afectando al corazón de la organización y a uno de los ministerios del Gobierno de coalición con Sumar que mayor presupuesto maneja, el de Transportes. A la espera de la evolución de la instrucción que dirige el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, es todavía prematuro tratar de avanzar el daño que en términos electorales causará al partido de Pedro Sánchez. El caso Montoro, relacionado con los supuestos pagos al despacho de asesores que fundó el exministro de Hacienda del PP a cambio de legislar a medida de algunos empresarios, ha levantado el foco de La Moncloa y de Ferraz generando una situación que, según la percepción más extendida entre los analistas, solo beneficia a la formación ultra Vox, el único partido con el que los populares podrían volver al Gobierno en caso de que, en el momento en que se celebren elecciones, se produjera un vuelco. Pero el caso del exministro de Hacienda es solo uno más en el escenario de corrupción generalizada que rodeó al PP durante el mandato de Mariano Rajoy y que terminó llevándose por delante a su Ejecutivo. Muchos de estos casos siguen vivos a día de hoy en los tribunales. Este es el momento procesal en que se encuentran a día de hoy.