El exconsejero madrileño Francisco Granados afrontará en enero de 2026 su segundo juicio por el caso Púnica, una macrocausa que estalló en octubre de 2014 con su detención y la de medio centenar de personas, entre ellas varios alcaldes de la región, por presunta corrupción municipal y regional.
Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel.
Su segundo juicio llega más de 11 años después de estallar el caso y más de tres después de que se dictase apertura de juicio contra él y otros trece acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete.
Junto a ellos, varios exalcaldes de localidades madrileñas como Valdemoro, Ciempozuelos, Móstoles o Moraleja de Enmedio se sentarán en el banquillo entre el 19 de enero y el 5 de marzo por la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para los festejos de municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) eleva a 38.
Para David Erguido, el Ministerio Público rebaja su petición a dos años y ocho meses de cárcel, similar a la que pide para otros exalcaldes.
La adjudicación sospechosa de un sinfín de fiestas
La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.
La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.
Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".
Anticorrupción pide siete años para Granados por la presunta caja 'b' del PP de Madrid
Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music.
En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), o en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.
Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.
El exconsejero madrileño Francisco Granados afrontará en enero de 2026 su segundo juicio por el caso Púnica, una macrocausa que estalló en octubre de 2014 con su detención y la de medio centenar de personas, entre ellas varios alcaldes de la región, por presunta corrupción municipal y regional.