Los gurús económicos de Feijóo: un negociador de acuerdos con Vox y un histórico conselleiro y amigo

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de economía. El nuevo presidente del PP parece convencido de que esa es la baza ganadora para su partido, que durante la etapa de Pablo Casado sufrió críticas por la ausencia de un equipo económico identificable, consolidado y con proyección. Feijóo no quiere repetir el error. Y para ello ha promocionado a dos figuras, colocando a una –el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo– en primerísima línea de su dirección y a otra –su propio conselleiro de Economía durante diez años, Francisco Conde– en una posición más discreta.

¿Quiénes son los dos gurús económicos de Feijóo?

Juan Bravo: el consejero "comercial" que admira a Montoro

Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, aupado así por Feijóo al rango de más visible de sus responsables en la materia, no es economista. "Lo que hace Bravo es cuadrar cuentas. Eso es lo que hace. Eso es de lo que sabe, y la verdad es que sabe mucho", resume un funcionario que ha trabajado con él y señala que en Bravo prevalece con mucho la faceta de técnico tributario.

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, que afirma que desea seguir en su cargo tras las próximas elecciones pese a su llegada a Génova, se integra en el equipo de Feijóo con el bagaje de ser uno de los principales promotores de la campaña del "milagro económico andaluz", más que cuestionable con los datos en la mano, y de tres pactos con Vox.

Citado por Moreno como la autoridad económica que le ha aconsejado adelantar las elecciones para tener cuanto antes un nuevo presupuesto, está atrapado en la misma contradicción que el presidente: es un hombre que hace gala de moderación mientras gobierna gracias –en parte– a cesiones a Vox. Los tres acuerdos presupuestarios con el partido de Santiago Abascal (2019, 2020 y 2021), con cesiones sobre inmigración, género o memoria histórica, afectan de lleno al consejero responsable de los presupuestos, que además se ha arremangado para negociar.

Bravo es el consejero que con menos complejos habla de los acuerdos con Vox, con cuyos dirigentes tiene un "trato fantástico". "Nuestro socio preferente es Vox", contó en noviembre ante Federico Jiménez Losantos en Esradio, dando por hecho que el partido de Santiago Abascal puede entrar en el Gobierno andaluz en el futuro. "Posiblemente puedan estar, porque lógicamente los resultados van a estar ahí" [ver aquí a partir del minuto 31,19 segundos]. A su juicio, en realidad, ya son "parte del Gobierno" andaluz, porque este actúa en cumplimiento de acuerdos con Vox. "Yo seria injusto si no reconociese los méritos de Vox con respecto a Andalucía", añadió.

El equipo de Bravo cita entre los principales referentes del consejero al "profesor Barea", es decir, José Barea, director de la oficina presupuestaria del Aznar presidente; a Manuel Pizarro, "por su gestión en Endesa, o sea, no tanto por su breve etapa como diputado (2008-2010); a Cristóbal Montoro, "el ministro que más presupuestos ha elaborado en este país"; a Juan Roig, presidente de Mercadona; y a Marc Vidal, "por su capacidad para trasladar una visión de la economía desde un punto de vista tecnológico y transformador". ¿En qué tradición económica se inscribe? "La economía doméstica, responsable, la que cualquier ciudadano aplica en su casa, con su familia", dice. Sus ideas sobre política económica se resumen así, según su propio equipo: "Libertad, colaboración privado-pública, estabilidad presupuestaria, una administración más eficiente y ágil, I+D+i como palanca de transformación y política del céntimo, porque el dinero público es sagrado".

Mano tendida, pactos con Vox

El ahora consejero estrella de Moreno no fue su primera opción. Bravo llegó a Hacienda en 2019 tras la sorprendente dimisión, unos días después de tomar posesión, de Alberto García Valera, alegando problemas de salud. Aunque se le asignó la etiqueta de excepción casadista en el Gobierno de Moreno –no en vano, Bravo era vicesecretario de Empleo del PP con Casado–, lo cierto es que no es amigo de líos orgánicos. Desde su nombramiento como consejero ha estado volcado en el cargo, algo que ya no puede decir tan alto porque también tiene que sacar tiempo para los documentos económicos de Feijóo y para las negociaciones sobre la posición del PP ante votaciones tan importantes como la del decreto anticrisis. En este caso, tras un cruce de cartas con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y némesis política de Bravo, el PP votó que no. Bravo y Montero mantuvieron una cordial discusión en público, con Bravo todo sonrisas. Así es el consejero. Amable, formal, de buen talante, consciente de dónde está la cámara.

María Jesús Montero ( PSOE) y Juan Bravo (PP) se encuentran tras anunciar el PP su voto negativo al decreto. “¿Me mandarás a Chafarinas?”.... pic.twitter.com/0PeHPeILL0

— Mariela Rubio (@marielarubio) April 28, 2022

A juicio de Antonio Ramírez Arellano, parlamentario y secretario de Economía y Hacienda del PSOE-A, la moderación de Bravo es sobre todo fachada. "Siempre tiene mano tendida, pero siempre pacta con Vox", resume Arellano, que señala que Bravo defendía en público un posible pacto presupuestario con el PSOE mientras el vicepresidente Juan Marín detallaba en una reunión con Cs –de la que se acabó filtrando un audio– por qué no interesaba un presupuesto. Arellano afirma que Bravo estaba junto a Elías Bendodo y Moreno en un doble juego.

Ideas sobre Andalucía y los impuestos

El parlamentario socialista describe a Bravo como "conservador" y volcado en la "propaganda" de Andalucía como "locomotora" del país. PSOE y UP lo han acusado de capitanear un programa fiscal "regresivo", poniendo como ejemplo el decreto de rebaja del tramo autonómico del IRPF, que beneficia más que a ningún grupo a los que ganan más de 120.000 euros.

"Por empobrecer a los ricos no enriquecemos a los pobres. Generalmente, la gente que tiene dinero es porque trabaja mucho o arriesga mucho", declaró en una entrevista a El País Bravo, defensor de poner al capital las máximas facilidades posibles para invertir. Entusiasta de la obra económica aznarista, otra de sus convicciones es que a la gente "le da igual" que le suban el sueldo o le bajen los impuestos, porque le importa la "renta neta" final.

"De lo que sabe, sabe muy bien. ¿Ideas económicas? No tiene. Pero de tributos sabe. Y más importante: lo que no sabe, lo pregunta, lo absorbe y lo traduce bien en discurso político", señala un funcionario con trato directo, que destaca tres características: 1) Ambición política. 2) Falta de complejos para rodearse de gente que sabe más que él. Se ha apoyado en su secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, "que es el que más controla"; en Carlos de la Paz, director general de Fondos Europeos; y en Eduardo León, director general de Presupuestos, "perro viejo". 3) Seriedad en el trabajo. Esta fuente pronostica una total falta de sintonía política entre Bravo y Daniel Lacalle. Ve al consejero mucho más próximo a perfiles como Álvaro Nadal o Fátima Báñez.

De diputado a consejero

Bravo, de 48 años, fue diputado por Ceuta desde 2015 a 2019, responsabilidad para la que lo ayudó a promocionar Juan Jesús Vivas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Tras superar varias oposiciones, empezó a trabajar hace más de veinte años en la Agencia Tributaria, hasta ser delegado de la misma en Ceuta. Tiene vinculación con Jaén, donde a finales de los 90 vivió como jugador de fútbol sala.

Como consejero, ha pisado pocos charcos. Su faceta polémica empezó y acabó con un cuestionamiento del compromiso socialista con el feminismo, incluidas unas alusiones a Victoria Kent y Clara Campoamor que desagradaron tanto a Susana Díaz que le negó el saludo al término de la sesión plenaria. No ha repetido.

Bravo se ha centrado en sus números, que recita sin redondeos, con la cifra concretísima. Puertas adentro, un conocedor de su papel en la Junta lo define como el "míster no" que deben ser todos los titulares de Hacienda, repartiendo negativas a sus compañeros con respaldo del presidente. No se le conocen malas relaciones con ningún consejero. Dos fuentes parlamentarias sí señalan que en ocasiones le ha comido terreno a Rogelio Velasco, el consejero de Economía puesto por Cs.

Un político "comercial"

Bravo se presenta como gestor, pero también es político y sabe venderse. Practica el discurso canónico del PP andaluz desde Javier Arenas, según el cual hay que manejar la hacienda pública como la de una casa. Hace públicos sus gestos de austeridad, como implicarse en que se apague la luz más horas al día en su consejería o repartir céntimos plastificados al resto de consejeros para que tengan presente lo que vale el dinero público. Bravo admira medidas como que los trabajadores de Mercadona dejen el parking a los clientes o que un directivo de una empresa no coja el ascensor para ahorrar electricidad.

Habla rápido y en abundancia. Su discurso se centra en la reivindicación del control del gasto público. "Orden", "equilibrio", "estabilidad", repite Bravo, que presume del contraste entre el triple incumplimiento de la Junta en 2018 –déficit, deuda y regla de gasto– y su superávit en 2020. Dice que su "obligación" como consejero es ser "comercial" para atraer empresas y compradores de inmuebles públicos si salen a subasta. Además, es un adalid de un discurso según el cual Andalucía se ha convertido en una "locomotora" económica, pese a que la evolución del PIB per cápita no dibuja una tendencia de convergencia y sigue siendo la segunda con más tasa de paro.

Francisco Conde: el amigo de Feijóo que negoció el fiasco de Pemex

La política económica de Feijóo en la Xunta lleva la firma de Francisco Conde López, incluso antes de que lo nombrara conselleiro de Economía en 2012. Para entonces llevaba ya tres años como asesor económico del ahora presidente del PP. Francisco Conde es su amigo, además de su mano derecha y persona de máxima confianza.

Prueba de ello es que amplió su consellería en 2015 para concederle las competencias en materia de empleo y en 2020 lo nombró vicepresidente segundo. Ahora que Feijóo ha volado a Madrid, acaba de incluir a su amigo en el comité ejecutivo del PP nacional.

El perfil de Conde, sin embargo, es el de un tecnócrata, no el de un político. Feijóo lo sacó en 2009 de la universidad privada, del CEU San Pablo, donde impartió clases de Estructura Económica primero, llegó después a vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y finalmente fue ascendido a vicerrector de Relaciones Internacionales en 2005.

Es más, para cuando fue nombrado conselleiro, en 2012, Conde aún no tenía el carné del PP. En las autonómicas de 2020 ocupó el segundo lugar de la lista del partido por Lugo –nació en Monforte de Lemos, en 1968–. Pero no es un hombre de partido ni, pese a su cercanía a Feijóo, contó en las quinielas para sucederle al frente de la Xunta. Tampoco él se ha movido para meterse en esa pugna. Ahí es el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien tenía todos los ases.

Contra el Gobierno central

El experto económico de cabecera de Feijóo sigue la línea liberal del PP, pero no es hombre de expresiones altisonantes o de entrar en refriegas políticas de gran voltaje. Irreprochable en las formas, casi gris, tampoco duda en defender la reforma laboral de 2012 y en tachar de “estética” la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la manifestación del Primero de Mayo el año pasado. Eso sí, aunque con mucha menos agresividad que Isabel Díaz Ayuso y el PP madrileño, Conde blande el mismo discurso del agravio permanente infligido por Pedro Sánchez. “El Gobierno penaliza a Galicia con menos recursos públicos”. “Galicia es víctima de una política sorda y ciega que se ejerce desde Madrid, por parte del PSOE y de todos los grupos que lo apoyan”. Las afrentas del Gobierno con Galicia son globales: infraestructuras, financiación, industrias y política de empleo. Ahí coincide con Bravo, habitual en la protesta por el trato del Gobierno central a Andalucía.

Lo mismo si es por el cierre de la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra, por el de Alcoa en Lugo o por el reparto de los fondos de la UE, el conselleiro dirige los dardos hacia Madrid. También por los precios de la energía: “Necesitamos que el Gobierno dé un giro para contener los costes energéticos, porque la rebaja fiscal es un elemento imprescindible para dinamizar el tejido productivo; no puede ser que se dedique sólo a subvencionar a los sectores”, explicaba en una entrevista al periódico Atlántico de Vigo. De esa reacción dependen, según destacó, los 25.000 empleos que genera el sector del automóvil en Galicia, fundamentalmente gracias a la factoría de Stellantis –Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler– en Vigo. Y de un Perte del vehículo eléctrico que tachó de “verdadera chapuza”.

La oposición, en cambio, reparte las culpas mucho más cerca: la Xunta es la responsable de la falta de política industrial, tanto como de la liquidación de las cajas de ahorro o de una población activa menguante.

Una promesa que terminó fatal

Porque Conde fue el hombre de la Xunta en las negociaciones que el Gobierno gallego celebró durante meses con la petrolera estatal mexicana Pemex, un intento de acuerdo que Feijóo promocionó como una “alianza estratégica” destinada a catapultar la industria gallega, pero que terminó en un gran fiasco, entre concursos de acreedores y juicios por corrupción.

Gracias a los contratos con la compañía mexicana, el astillero público Navantia y el privado más grande de España, Hijos de J. Barreras, iban a construir dos floteles –barcos-hotel auxiliares para las plataformas petroleras–, así como 14 remolcadores, mientras Pemex instalaba una terminal de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña y adquiría la mayoría del accionariado del constructor naval vigués. Más de 2,6 millones de horas de trabajo, 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos. “Una de las mejores noticias de economía y empleo de los últimos tiempos”, publicitó la Xunta en 2012.

Pero sólo se construyeron dos barcos, los directivos de Pemex que negociaron con la Xunta terminaron procesados en México por blanqueo de capitales y pago de sobornos, Barreras está en concurso de acreedores desde el mes de enero y ahora es propiedad al 100% de la filial naval de Ritz Carlton. Un juez dilucida en estos momentos a cuál de las tres empresas que han presentado una oferta vende el astillero vigués.

Cajas y datos

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La operación con Pemex se desarrollaba en los mismos meses en que la Xunta buscaba una vía de futuro para Novagalicia Banco también en México. La entidad resultante de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, acabó sin embargo en manos del financiero venezolano Juan Carlos Escotet, que la convirtió en Abanca.

La fusión –una iniciativa que contó con el impulso personal de Feijóo– y liquidación de las cajas gallegas es una de las operaciones más controvertidas de la Xunta. Novagalicia Banco recibió del Estado 9.050 millones de euros públicos para su rescate. En diciembre de 2013, Escotet lo compraba por sólo 1.003 millones. Los 8.000 restantes son dinero público perdido. Desde entonces, Abanca no ha dejado de sumar beneficios. Además, los cuatro gestores de la fusión terminaron imputados y dos de ellos en la cárcel por cobrar 42 millones en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público.

Conde y Feijóo presumen siempre de que el empleo en Galicia aventaja en su recuperación al resto de España. Tras alcanzar su peor momento en 2014, la tasa de paro gallega es del 11%, 2,3 puntos por debajo de la media nacional, según los últimos datos de la EPA. Pero la oposición suele recordar que también mengua la población activa, consecuencia a su vez del descenso de la población general. El número de gallegos entre 16 y 64 años en disposición de trabajar ha caído un 7,87% desde 2009, mientras que la media nacional sólo ha bajado un 0,06% en ese plazo de tiempo. Y es que la población española ha crecido un 2,3% entre 2009 y 2021, pero la gallega se ha reducido un 2,8%, según la EPA. Menos paro, pero también un mercado laboral más pequeño.