La imparcialidad del TC: los magistrados progresistas, más propensos a abstenerse que los conservadores

Hubo que instruir todo un incidente de recusación para que el magistrado conservador José María Macías fuera apartado de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. Pese a que sus compañeros decidieron que su presencia en ese caso y en el resto de recursos sobre la norma era incompatible con la apariencia de imparcialidad del Tribunal Constitucional por haberse pronunciado previamente sobre ella, Macías siguió aferrado al puesto en el resto de recursos y cuestiones planteadas. Hasta que el Pleno acordó que su decisión inicial era válida para el resto de procedimientos. En el caso del presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha bastado que lo recusara una de las partes del recurso de amparo del fiscal Eduardo Esteban contra la anulación de su nombramiento como fiscal de Sala de Menores para que, inmediatamente, se abstenga. De ese y del presentado por la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Abstenciones y recusaciones son más importantes en el Constitucional que en cualquier tribunal ordinario. Porque la salida de un magistrado altera directamente la composición del tribunal de garantías, mientras que en el resto, al que se abstiene o es recusado se le sustituye por otro compañero o compañera. En los casos más señalados por su trascendencia política, la salida de un magistrado puede ser determinante, ya que altera el juego de mayorías y minorías entre los integrantes de la Sala. Un ejemplo de su importancia fue la sentencia del Estatuto de Cataluña, en junio de 2010. Durante la tramitación del caso, el autor del recurso, el PP, recusó a un magistrado progresista. El objetivo fue modificar un tribunal inicialmente propenso a rechazar el recurso para conseguir que lo estimara. Y se logró. Constitucionalistas de distintas universidades han señalado ese incidente como el origen del descrédito institucional que estuvo en la base, años después, del procés, el juicio a sus dirigentes, los indultos, la amnistía...

Evitar situaciones como esa ha sido uno de los objetivos del tribunal desde entonces. El Constitucional ha afinado sus resoluciones para restringir al máximo la posibilidad de que las partes alteren su estructura. Pero, pese a su nueva doctrina, los posibles conflictos de intereses de los magistrados siguen existiendo. Y unos son más propensos que otros a abstenerse ante las posibles mermas en su apariencia de imparcialidad y en la del tribunal que puedan aparecer en un proceso. Un exfiscal general del Estado, un exministro y exdiputado, varios exvocales del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo... Todos los magistrados del órgano de garantías tienen un pasado que puede afectar a lo que deben juzgar, pero no todos tienen la misma facilidad para apreciarlo. Los progresistas y los procedentes de la carrera judicial se apartan con más facilidad para preservar la reputación del órgano.

El contraste entre los casos de Macías y Pumpido es una muestra de ello. El magistrado conservador se ha resistido hasta su expulsión a no formar parte del tribunal que decidirá sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Pese a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado advirtieron de que se había pronunciado oficialmente a favor de la inconstitucionalidad de la norma y había participado en el proceso legislativo que dio lugar a su aprobación (en contra de su criterio), Macías decidió no abstenerse y someter al Constitucional a un doble desgaste. En primer lugar, obligando a sus compañeros a estimar su recusación en la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo. Pero además, ante su negativa a apartarse del resto de recursos -con el mismo objeto, la constitucionalidad de la norma- el Pleno tuvo que extender su criterio al resto de procedimientos. Le apoyó la minoría conservadora que redactó un voto particular sobre la decisión.

El contraste de la actitud de Macías y la del presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, en los recursos contra la anulación de nombramientos de la cúpula fiscal por el Supremo es notable. El fiscal de Sala José Miguel de la Rosa lo ha recusado en el que atañe al nombramiento de su compañero Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, puesto al que De la Rosa también optaba. El fiscal aducía dos razones: en primer lugar que el presidente, cuando fue fiscal general, nombró a Esteban para la fiscalía del TC y como jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. Pero también por el hecho de que el propio De la Rosa, durante el mandato de Conde-Pumpido, fue colaborador directo suyo al formar parte de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

La reacción de Conde-Pumpido, a diferencia de la de Macías, ha sido la de apartarse inmediatamente, no solo de ese recurso de amparo, sino también del presentado por la exministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la anulación de su ascenso a fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Delgado también fue subordinada suya mientras el ahora presidente del Constitucional estuvo al frente del Ministerio Público. Conde-Pumpido, además, la nombró fiscal portavoz en la unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado. A diferencia de en el caso de Esteban, su salida del recurso de Delgado ha sido por decisión propia.

La resistencia numantina de Macías choca también con las decisiones de otros magistrados progresistas. El exministro de Justicia y exdiputado Juan Carlos Campo se ha apartado de todas las causas que tienen que ver con la amnistía por haberse pronunciado previamente sobre la constitucionalidad de la figura durante su etapa al frente del Ministerio de Justicia. También se abstiene en cada caso en el que haya intervenido como diputado o en los procesos que tienen que ver con asuntos parlamentarios, por su relación personal con la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet. La catedrática y magistrada a propuesta del Gobierno Laura Díez se aparta de cada caso que haya pasado previamente por el Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña, del que formó parte.

Apreciar el deber de abstenerse -es una obligación legal para los magistrados según la Ley Orgánica del Poder Judicial- resulta más fácil también para los integrantes del Tribunal Constitucional que proceden de la carrera judicial, según fuentes del Constitucional. El conservador César Tolosa, expresidente y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, por ejemplo, se aparta sistemáticamente de cada recurso del que hubiera tenido conocimiento anteriormente como miembro del alto tribunal (también lo ha hecho en el de Esteban). También lo hizo cuando el Constitucional tuvo que abordar la ley que permitió al CGPJ en funciones nombrar a los dos miembros del tribunal de garantías que le compete designar. Tolosa y la progresista (y expresidenta de la Sala Social del Supremo) María Luisa Segoviano se abstuvieron de la deliberación del recurso al haber sido nombrados para el Constitucional gracias a esa reforma. Macías, abogado de profesión, rechazó sin embargo autoexcluirse pese a haber sido uno de los vocales que votó a favor del nombramiento de sus compañeros.