La sentencia contra los miembros de La Manada, dictada a finales del pasado mes de abril, llenó las calles de rabia e indignación que el movimiento feminista expresó a través de movilizaciones masivas. Este jueves, la Audiencia de Navarra decidió dejar a los cinco condenados en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros. La respuesta feminista ha rebrotado con fuerza ante el dictamen judicial.
El mismo tribunal había rechazado hasta en tres ocasiones la puesta en libertad de los cinco miembros de La Manada, en prisión desde julio de 2016, por percibir riesgo de fuga y reiteración delictiva. Los jueces decretan ahora su puesta en libertad, con dos votos a favor y uno en contra. Cuatro de los miembros, por otro lado, están actualmente inmersos en otro procedimiento por un presunto abuso sexual a una joven en Pozoblanco (Córdoba), ocurrido tan sólo dos meses antes de los acontecimientos en la capital navarra.
Los cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 fueron condenados a nueve años de prisión por delitos de abuso pero no de agresión sexual, que fue descartada al no percibir violencia. Esta decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Pero también por la defensa, que solicitó su absolución al considerar que se trata de un caso de relaciones consentidas.
El dictamen levantó además una ola de indignación que se rearma ahora con la libertad provisional de los condenados. Diversos colectivos feministas de todo el país se apresuraron en convocar movilizaciones poco después de conocer la decisión del tribunal. En Pamplona, las mujeres se movilizaron el mismo jueves –del mismo modo que en Barcelona, Donostia, Bilbao, A Coruña o Salamanca, entre otras localidades–, en el marco de una concentración bajo el lema "nadie va a juzgar nuestra palabra", mientras que en otras ciudades como Madrid la llamada llegará a las calles este viernes al grito de "la justicia les ampara, las feministas respondemos".
La abogada Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, recibe la noticia respecto a la libertad provisional de los cinco condenados con un "total desacuerdo", especialmente "teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y el riesgo evidente para la libertad de las mujeres".
La letrada cree que, además, "no han desaparecido las razones" argumentadas en ocasiones anteriores para rechazar la libertad provisional. "No es coherente que ahora se diga sí cuando antes se dijo no", estima Gonzalo, quien por otro lado subraya que "cuatro de los miembros están siendo investigados por delitos similares". Resulta, asimismo, especialmente "sangrante para las mujeres que se les ponga en libertad a las vísperas de San Fermín, lo que significa que las mujeres serán menos libres en las fiestas".
Ante ello, agrega, la respuesta del movimiento feminista no puede ser otra que manifestar su "desacuerdo, desazón e impotencia ante una justicia con unos aplicadores de la ley que aún mantienen una visión totalmente patriarcal".
La justicia como raíz del problema
Es precisamente en el sistema judicial, sus entresijos y la aplicación de las leyes donde el movimiento feminista sitúa su necesaria reflexión. La abogada Elena Laporta, miembro de la organización Women's Link Worldwide, considera que "sin perjuicio de que les hayan concedido la libertad provisional", que al fin y al cabo es una decisión y un procedimiento legal, "no se puede perder de vista lo más relevante y es que en los casos de violencia sexual el sistema judicial español no está garantizando que las mujeres puedan acceder a la justicia sin discriminación".
La letrada insiste en que no sólo este último y reciente episodio respecto a los cinco miembros de La Manada, sino todo lo que ha rodeado al proceso judicial desde el principio, responde a "un problema de carácter estructural que sólo puede resolverse si se empieza a formar a jueces y todas las personas que intervienen en los procesos judiciales en perspectiva de género y si se eliminan los estereotipos y prejuicios que impiden a las mujeres acceder en condiciones de igualdad".
En ese sentido, añade, "es necesario que se continúe en la línea de las medidas que se han propuesto por el nuevo Gobierno, que se priorice y que se amplíe la formación en género". Sólo de esta forma, estima, "casos como los de La Manada podrán juzgarse con perspectiva de género y respetando los derechos de las mujeres".
Una mirada global
"El movimiento feminista observa lo que ocurre en este y otros juicios como un continuo cuestionamiento de la mujer, frente al amparo hacia los agresores". Habla Patricia Aranguren, activista del movimiento feminista. Para ella, es necesario situar el foco más allá del caso individual y de esta manera analizar el problema en su conjunto, desde una perspectiva global. "Va mucho más allá del caso concreto, es sólo una evidencia más, muy grande y potente, de la justicia patriarcal", sostiene. Suficiente, dice, para salir a las calles.
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La concesión de la libertad provisional para los cinco miembros, añade, no entraña necesariamente un riesgo de reincidencia pero sí es muestra de la inseguridad que sufren las mujeres. "Las mujeres no están en una situación de seguridad, y no es porque ellos en concreto puedan reincidir, sino porque estas dinámicas pueden repetirse" en cualquier momento y por parte de cualquiera. Las mujeres salen a las calles, en definitiva, porque sólo a través de una "justicia feminista se podrá realizar una transformación real".
Con ella coincide Patricia Ponce, miembro de la Plataforma 7N Feminista. "La situación a la que nos enfrentamos tiene que ver con la existencia de una justicia patriarcal", reflexiona. La activista entiende, además, que una primera visión feminista no puede evitar "mirarlo en caliente y con la impotencia de no poder entenderlo", pero la lectura "a posteriori será necesariamente la revisión urgente de un sistema judicial que no funciona".
A corto plazo, continúa, la respuesta tiene que ver con estar en la calle. "Es una respuesta inequívoca, desde la rabia, la impotencia, pero también coordinada ante algo en lo que todas estamos de acuerdo". La sociedad, lamenta, "no es segura para nosotras y la justicia lo ignora". "Si nos quieren en la calle, en la calle nos van a tener", al menos, concluye, hasta llegar a una "revisión y a un cambio importante".
La sentencia contra los miembros de La Manada, dictada a finales del pasado mes de abril, llenó las calles de rabia e indignación que el movimiento feminista expresó a través de movilizaciones masivas. Este jueves, la Audiencia de Navarra decidió dejar a los cinco condenados en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros. La respuesta feminista ha rebrotado con fuerza ante el dictamen judicial.