PSdeG-PSOE

La investigación judicial por corrupción que cerca al líder del PSOE gallego

La investigación judicial por corrupción que cerca al líder del PSOE gallego

Ibon Uría

El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, compareció este jueves para defenderse de los delitos que le imputa la jueza Pilar de Lara. A saber: ilícitos penales contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La magistrada sospecha que el líder de los socialistas gallegos pudo obtener una rebaja en la compra de un piso y una reforma a cambio de dar luz verde definitiva a una operación urbanística. Ante los medios, el dirigente se afanó en desmontar esa tesis y aportó documentos para sostener su versión.

Besteiro, exconcejal de Urbanismo y expresidente de la Diputación de Lugo, calificó sus explicaciones de "striptease económico y financiero" y mantuvo que las pruebas que ha remitido a la jueza De Lara junto con el recurso de su defensa, donde solicita la nulidad de la imputación, "desmontan falsedades". En esa línea, defendió en todo momento su "honorabilidad" y la de su familia y afirmó: "No nos regalaron el piso, lo compramos como todo hijo de vecino". También aprovechó la ocasión para pedir "prontitud" en la respuesta judicial y agregó que "no hay hecho delictivo ninguno, ni siquiera sospechoso".

Esas explicaciones no han satisfecho, sin embargo, a todos los partidos. El presidente autonómico y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió minutos después de la rueda de prensa del socialista que éste explique y "acredite determinadas cuestiones" a la jueza titular del juzgado número 1 de Lugo por "el bien de la política y del Partido Socialista". El líder conservador instó a Besteiro a facilitar la investigación, aunque no se pronunció sobre si el socialista debería o no dimitir.

De momento, el líder del PSdeG y vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ya ha dicho que "nunca" ha pensado en esa posibilidad. El Código Ético de su partido establece que la dimisión de los cargos públicos y orgánicos es obligada ante la apertura de un juicio oral, pero no antes, si bien dirigentes como Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, imputados en la causa de ERE, renunciaron al cargo de diputado en el Congreso después de ser imputados –antes, por tanto, de llegar al límite que marca el citado Código–.

Un piso y una reforma bajo la lupa

Los hechos se remontan diez años atrás. Como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo, Besteiro dio luz verde definitiva a la construcción de la urbanización conocida como O Garañón, compuesta por una serie de edificaciones junto al mayor pulmón verde de la ciudad gallega, el parque Rosalía de Castro. Su levantamiento provocó protestas tiempo atrás y sobre dos de las torres está pendiente de pronunciarse el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que decidirá si se derriban después de que un juzgado de Lugo anulara la licencia.

En diciembre de 2004, Besteiro compró un piso a un constructor. Entregó entonces una señal en efectivo y pagó el resto en mayo de 2005, cuando lo escrituró a su nombre. Seis meses antes del primer pago, el anterior propietario de la vivienda –el constructor Alfonso Quiroga–, había vendido los terrenos en los que se levantó la urbanización a otro constructor, Ricardo Iglesias. Un mes después de la venta definitiva del piso a Besteiro –entonces responsable de Urbanismo–, el Ayuntamiento firmó con Ricardo Iglesias el convenio que permitió el inicio de las obras.

En el auto de imputación, la jueza plantea dudas en torno a varias cuestiones: primero, sobre la reforma del piso, iniciada en 2005 y que se pagó cinco años después. Segundo, sobre la licencia para realizarlos, que se solicitó en nombre del propietario anterior a Besteiro. Y tercero, la magistrada cuestiona si inmueble se vendió por debajo de su precio de mercado y también la procedencia de los fondos que el socialista gallego y su mujer emplearon para pagarlo.

¿Por qué Besteiro no pidió en su nombre la licencia?

En su auto, la jueza De Lara afirma que el 3 de marzo de 2005 fue Alfonso Quiroga, el anterior dueño del piso que compró Besteiro, quien pidió la licencia de obra menor para ejecutar los trabajos. Agrega la magistrada que Quiroga manifestó en su declaración ante la Guardia Civil, en marzo de 2014, que el piso estaba "habitable" en el momento de la venta y que "no recuerda haber tramitado ninguna petición de licencia de obra". 

En su comparecencia este jueves, Besteiro no se refirió a ese permiso. Horas después, una portavoz oficial señaló a infoLibre que la licencia la solicitó el anterior propietario porque Besteiro no fue dueño del piso hasta el 31 de mayo de 2005, cuando abonó la mayor parte del precio y se firmaron las escrituras. "En diciembre [de 2004], Besteiro pagó una señal, pero el piso no era suyo. Y cuando no es tuyo, quien tiene que pedir la licencia es el anterior propietario", indicaron estas fuentes.

De Lara estima en su resolución de 3 de julio, por contra, que "en la fecha de la petición y concesión de obra menor el piso ya era propiedad de José Ramón Gómez Besteiro en virtud del contrato privado de compraventa suscrito en fecha 30 de diciembre de 2004" y que, según los testigos que han declarado en la causa, "el que ordenaba y mostraba interés por la obra era el propio señor Gómez Besteiro".

¿Se autoconcedió ese permiso el líder del PSdeG?

La magistrada también se pronuncia sobre el hecho de que la licencia para obra en la vivienda que Besteiro tenía reservada esté firmada por el propio Besteiro en calidad de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo. Apunta que ello "evidencia" que el dirigente socialista "se habría concedido a sí mismo una licencia de obra para un bien inmueble de su propiedad, a pesar de existir un claro conflicto de intereses" y que se debería haber abstenido en la resolución de ese expediente.

El político socialista no se pronunció sobre este extremo ante los medios en la rueda de prensa ofrecida este jueves. Nuevamente, una portavoz oficial contestó a las preguntas de este diario horas más tarde y aclaró que la concesión de licencias es "un procedimiento administrativo muy tasado y reglado" y que ese permiso se habría aprobado en cualquier caso. "Si la petición se atiene a los requisitos establecidos, hay que dar la licencia", zanjó esta fuente.

¿Por qué la obra no se pagó hasta 2010 y se multiplicó su precio?

El tercer interrogante sobre la reforma de la vivienda se refiere a la fecha en la que Besteiro pagó los trabajos y al importe que abonó. Aunque los trabajos se realizaron en 2005 y el permiso se concedió para una obra de 9.638 euros, el dirigente socialista no abonó la factura correspondiente hasta el 8 de octubre de 2010, según el resguardo de la transferencia que ha aportado a los medios. Ese mismo documento refleja asimismo un importe muy superior al inicialmente previsto: 52.200 euros.

El número uno del PSdeG afirmó ante los medios que "los trabajos de reforma no fueron un regalo" y señaló que el retraso de cinco años se debe a "cosas con las que no se estaba de acuerdo" y a determinadas "deficiencias" en la obra. La jueza considera, en cambio, que "no es habitual que una constructora espere cinco años a cobrar unas obras" y agrega que no le consta ninguna reclamación de la constructora en todo ese tiempo.

Estima, por tanto, que "tales obras podrían haber sido objeto de regalo" por la constructora o que, "en el mejor de los casos", se podría hablar de "trato de favor por parte de Construcciones Pedrouzo al señor Gómez Besteiro" por disculparle el citado retraso de cinco años. Finalmente, la jueza apunta que el importe declarado en la petición de la licencia fue menor al real para pagar menos tasas municipales.

¿De dónde salió el dinero para comprar el piso?

Finalmente, Besteiro aportó numerosa documentación para justificar el origen de los fondos con los que adquirió la vivienda, origen que el auto de la jueza no daba por acreditado. Los 36.000 euros que entregó en efectivo a modo de señal, dijo, provienen de una cuenta vivienda y una cuenta corriente. Los 102.232 restantes, de sus ahorros y de un préstamo hipotecario de 90.000 euros.

La jueza cuestiona también, no obstante, el precio por el que se hizo con la propiedad: 138.232 euros. Un importe inferior, según el auto de De Lara, al valor de "entre 150.000 y 170.000 euros" que tenía en la época una vivienda de esas características.

Ante esas sospechas, el secretario general del PSdeG afirmó que la Xunta de Galicia fiscaliza la tasa de transmisiones patrimoniales que se abona por la compraventa de una vivienda y que, si detecta "que el precio de la vivienda no se ajustaba al precio de mercado", es la administración competente para actuar.

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