Corrupción política

La investigación sobre la venta de pisos de Madrid por el PP a un fondo buitre certifica una red de mentiras e intereses ocultos

Ana Botella en una imagen de 2014, cuando era alcaldesa de Madrid.

La recién cerrada investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la venta de 1.860 pisos al fondo buitre Blackstone en la etapa de Ana Botella no solo ha confirmado el diagnóstico previo de la Cámara de Cuentas regional -que el proceso fue opaco y vulneró las normas- sino que ha documentado la existencia de una monumental red de mentiras e intereses ocultos todavía por desentrañar.

Esa red de mentiras tuvo como gran beneficiario a Blackstone, que para la operación de Madrid utilizó dos empresas españolas -Fidere Vivienda SL y Fidere Gestión Vivienda SL- controladas indirectamente por una compañía de Luxemburgo con estructura de muñeca rusa y que en última instancia figura participada por una miríada de mercantiles. No solo no había pliego de condiciones ni precio de salida sino que las negociaciones comenzaron meses antes de la publicación del anuncio de prensa que oficialmente dio el pistoletazo de salida. A modo de tasación -ni siquiera era tal- la EMVS se guió por un informe encargado a la consultora Price Waterhouse, cuyos representantes han terminado por admitir que asesoraron a Blackstone en el proceso. La oferta de Blackstone no era la más dinero garantizaba a la empresa pública: quedaba 2,5 millones por debajo de la más alta. La operación se vio además encarecida por los 2,4 millones que cobró un intermediario inmobiliario de cuyo trabajo no hay rastro.  

¿Hay alguien relacionado directa o indirectamente con el proceso de venta de aquellas 18 promociones públicas y que posea acciones en alguna de las mercantiles de la complicada trama societaria de Blackstone? A día de hoy, imposible saberlo. De los datos conocidos, ninguno indica que sea así.

Mientras que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya ha pedido información para acometer sus propias pesquisas, el gobierno local, Ahora Madrid, y el PSOE y Ciudadanos sopesan interponer querella o adherirse a la que emprendan los inquilinos afectados por la operación. Los socialistas aseguran también haber decidido ya que llevarán el asunto a la Unión Europea. 

En el polo opuesto y bajo la batuta de Esperanza Aguirre el grupo municipal del PP guarda silencio. El dictamen de la comisión, suscrito por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, concluye que las irregularidades detectadas en la operación Blackstone fueron posibles gracias a la "connivencia" del Gobierno autonómico, en aquel momento ya presidido por el antiguo delfín de Aguirre, Ignacio González. La venta fue posible en los términos llevados a cabo gracias a un cambio legislativo aprobado a última hora -el 18 de julio de 2013- por el Gobierno regional. En virtud de ese cambio, el reglamento que hasta entonces permitía la venta de viviendas sociales solo por "promociones completas" quedó libre de trabas de cualquier tipo. Blackstone no solo adquirió promociones completas de viviendas sino también locales comerciales diseminados cuya enajenación no se preveía.

Tampoco Blackstone habla. Pero ya ha dado un paso que el dictamen de la comisión investigadora califica de "matonismo": comunicar a la presidenta de la asociación de afectados que bajo ningún concepto le renovará el contrato de alquiler. Y que en octubre debe desalojar el piso donde reside con su familia desde hace 10 años. Nadie del PP y nadie de Blackstone accedió a declarar ante la comisión de investigación.

En espera de una acción judicial que nadie da por segura y que eventualmente permitiese llegar al fondo del asunto, el bisturí municipal ha dejado al aire no solo mentiras de gran calado -como la que afecta al inicio real de las negociaciones para la venta de las viviendas- sino también varias incógnitas de gravedad.

La primera mentira

La primera y más importante incógnita es la de por qué la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), cuya pésima situación económica fue el argumento oficial para vender en bloque aquellas 18 promociones, eligió una oferta que le prometía 2,5 millones de euros menos que la más alta de la tabla: 127,5 millones  ofrecía Blackstone frente a los 130 del fondo americano Harbor, especializado en la gestión de parques de vivienda social. Finalmente, y según la EMVS, Blackstone pagó 128,5 millones.

El informe de la EMVS que justificó la elección de Blackstone aducía que la oferta de Blackstone era firme mientras que la de Harbor estaba sujeta a la aprobación final de su comité de inversión. Los papeles de la comisión demuestran que eso es falso. Y que la oferta de Harbor ascendía a "130 millones de euros incondicionados". La de Blackstone, a los 127,5 ya referidos.

El dictamen de la comisión investigadora cifra en 162 millones el "perjuicio patrimonial" que la operación causó a la EMVS. Esa cifra es la diferencia entre el valor que el Ayuntamiento asigna a los activos vendidos a Blackstone y el precio recibido.

Un "error" inexplicado

Otro de los grandes interrogantes de la operación afecta a un periodo de solo tres días: los transcurridos entre el 3 de junio de 2013 y el 6 de junio de ese mismo año. En la primera de esas dos fechas, el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, llamó a uno de los fondos que pujaban por las viviendas, el americano Harbor, para comunicarle que su oferta -la más alta- había ganado. A los tres días, Oslé envió una carta a Harbor en la que ahora anunciaba que se había producido "un error" y que el proceso de selección seguía abierto. Dos semanas más tarde, el 20 de junio, la EMVS emitió un informe que inclinó la balanza en favor de Blackstone. 

No es el único punto que coloca en una situación difícil al entonces consejero delegado la EMVS, Fermín Oslé. Los papeles con los que ha trabajado la comisión municipal le ponen también en apuros por la versión que en abril de 2013, cuando la operación venta aún no se había cerrado, ofreció a los concejales que conforman la comisión de Urbanismo y Vivienda. El acta de aquella sesión detalla cómo Oslé dijo esto: “[...] No hay ningún tipo de operación. Evidentemente hay interés por determinadas empresas [...] y se han dirigido a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo para valorar y estudiar el patrimonio de la empresa municipal, pero de momento no hay ninguna operación, no hay ningún procedimiento, no hay absolutamente nada”. Los documentos prueban ahora que sí había una negociación abierta. Pero Oslé, que ahora trabaja como directivo para el Grupo Velasco, dedicado a obras, servicios y medio ambiente y con adjudicaciones en el sector público, no sabía entonces que el cambio de gobierno tras las elecciones de 2015 permitiría al nuevo equipo de Ahora Madrid bucear en el expediente administrativo. El exconsejero delegado de la EMVS fue uno de los cargos del antiguo equipo del PP que se negó a comparecer ante la comisión investigadora.

Desde luego, y en contra de lo dicho por Oslé, esa negociación ya existía cuando la EMVS publicó su anuncio de prensa. Y como destapan los documentos aportados al Ayuntamiento de Madrid por otro de los fondos que aspiraban a comprar los 1.860 pisos -el ya mencionado Harbor Group- y cuya oferta fue descartada pese a tratarse de la más alta, esa negociación tuvo un beneficiario directo: Blackstone.

Son los documentos aportados por Harbor los que corroboran lo ya enunciado sobre la llamada y la posterior carta a Harbor: que, el 3 de junio de 2013, el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, le comunicó por teléfono que su oferta, de 130 millones, había resultado ganadora. Tres días más tarde, Oslé envió una carta al directivo que en EEUU llevaba el timón de la operación para Harbor. Y esa carta empezaba así: "Después de la llamada realizada el pasado martes, hemos detectado un error y por consiguiente el proceso aún no se ha cerrado".

¿En qué consistía aquel error? ¿Por qué dos semanas más tarde la EMVS había decidido adjudicar las viviendas a Blackstone pese a que su oferta era inferior a la de Harbor, que se comprometía además a crear un mecanismo para que los inquilinos no perdieran la vivienda en caso de emergencia sobrevenida? O sea, en caso -por ejemplo- de pérdida de empleo. Nunca se ha sabido. La EMVS denegó a Harbor el acceso al expediente. Y jamás accedió a revelar qué tipo de equivocación explica que el máximo responsable de una empresa pública llame a una empresa para anunciarle que ha ganado y tres días más tarde se retracte de lo dicho. El equipo de gobierno de Ana Botella, al que acudió Harbor una vez descubierto el pastel, tampoco dio explicaciones.

El "intermediario" también se negó a comparecer

Cuando compareció en la comisión de investigación, el socio español de Harbor, Carlos García, apuntó a otro de los misterios irresueltos: el de que para qué necesitaba la EMVS un intermediario financiero -el que cobró 2,4 millones- para vender unas promociones de viviendas cuyo nombre había comenzado a pasear la empresa municipal madrileña por las ferias inmobiliarias ya en 2012 a la caza de comprador.

A día de hoy nadie sabe qué hizo ese intermediario, la UTE Ítaca-Creaziona, capitaneada por un arquitecto -Guillermo Barturen- que en el perfil profesional entregado a la EMVS se presentó como antiguo socio y directivo de la consultora Aguirre Newman. 

Pero, con todo, el expediente administrativo dejó un rastro documental que pone en evidencia los pagos -hubo dos facturas- a Ítaca-Creaziona: Magic Real Estate Sl, la firma que se presentó al proceso como representante de Blackstone en España, lanzó oficialmente su primera oferta el 17 de mayo "a la luz del anuncio" que la EMVS había publicado dos semanas antes en el diario El País. Pero si la UTE Ítaca-Creaziona cobró los 2,4 millones ya referidos en concepto de intermediación inmobiliaria fue precisamente bajo el argumento de que ya había puesto en contacto a Blackstone con la EMVS... el 18 de febrero de ese año. Y de que a raíz de aquella cita -sostenía la UTE en una carta fechada el 4 de abril- Blackstone ya había efectuado "una oferta": ni hay rastro de aquella reunión ni de aquella pretendida oferta. En resumen, el único dato que justifica por qué una empresa municipal, la EMVS, al borde de la quiebra pagó 2,4 millones a un "intermediario" inmobiliario es la carta que ese intermediario le hizo llegar a la EMVS para garantizarse el cobro.

La discordancia de fechas entre la versión de Magic y la de Ítaca resulta evidente. Pero, aun así, nadie ha explicado por qué si la EMVS consideraba que podía vender aquellos pisos como si se tratara de un ente estrictamente privado -esa es la tesis que defendió el anterior equipo gestor, el del PP, ante la Cámara de Cuentas- necesitaba entonces ocultar la existencia de una negociación previa a la publicación de ningún anuncio.

Y nadie ha explicado para qué necesitaba la EMVS un intermediario. Ni de qué forma ni cuándo avisó a ese intermediario y a otros cuatro que finalmente no cobraron nada de que el elenco de bienes sujetos a venta se había ampliado a las 18 promociones que terminó comprando Blackstone: ni un solo papel acredita que el listado original de activos en venta -solares- fuese sustituido por el de los 1.860 pisos. En mayo, portavoces de la filial inmobiliaria de BNP Paribas que había logrado otro de los contratos de intermediación aseguraron a infoLibre que en ese listado jamás figuraron esos 1.860 pisos. Al final, la comisión investigadora tampoco logró que nadie del banco francés declarase ante el ayuntamiento.

Price Waterhouse, juez y parte

Uno de los aspectos más sorprendentes del proceso, y que también habría pasado inadvertido u oculto en un cajón si el relevo municipal no hubiese desencadenado la apertura de una investigación, fue el papel jugado por la consultora Price Waterhouse. Aunque el equipo de Botella en la EMVS siempre ha sostenido que no estaba atada a los procedimientos de adjudicación que obligan a las administraciones públicas porque se rige por el derecho privado, la empresa municipal utilizó como coartada un informe encargado a Price Waterhouse.

Ese informe, que no obra en el expediente y del que solo se ha localizado un borrador, sirvió a modo de tasación, aunque en ningún caso Price posee el rango de tasador oficial. El entonces director jurídico de la EMVS, Rafael Requena, afirmó ante la comisión de investigación esto: "Se utilizó la valoración que venía en el informe de Price porque se consideró que era una valoración adecuada". Pero el representante de Price, Manuel Márquez, aumentó el grado de perplejidad de los miembros de la comisión cuando en su turno de comparecencia afirmó esto otro: "No hemos asesorado a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en el proceso de venta de ninguna promoción inmobiliaria ni hemos evaluado ofertas (...) ni hemos valorado activo alguno. (...) No hemos efectuado ninguna tasación".

Blackstone, una red tupida y cambiante

Cuando la comisión municipal de investigación, creada en junio, aún no había arrancado el equipo de Ahora Madrid llevaba ya meses tratando de encontrar el hilo que condujera a la salida del laberíntico expediente construido en tiempos de Ana Botella. Pero ese no es el único laberinto. También lo es en sí mismo Blackstone, un gigantesco fondo de inversión -el mayor del mundo- que opera en múltiples países creando subsidiarias cuyo accionariado real resulta en la práctica imposible de conocer. Para la operación de Madrid, Blackstone utilizó dos filiales locales -Fidere Vivienda SL y Fidere Gestión SL- que de forma indirecta comparten accionista único: la sociedad luxemburguesa Tethys Investment Sarl.

Cuando la adjudicación ya había recaído sobre Blackstone, Tethys depositó como garantía para la EMVS 10 millones. Y aportó una escritura notarial donde, en cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo, hacía constar que en su accionariado "no hay personas que ostenten la propiedad o el control de un porcentaje igual o superior al 25% del capital social" de la compañía.

Como sucede en buena parte de las Sarl (una especie de sociedades limitadas) de Luxemburgo, país central de la UE que en la práctica funciona como un paraíso fiscal, el capital social de Tethys Investment ascendía en 2013 solo a 12.500 euros. Pero lo relevante no es el capital social sino la inversión que pueda acometer el fondo. Y esa es elevadísima. Ostentar no ya un 24,9% del capital sino un porcentaje mínimo conferiría a su propietario un destacado poder empresarial. Quiénes ostentan acciones en el puzzle de compañías que en última instancia se reparten los títulos de otra sociedad luxemburguesa que figura como accionista única de Tethys Investment Sarl, ese es otro de los grandes misterios sin resolver. Desde 2013 hasta ahora, sus acciones han sido objeto de distintas cesiones entre sociedades.

 

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