Las actividades del presidente

IU pregunta al Gobierno si Rajoy siguió cobrando como registrador mientras era ministro de Aznar

Las 17 preguntas sobre el 'caso Bárcenas' que Rajoy no ha contestado

El silencio del Gobierno sobre las circunstancias en que Mariano Rajoy ejerció como registrador de la propiedad mientras ocupaba sucesivos cargos públicos ha encontrado una nueva respuesta en la oposición. Ayer, Izquierda Unida presentó en el Congreso una amplia batería de preguntas entre las que figura una que busca respuesta clara  l interrogante de si Rajoy percibió alguna cantidad como registrador en 1990-1998. Es decir, durante el periodo comprendido entre el momento en que obtuvo su definitivo pase a servicios especiales y aquel en que el Reglamento Hipotecario, el aplicable a los registradores, prohibió ya taxativamente y sin los ambages anteriores que quienes accedan a un cargo público puedan seguir cobrando un solo euro de su registro. Aunque operan como profesionales en régimen de monopolio, los registradores son funcionarios.

En las elecciones de octubre de 1989, Rajoy consiguió un escaño al Congreso que ya nunca ha perdido. En 1996 se incorporó al primer Gobierno de José María Aznar como titular de Administraciones Públicas. El firmante de la iniciativa, Gaspar Llamazares, sostiene que esos dos cuatrienios permanecen bajo la “larga sombra” que rodea la “doble carrera” de Rajoy como registrador y político. La exposición de motivos del bloque de preguntas lo expresa así: “Hasta ahora sabemos que un Gobierno del qué él [Rajoy] formaba parte, en 2001, escondió en un archivo de seguridad el expediente que registraba su historial; y sabemos que cobró como político y como registrador a un tiempo mientras la ley se lo permitió”.

Como desveló infoLibre, el expediente de Rajoy fue trasladado en 2001 por orden de la entonces directora general de Registros y no regresó a los despachos del Servicio de Registradores hasta que el PSOE descubrió en 2004 lo sucedido.

Es en ese expediente donde consta que el presidente se acogió a la norma legal que le permitía cobrar como registrador y como cargo público.Entre 1981 y 1985 compatibilizó ingresos dobles: como registrador con aquellos otros que le fueron reportando sus sucesivos cargos públicos: diputado en el Parlamento gallego, luego director general de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. 

Ese último cargo, el de la disputada corporación provincial pontevedresa, es el que le llevó a pedir en noviembre de 1985 su pase a  servicios especiales, una variante de excedencia exclusiva para los funcionarios.

Pidió servicios especiales, no obstante, con 15 meses de retraso.En agosto de 1984, se había aprobado ya la Ley de Reforma de la Función Pública, cuyo artículo 29 ya preveía la figura de servicios especiales y prohibía la doble percepción como cargo público y como funcionario . Ahora, Llamazares insta al Gobierno a confirmar cuánto cobró de los registros por los que fue pasando entre 1981 y 1985  -el coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y uno en la alicantina Elche- y le requiere que explique cómo “justifica” la doble cobranza del presidente.

Pero, sin duda, la almendra de esta batería de preguntas parlamentarias se localiza en el lapso de tiempo transcurrido entre marzo de 1990, cuando Rajoy pasó a servicios especiales, y septiembre de 1998. Llamazares ya planteó en febrero una pregunta sobre las retribuciones de Rajoy entre 1990 y 1998. Pero la respuesta del Gobierno fue de nuevo inconcreta. El Ejecutivo contestó invocando, sin citar la fecha, un cambio legal que no se aprobó justamente hasta septiembre de 1998, con lo que en la práctica dejaba un vacío de siete años y medio en su respuesta.

La reforma incorporó al Reglamento Hipotecario un nuevo artículo, el 552, que anulaba, ya sí de forma inequívoca, la prerrogativa que hasta entonces contenía el Reglamento Hipotecario. Plasmado en el artículo 541 del Reglamento, ese privilegio confería a los registradores con cargo público la opción de repartirse los ingresos de su registro con el sustituto encargado de su llevanza. Había una segunda opción: pedir lisa y llanamente la excedencia y permitir así que la plaza saliera a concurso. Desde que en 1987 aterrizó en el registro de Santa Pola, Rajoy ha ocupado cargos públicos de forma ininterrumpida salvo en el paréntesis 1987-1989. Nunca ha solicitado la excedencia pese a que su trayectoria vital muestra que la principal vinculación de Rajoy con Santa Pola es la amistad que le une a quien desde marzo de 1990, hace 23 años, es su sustituto en ese registro, Francisco Riquelme.

El Ejecutivo prescinde del calendario

Riquelme asumió la gestión del registro de Santa Pola en marzo de 1990 a propuesta de Rajoy, que pasó a servicios especiales. Pero, al explicar ese episodio en su respuesta a la pregunta formulada por Llamazares en febrero, el Gobierno se comió de un bocado nada menos que los ocho años de limbo y contradicciones legales que transcurrieron hasta que en 1998 se produjo la reforma del Reglamento Hipotecario.

En marzo de 1990, dice aquella respuesta, la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia nombró un registrador accidental, “al que corresponden, de acuerdo con la normativa hipotecaria, la totalidad de los beneficios que se devenguen”. El entrecomillado pertenece a la respuesta del Gobierno a la pregunta formulada por Llamazares en febrero.

Pero su afirmación solo es netamente válida para los años que siguieron a la reforma de 1998. Hasta la publicación del reglamento modificado, el 2 de septiembre de 1998 , caben al menos dudas sobre si se mantuvo la distribución de beneficios entre el titular y el interino. Expertos consultados por este diario sostienen que, en caso de dilema entre la legislación general sobre incompatibilidades y la específica sobre registradores, prima la específica.  

A modo de apostilla tajante, el Ejecutivo concluyó entonces su respuesta escrita reprendiendo a Llamazares por insistir sobre el asunto: “Como ya se informó a su señoría en anterior pregunta, el registrador titular que se encuentra en excedencia por servicios especiales no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así sucede”.

El uso del presente como tiempo verbal en la respuesta del Gobierno deja otro rastro de duda. Porque, en efecto, ya en agosto de 1984 entró en vigor la nueva ley de función pública que en su artículo 29 prohibía a los funcionarios en servicios especiales cobrar remuneración alguna de la plaza que habían aparcado para asumir un cargo público.

Pero lo cierto es que el Reglamento Hipotecario, con rango de legislación específica, no se modificó hasta 14 años más tarde. Qué ocurrió en aquel largo intervalo en el que convivieron normas legales contradictorias sigue siendo un misterio que tanto PSOE como IU se proponen resolver.

El PSOE la semana pasada al Congreso una petición formal para que el Gobierno aporte el expediente completo de Mariano Rajoy como registrador.

Ahora, IU hurga en la llaga y acaba de solicitar también una parte del expediente: la relativa al bienio 1987-1989, el primer y único periodo desde 1981 y hasta ahora en que Rajoy no ostentó ningún cargo público y se dedicó oficialmente a gestionar el registro de Santa Pola.

Rajoy , entonces con una agitada vida orgánica en la organización gallega de la extinta Alianza Popular, nunca residió en el municipio alicantino. Además de reclamar el expediente de Rajoy, IU plantea una pregunta específica sobre el bienio 1987-1989: Llamazares quiere que el Gobierno valore el siguiente hecho: que el presidente “haya incumplido” el artículo del Reglamento Hipotecario que le imponía residir en la ciudad donde tuviese su sede el registro. Es decir, en Santa Pola.

El PSOE reclama al Gobierno el expediente completo de Rajoy como registrador

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