La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.
La nota se distribuyó después de que varios medios, entre ellos infoLibre, hubieran publicado informaciones en las que se aseguraba que el amparo a la jueza de violencia granadina –que se inhibió de decidir sobre si debía enviar o no al hijo menor de Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, investigado por maltrato– no se otorgaba únicamente frente a unas declaraciones del abogado de esta que la señalaban directamente. También, según se deduce de su literalidad, frente a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego, además de otros exmiembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias (Podemos), la eurodiputada de esa misma formación y exministra Irene Montero y la magistrada y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. El comunicado obligó a este medio a rectificar su versión inicial en el sentido del texto de la nota, procedente de fuentes oficiales del Consejo y así se recogió en la propia información.
Sin embargo, el contenido de la nota en realidad no refleja lo que el Consejo aprobó el miércoles sobre la jueza del caso Juana Rivas –como también apreciaron los vocales que votaron en contra– por lo que infoLibre no debió haber rectificado. La resolución se refiere, aunque sin recoger sus nombres ni sus cargos, a las dos ministras y al resto de exmiembros del Ejecutivo contra los que la jueza granadina dirigió su queja, a los que acusaba de ejercer presión sobre la magistrada orientando a la opinión pública para forzarla a tomar una decisión sobre el menor en un sentido concreto. Todos los políticos a los que se refería la queja, según la fundamentación jurídica del acuerdo, afectaron a la independencia de la magistrada y la atacaron personalmente, sobrepasando la libertad de crítica a las resoluciones judiciales. Las ministras y el resto de figuras, según el acuerdo, habrían desacreditado la profesionalidad de la jueza extendiendo una sospecha sobre su actuación en el caso.
Pero, además de esas apreciaciones que parecen censurar a dos miembros del Gobierno actualmente en el cargo, la parte dispositiva del acuerdo ordena que se notifique, no solo al abogado de Juana Rivas, sino también a ambas ministras, al ex número dos del Gobierno, la eurodiputada de Podemos y la magistrada en ejercicio y ex delegada del Gobierno contra la violencia machista. Esa notificación debe comunicar a todos ellos que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que dirime todas las impugnaciones contra las decisiones y actos del Consejo.
Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que esta orden de enviar a las ministras –y no solo al abogado de Juana Rivas– la resolución se justifica porque sus declaraciones fueron objeto de la queja presentada por la magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a los párrafos de censura a las manifestaciones de “personas que ostentan o han ostentado responsabilidades públicas” que recoge el documento, esas fuentes aseguran que deben entenderse referidas únicamente al resto de cargos –Pablo Iglesias, Irene Montero y Victoria Rosell– pero no a las dos ministras. Sobre por qué no hay en la resolución –pero sí en la nota– ninguna referencia a que las declaraciones de Redondo y Rego queden efectivamente exentas de la reprobación, desde la institución afirman que el texto “podría ser mejorable”.
Sin embargo, los nueve vocales del sector progresista que votaron en contra del amparo entendieron que la resolución censuraba a todos los representantes políticos –ministras incluidas– en contra de lo que se recogió horas después en el texto de la nota de prensa, y así lo hicieron saber a sus compañeros durante el Pleno del miércoles en el que anunciaron que formularían por escrito su opinión discrepante. El voto particular de todos ellos plasma una posición contraria al amparo. Pero además, asegura que el texto de la resolución que sacó adelante la mayoría "pone de manifiesto las imprecisiones e inconcreciones en cuanto a los hechos y el fundamento del amparo solicitado". "La trascendencia de ese conjunto de imprecisiones e inconcreciones es aún mayor si se tiene en cuenta su reflejo en el plano institucional y de la comunicación pública". En definitiva, que la resolución del amparo concedido, cuyo único efecto era ser publicado en una nota del Consejo para el conocimiento de todos los ciudadanos, no aclaraba si se refería a las ministras, como negó el comunicado oficial posterior, en contra de lo que entendieron los medios que se hicieron eco de la decisión del Consejo.
"Aunque durante la deliberación se acordó la supresión de un concreto párrafo del texto debatido", el que hacía referencia a las dos integrantes del Ejecutivo, "permanecen inalterados los antecedentes de hecho, buena parte de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva, incluida la decisión de difundir institucionalmente el acuerdo y notificarlo no solo al letrado [de Juana Rivas], sino también a la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García; a la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego; a doña Irene Montero Gil; a don Pablo Iglesias Turrión [y] a doña Victoria Rosell Aguilar". "La permanencia de tales referencias", prosigue el texto discrepante, "impide apreciar una plena congruencia interna entre la fundamentación [de la resolución], la parte dispositiva finalmente aprobada y su posterior difusión y comunicación institucional", añade.
Las manifestaciones de Ana Redondo de las que la jueza se quejó se recogieron en una nota del Ministerio de Igualdad difundida el 10 de enero de 2025 en la que se advertía de que “varias normas internacionales” establecían que “se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Como aseguró la propia ministra en sus alegaciones durante el procedimiento de amparo, el comunicado hacía una referencia expresa “al respeto a la independencia del Poder Judicial” y enmarcaba su contenido en una crítica “respetuosa y admisible”, sin referirse a ninguna actuación concreta de la jueza.
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, escribió un tuit el 7 de enero de 2025 en el que decía literalmente: “He escuchado a [el nombre del menor], hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Ese mismo día, se publicó una noticia en la que se aseguraba que Juventud e Infancia había trasladado al fiscal “la urgencia de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos”. En sus alegaciones, Rego recuerda que sus declaraciones se efectuaron mostrando absoluto respeto a la independencia e imparcialidad judicial.
La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, apareció en redes sociales calificando la decisión de la jueza de inhibirse de la decisión sobre el hijo de Rivas de "violencia institucional insoportable", manifestando que la magistrada estaba "fuera de la ley". "Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista. Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y de la infancia". Al dar su versión al Consejo, Montero alegó que sus críticas "se insertan en un debate público sobre los contornos y la naturaleza de la violencia vicaria (...) en un caso ya de por sí relevante mediáticamente".
El exvicepresidente Pablo Iglesias escribió un tuit con una foto de la jueza y el texto: "Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor". Iglesias ha mantenido ante el CGPJ que se limitó "a retuitear una información publicada por el medio de comunicación que dirige, respecto al que no se ha interesado ninguna medida específica".
La magistrada canaria y ex delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, fue entrevistada en diario-red.com, medio en el que afirmó que "si un niño manifiesta miedo a uno de sus progenitores, hay que saber por qué" y señaló que se atendiera a la fiscalía, que pedía que la jueza escuchara al menor. También escribió un tuit en su perfil de X en el que recordaba que la Guardia Civil había apreciado "riesgo alto de especial relevancia" si el hijo de Rivas volvía con su padre. Según dijo la magistrada al órgano de gobierno, sus manifestaciones "no guardan relación con el juzgado de Granada, sino con la campaña de solidaridad con un niño español víctima de violencia de género sometido a la jurisdicción italiana". También sostuvo que no se dirigió a la jueza ni tuvo intención de darle ninguna recomendación, "ni mucho menos obviamente una presión de ninguna clase, lo cual, además, sería constitutivo de infracción disciplinaria".
La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.