Israel intentó parar dos causas judiciales en Bélgica y modificar su legislación
El 23 de junio de 2010, el doctor E.O. no imaginaba el tamaño de la espina que estaba a punto de clavarle al Estado de Israel. Ese día, los abogados de este ciudadano belga-palestino presentaron una denuncia ante la fiscalía federal belga, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a a un país perseguir a sospechosos de violaciones graves del derecho internacional por hechos ocurridos fuera de su territorio.
El denunciante relataba la destrucción de un terreno del que es copropietario en Gaza, arrasado por un ataque durante la operación Plomo Fundido —que se saldó con más de 1.400 muertos en 2008 y 2009—. Según su relato, el ejército israelí bombardeó la parcela, destruyó varias infraestructuras y 110 árboles, y extendió fósforo sobre la tierra, inutilizándola para el cultivo.
En este expediente, conocido como el ‘caso del olivar’, el denunciante reclamaba el procesamiento de 14 altos cargos israelíes: entre ellos, los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, la exministra de Exteriores Tzipi Livni, y el entonces general Yoav Gallant.
El 17 de noviembre de 2010, una segunda denuncia se presenta también al amparo de la competencia universal, esta vez por la abogada Joke Callewaert en nombre de cuatro ciudadanos belgas que habían participado meses antes en una flotilla humanitaria cuyo barco fue interceptado por soldados israelíes en una operación que se saldó con nueve muertos. Un general y un vicealmirante israelíes, y el propio Ehud Barak son acusados de violaciones graves.
Dieciséis años después de los hechos, ambas causas han caído prácticamente en el olvido. La primera sigue en instrucción; la segunda acabó en sobreseimiento en diciembre de 2024. Pero durante años mantuvieron en vilo al Estado de Israel, que, como revela la investigación Israel Files, hizo todo lo posible por ahogarlas.
Como ya informó infoLibre en diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia israelí construyó durante más de una década una red internacional de despachos de abogados en países considerados ‘objetivo’, entre ellos España, donde la firma Cuatrecasas trabajó en secreto para anticipar reformas legislativas e influir en procesos penales. El patrón que revelan los documentos belgas es el mismo.
El lobby judicial a pleno rendimiento
El año 2017 estuvo marcado por una intensa presión israelí para impedir cualquier procesamiento en Bélgica. Las gestiones ante el fiscal federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta el primer ministro se volvieron muy insistentes. Mientras tanto, en Jerusalén se llegó a considerar la posibilidad de impulsar una modificación de la ley belga.
En enero de 2017, las denuncias llevaban ya siete años en manos de la fiscalía federal belga sin que esta hubiera iniciado formalmente una instrucción —lo que, en los casos de jurisdicción universal, requiere asignar el expediente a un juez de instrucción—. El escollo era una cuestión de fondo: ¿era el sistema judicial israelí capaz de juzgar con imparcialidad las actuaciones de su propio ejército? La ley establece que, de ser así, el caso debe remitirse al país concernido “en interés de una buena administración de la justicia”. La fiscalía belga se debatía en la duda.
En 2011, ya había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel información sobre el sistema judicial con la esperanza de obtener un dictamen claro. Como le ocurrió a la Audiencia Nacional española al investigar la muerte del cabo Soria Toledo en el Líbano, solo recibió documentación que consideró insuficiente. Y siguió esperando.
Todo se precipitó el 17 de enero de 2017. Ese día, la exministra Tzipi Livni, imputada en el ‘caso del olivar', canceló un viaje previsto a Bruselas tras ser aparentemente advertida de que la justicia belga podría aprovechar su visita para tomarle declaración. Un fiscal federal confirmó entonces al diario Le Soir que la fiscalía contaba efectivamente con “aprovechar su viaje” para intentar hacer avanzar la investigación. La indignación de Israel fue inmediata: denunció un “abuso cínico del sistema judicial en beneficio de una agenda política”.
El Estado israelí no podía resignarse a ver a sus altos representantes expuestos a tal riesgo. A través de su Departamento de Asuntos Internacionales Especiales —la unidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar los contenciosos internacionales, cuyo funcionamiento reveló Israel Files en diciembre de 2025— se articuló en Bélgica un equipo de respuesta.
Al frente de ese trío de abogados belgas, compuesto también por Morgan Bonneure y Nicolas Angelet, estaba la letrada Michèle Hirsch. Esta jurista veterana ya se había labrado un nombre en Israel, que la contrató a principios de los años 2000 para defender al ex primer ministro Ariel Sharon —entonces señalado en Bélgica, también al amparo de la jurisdicción universal, por las masacres de refugiados palestinos en los campamentos libaneses de Sabra y Chatila—.
“Hola Michèle, ¿hay alguna base factual en el artículo de ayer, según el cual un tribunal belga habría emitido órdenes de detención?”, le pregunta directamente en un correo del 23 de enero Marlène Mazel, responsable del departamento de contenciosos internacionales del Ministerio de Justicia israelí, a propósito de una información de la prensa israelí que resultó ser falsa. La abogada responde de inmediato y sale a buscar más datos. A mediados de febrero de 2017, ya ha conseguido acceder a Philippe Meire, el fiscal federal encargado de los asuntos internacionales. Con ello, el objetivo israelí es, sobre todo, llegar al entonces fiscal federal, Frédéric Van Leeuw.
El exjefe del Ministerio Fiscal revela al diario Le Soir que el 1 de febrero ya había sido contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, que le preguntaba si podía recibir al día siguiente al fiscal israelí Roy Schöndorf para hablar de los expedientes. Van Leeuw declina “dada la falta de consideración que implicaba semejante petición con tan poco margen”, y porque estimaba que no tenía que justificarse ante las autoridades israelíes.
Menos de un mes después llegó una nueva solicitud, esta vez a través de la embajada israelí. “Tras deliberar internamente y con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, consideramos que rechazar una segunda petición de ese tipo podía provocar fricciones diplomáticas innecesarias, y respondí que estaba dispuesto a recibir al señor Schöndorf el 21 de marzo de 2017”, explica Van Leeuw, hoy fiscal general de Bruselas.
Un fiscal muy solicitado
Como prueba de la importancia que Israel concedía a esa cita, el Ministerio de Justicia preparó para Schöndorf un largo documento de argumentario para persuadir al fiscal belga de no provocar la apertura de una instrucción. Según esa hoja de ruta, el emisario israelí debía describir el ‘caso del olivar’ como “una maniobra de denigración jurídica” y señalar que los demandantes “no parecen estar en condiciones de reunir las pruebas necesarias para un proceso penal”.
Van Leeuw recuerda que Schöndorf le presentó fotografías aéreas del olivar para demostrar que desde allí se habían lanzado cohetes. “Le pedí que me transmitiera oficialmente esas informaciones para añadirlas al expediente. Esa transmisión, en mi opinión, nunca se produjo”, afirma. Sobre el caso de la Flotilla, dice que solo fue abordado de forma incidental.
El ex fiscal federal también rechazó la petición del emisario israelí de facilitarle la lista de personalidades israelíes señaladas en la denuncia. Le respondió que para ello necesitaría una solicitud formal del abogado de alguna de las personas imputadas o una comisión rogatoria. Tras ese encuentro, Van Leeuw recibió dos nuevas solicitudes, en mayo y en junio, para volver a reunirse con el magistrado israelí. Afirma haberlas rechazado educadamente. “No hubo más contactos ni peticiones después”, asegura.
Uno de los elementos que más le llamó la atención fue descubrir, más tarde, que en su reunión con el magistrado Meire, la abogada Hirsch había declarado estar en posesión de una copia de la denuncia original, “lo que nos sorprendió”. Se niega a especular sobre cómo pudo obtenerla. Alexis Deswaef, abogado del doctor E.O., reacciona con contundencia: “Esa denuncia no se la habíamos dado a nadie”. Y añade: “Si Hirsch estaba en posesión de ella, dado el despliegue de medios israelíes, plantear la pregunta sobre cómo pudieron obtenerla es, prácticamente, responderla”, apuntando a una posible actuación de los servicios de inteligencia.
“Una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”
Tras el encuentro entre fiscales, los temores israelíes a que el caso fuera enviado a un juez de instrucción no amainan. En un memorándum de mayo de 2017, Hirsch y sus colegas recomiendan endurecer la estrategia de influencia: “Es esencial comunicar a los Asuntos Exteriores o al primer ministro que es su responsabilidad evitar que el expediente sea remitido a un juez de instrucción”. El consejo fue atendido.
El 14 de junio de 2017, Roy Schöndorf, acompañado de la entonces embajadora israelí, se reúne con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. La demanda es diáfana: que Exteriores emita un dictamen sobre la justicia israelí que impida cualquier instrucción. Israel advierte que si la respuesta se considera insuficiente, ello “arrojaría una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”.
Tres meses después, y tras “tres recordatorios”, según la fiscalía, la diplomacia belga remite a la fiscalía una serie de documentos sobre la justicia israelí —entre ellos uno facilitado por las propias autoridades israelíes—, aunque especificando que se trata de información puramente documental y sin avalar su contenido. El Ministerio de Exteriores belga asegura que su posición fue constante: “No ceder a una demanda que equivaldría a sustituir al poder judicial”.
Los esfuerzos israelíes dan solo un resultado parcial. La fiscalía termina dictaminando que los tribunales israelíes no presentan, para el caso concreto, las cualidades de independencia, imparcialidad y equidad requeridas. El 27 de octubre de 2017 se designa un juez de instrucción para el ‘caso del olivar’.
Netanyahu y Charles Michel en Davos: el ‘problema judicial’ sobre la mesa
Este primer revés no frena las gestiones israelíes. Los documentos de Israel Files revelan que el entonces primer ministro belga, Charles Michel, también fue objeto de una aproximación directa por parte de Benjamin Netanyahu en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2018. Un correo consultado por Le Soir, enviado el mes siguiente por uno de los asesores de Michel a diplomáticos israelíes y luego transmitido al fiscal israelí Roy Schöndorf, da fe de ello: “A raíz del encuentro en Davos entre nuestros dos primeros ministros, me pongo en contacto con usted en relación con el problema judicial planteado al final de la reunión. Su embajadora en Bélgica, la señora Simona Frankel, me ha contactado al respecto y estamos tratando de organizar una reunión con mis colegas del gabinete de Asuntos Exteriores para discutirlo. Esta reunión tendría lugar la semana que viene”.
El equipo de comunicación del ex primer ministro responde a Le Soir que Michel “no está en condiciones hoy de confirmar ni desmentir” que se produjera dicha conversación, aunque precisa que si Netanyahu “abordó un tema judicial, Charles Michel sin duda le remitió a la separación de poderes”. Como explicación del seguimiento dado por su gabinete, añade: “Cuando un tema judicial genera una tensión diplomática, puede ocurrir que se gestione por vías diplomáticas para clarificar el funcionamiento del sistema judicial belga”.
“La posibilidad de una modificación legislativa”
El desenlace de esos contactos sigue siendo desconocido. Pero un correo interno de junio de 2019, firmado por Marlène Mazel, demuestra que, año y medio después, los “problemas” siguen inquietando a Israel. El asunto del mensaje: “Iniciativa para reformar la legislación en Bélgica”. El contenido: dar continuidad a una reunión “en la que se planteó la posibilidad de iniciar una modificación legislativa en Bélgica sobre la competencia jurisdiccional universal, en particular sobre los poderes del fiscal”. Se trataría de lograr que los fiscales federales pudieran archivar expedientes de derecho humanitario internacional sin necesitar examinar el fondo ni remitirlos a un juez de instrucción. Si Hirsch llegó a recibir ese encargo, no ha quedado constancia en los documentos consultados.
La propia fiscalía federal belga admite que “iniciativas de este tipo ya han tenido lugar” en el pasado, y que fue precisamente “a raíz de presiones” relacionadas con denuncias contra altos cargos estadounidenses e israelíes que la ley de competencia universal sufrió “una modificación en 2003”.
Dos instrucciones judiciales abiertas de par en par para Israel
Junto a su ofensiva política y diplomática, el Estado israelí también actuó en el plano judicial con un objetivo claro: recabar el máximo de información sobre las instrucciones en curso y anticipar posibles detenciones o citaciones de los investigados.
El 4 de diciembre de 2017, la abogada Michèle Hirsch conoce en primicia la noticia de la apertura de instrucción del ‘caso del olivar’ en una nueva cita con el fiscal Philippe Meire. El detalle más llamativo: esa información le es comunicada cuando Hirsch no defiende a ninguna de las catorce personas señaladas en la denuncia, sino únicamente los intereses del Estado israelí.
El segundo detalle: los demandantes, según el abogado Nicolas Angelet en un correo dirigido a sus clientes israelíes resumiendo el encuentro, “no han sido informados todavía a estas alturas del hecho de que el expediente ha sido remitido a un juez de instrucción”. La Fiscalía afirma que las partes civiles sí fueron informadas en algún momento, “dado que uno de los primeros actos del juez de instrucción fue tomarles declaración”, pero no precisa cuándo.
El fiscal también revela a los abogados israelíes el nombre del juez instructor, Olivier Leroux, al que Angelet describe como “una personalidad bastante prudente y moderada”, e informa de que probablemente enviará una comisión rogatoria a Israel y de que es improbable que recurra a órdenes de detención. El fiscal Meire reconoce ante Le Soir haber informado a Hirsch de la apertura de instrucción y sostiene que ese encuentro “no plantea ningún problema”. Niega, en cambio, haber especulado sobre los próximos pasos del juez.
Seguros de la información obtenida, los tres abogados belgas proponen a sus clientes israelíes organizar cuanto antes un encuentro entre Hirsch y el juez. Con una advertencia expresa: Roy Schöndorf “no debe reunirse con el juez de instrucción”. “Probablemente sería percibido como una presión inadmisible”.
En enero de 2018, Hirsch ya ha logrado su propósito. En un correo a Marlène Mazel, hace un balance de su entrevista con el juez Leroux: “Como era de esperar, fue extremadamente prudente. Considera que no puede hablar conmigo porque no represento a ninguna de las personas investigadas”. Aun así, según la abogada, se deslizaron algunos datos: el expediente es ya voluminoso y no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo, y lo esencial del dossier estaría constituido por los anexos a las denuncias. Un mes más tarde, de acuerdo con el ministerio israelí, Hirsch se persona ante el juez como abogada de Tzipi Livni para maximizar su acceso a la información.
Acceso concedido
El 19 de diciembre de 2019, nuevo giro en el caso de la Flotilla: la fiscalía había considerado la denuncia original inadmisible, pero la sala de acusación discrepa y fuerza la apertura de una instrucción. Ambos expedientes acaban en manos del mismo juez, Olivier Leroux, aunque por poco tiempo. En 2021 cambian de titular y la nueva jueza, Ludivine Kerzmann, se muestra favorable a conceder a los abogados israelíes acceso a los dos expedientes. En un memorándum de abril de 2021, Hirsch lo celebra con evidente sorpresa: “Nótese que la jueza de instrucción nos ha dado acceso al expediente de la Flotilla aunque no intervenimos oficialmente en nombre de ninguno de los individuos señalados en la denuncia”.
La jueza remite a Le Soir a la Fiscalía, invocando su deber de reserva. La Fiscalía respalda la decisión y asegura haber dado su aval para que Hirsch pudiera consultar el expediente en el registro. El Código de Procedimiento Criminal permite, en efecto, que el ministerio público autorice el acceso de partes sin interés directo. Pero la propia Fiscalía admite que no puede citar ningún otro ejemplo de un Estado que haya obtenido acceso a un expediente que afecta a sus altos cargos, aunque afirma que “no es la primera vez”.
Para Alexis Deswaef, la revelación resulta escandalosa: “Primero se transmite la información sobre la apertura de instrucción al abogado del Estado vinculado a los imputados, y se dice que no se transmite a los abogados de los demandantes. Eso no está bien. Hay que respetar la igualdad de armas”. Y ante el acceso a los expedientes: “Que alguien me cite otro país al que se le haya concedido ya un acceso semejante”. Joke Callewaert, abogada de las demandantes en el caso de la Flotilla, comparte la misma indignación: “Técnicamente es legal. Pero, ¿es justo?”. Y constata el privilegio manifiesto: en muchos expedientes en los que actúa para partes civiles, conseguir acceso a los sumarios es enormemente difícil.
La instrucción continúa
En 2023, ambas instrucciones cambiaron de manos de nuevo. La nueva titular, Julie Erpelding, fue contactada en enero de ese año, pero estimó “no apropiado” conceder un nuevo acceso a los expedientes, según un correo interno israelí que recoge la información transmitida por los abogados belgas. Ese correo es una de las últimas huellas que los documentos de Israel Files dejan sobre la trayectoria de los casos belgas.
Hoy, la instrucción del ‘caso del olivar’ sigue en curso. En mayo de 2025, la fiscalía requirió incluso la realización de diligencias complementarias, todavía en ejecución. Durante la investigación se cursó una solicitud de cooperación judicial a Israel que fue rechazada. El caso de la Flotilla, por su parte, concluyó en sobreseimiento tras pasar por la sala del consejo: “ningún elemento permitía atribuir responsabilidades individuales precisas”, según la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia israelí no respondió a las preguntas formuladas por Le Soir. Tampoco lo hicieron Michèle Hirsch ni su asociado Morgan Bonneure. Nicolas Angelet declinó responder.
Una incógnita adicional pesa sobre la continuidad del Departamento de Guerra Legal. Un correo en hebreo enviado por Marlène Mazel a sus colegas tras una reunión con Hirsch en la primavera de 2023 deja entrever un distanciamiento ligado a la polémica reforma judicial del Gobierno Netanyahu: “Al comienzo de la reunión, Michèle mencionó que estaba muy preocupada por la evolución de la situación en Israel y que encontraba serias dificultades para seguir representando al Estado de Israel”.
Los paralelismos españoles
Los documentos de Israel Files revelan que el Departamento de Guerra Legal del Ministerio de Justicia israelí aplicó en Bélgica un esquema casi idéntico al que aplicaba mientras tanto en España.
La obsesión con la jurisdicción universal es el denominador común. España fue durante años uno de los países que más preocupaba a Israel en este frente: la Audiencia Nacional había abierto causas contra altos mandos por actuaciones en Gaza y Cisjordania, y los correos filtrados muestran un seguimiento constante de cada reforma legislativa que pudiera ampliar o restringir ese marco.
El protocolo para los viajes de altos cargos también se replica con precisión. En España, Cuatrecasas elaboraba informes de riesgo caso por caso para figuras como los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del Shin Bet Yuval Diskin o el almirante Eliezer Marom —comandante durante el asalto a la Flotilla de la Libertad—, evaluando si alguno de ellos figuraba en querellas activas y recomendando siempre discreción y perfil bajo en los desplazamientos.
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
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Otra similitud reside en los dossieres preparados por el Departamento de Guerra Legal para reunirse con las autoridades. En España, cuando en 2018 el abogado general del Estado israelí, Avichai Mandelblit, viajó a Madrid, el departamento elaboró un argumentario idéntico para trasladar a todos sus interlocutores —el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la secretaria de Estado de Justicia y el abogado general del Estado español— con un único mensaje: que España no modificara su legislación sobre jurisdicción universal.
El paralelismo más perturbador, sin embargo, es el de los contactos entre el bufete designado y la Fiscalía para obtener información procesal reservada, sin representar a nadie dentro de la causa. En Bélgica, Michèle Hirsch supo antes que los propios demandantes que el ‘caso del olivar’ había sido enviado a un juez de instrucción, e incluso obtuvo el nombre del magistrado y especulaciones del fiscal sobre su probable línea de actuación.
En España, según los correos internos del ministerio israelí, el socio de Cuatrecasas encargado del caso se reunió en febrero de 2017 con la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó —hecho que ella niega— y comunicó al ministerio la intención de la fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de jurisdicción antes de que esa decisión fuera trasladada al juez o a la familia del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto por un proyectil israelí en el Líbano. En ambos países, el bufete contratado operaba en los márgenes del procedimiento, sin figura procesal conocida, pero con acceso a información que en ocasiones ni las partes legítimas de la causa tenían.
