Catástrofe medioambiental
El juez no encuentra culpables para los daños de 4.400 millones causados por la catástrofe
Todos absueltos. La Audiencia de A Coruña asegura que ni el Gobierno ni ninguno de los acusados por la catástrofe del Prestige, ocurrida hace once años frente a las costas de Galicia y que ocasionó daños por valor de 4.400 millones, tuvieron las culpa de ocurrido. O al menos no ha quedado acreditado durante el juicio.
La decisión judicial no sólo deja huérfano de culpa lo ocurrido sino que avala la decisión del Gobierno de alejar el petrolero, herido de muerte, pasearlo durante seis días frente a la costa gallega e internarlo finalmente en alta mar hasta que se produjo su hundimiento. De hecho, la única condena dictada por el tribunal ha recaído sobre el capitán, Apostolos Mangouras, al que la Audiencia ha considerado culpable de un delito desobediencia grave a la autoridad precisamente por negarse a alejar el petrolero de la costa en medio del fuerte temporal.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, culmina un procedimiento que se inició el 16 de noviembre de 2002. El sumario se extendió hasta sumar 230.215 folios y en la causa se personaron 55 acusaciones representadas por 70 letrados y 27 procuradores. En total eran 1.500 los perjudicados pendientes del fallo judicial.
La catástrofe medioambiental fue provocada por el hundimiento del petrolero PrestigePrestigeel 19 de noviembre de 2002 a 250 kilómetros de la costa gallega. El buque había pedido auxilio a las autoridades españolas seis días antes, cuando sufrió una vía de agua en medio de un temporal a sólo 52 kilómetros de A Costa da Morte. En vez de acercar el barco a un puerto para evitar su hundimiento y limitar el derrame de la carga que ya se había iniciado, el Gobierno español tomó el control del barco el 14 de noviembre, cuando estaba a sólo cinco kilómetros de la costa gallega y, después de arrastrarlo primero hacia el noroeste, prefirió alejarlo de la costa con rumbo sur, lo que precipitó que el casco se partiera en dos provocando una gigantesca marea negra que se extendió desde el norte de Portugal hasta las landas francesas (1.600 kilómetros), aunque sus efectos más dañinos se concentraron en la mayor parte de la costa gallega.
El barco era un viejo petrolero botado en 1976 propiedad de una compañía de Liberia, abanderado en Bahamas, gestionado por un armador griego, asegurado en el Reino Unido y cuya carga pertenecía a una sociedad suiza. En sus bodegas transportaba 77.000 toneladas de fuel pesado (una mezcla muy viscosa de productos basados en los residuos procedentes de los procesos de destilación del petróleo).
En el banquillo sólo se han sentado tres de los únicos cuatro acusados por lo ocurrido. Son el capitán del barco, Apostolos Mangouras, su jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos (ambos de nacionalidad griega), y el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, el único representante del Gobierno que ha sido juzgado. En paradero desconocido continúa Ireneo Maloto, el primer oficial del barco, de nacionalidad filipina.
La Fiscalía
Fiscalía pedía penas de cárcel para los dos acusados extranjeros juzgados: el capitán (12 años y una multa de 43.000 euros) y el jefe de máquinas (seis meses) y excluía de toda responsabilidad a López Sors, director general de la Marina Mercante en la época en que el Ministerio de Fomento estaba a las órdenes de Francisco Álvarez-Cascos.
Sentencia del Prestige [pdf]
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La Plataforma Nunca Máis pedía una pena menor para el capitán (cinco años y seis meses) y solicitaba en cambio una condena para López Sors de cinco años y un día que hubiese comprometido la responsabilidad del Gobierno de entonces, presidido por José María Aznar y en el que Mariano Rajoy ocupaba el cargo de vicepresidente.
El peritaje oficial planteado durante el juicio cifró en 4.442 millones de euros los daños causados por la catástrofe, de los que 4.328 corresponderían a España (más de la mitad en Galicia). Según este cálculo, el turismo fue el sector más perjudicados (500 millones), seguido de la pesca (405), el sector industrial (71) y la acuicultura (48). Los daños causados a la salud de las personas que intervinieron en las tareas de limpieza del chapapote fueron cuantificados en 5,5 millones de euros.
Muchos de los particulares afectados por la marea negra ya cobraron en su día indemnizaciones a través del Estado y de la Xunta.
