Antonio Burgueño ha cruzado la puerta de los juzgados de Instrucción de Leganés como testigo, pero ha salido poco después con un pie como imputado. La jueza de la localidad madrileña que investiga la segunda causa por un posible delito de discriminación sanitaria en las residencias de la región durante lo peor de la pandemia ha decidido paralizar la declaración del que fuera asesor de Isabel Díaz Ayuso ante la petición de la Fiscalía, que ha entendido que de su declaración podría desprenderse una posible imputación. Burgueño, por otro lado, ya fue imputado en la primera causa abierta, en aquella ocasión por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, aunque su declaración fue aplazada. por petición de su defensa.
Lo ha explicado así a la salida de los juzgados el letrado Carlos Castillo, abogado de las dos querellantes que este martes también estaban citadas como testigos y que han detallado ante la jueza cómo ocurrió el fallecimiento de dos familiares usuarios del centro Los Frailes.
En concreto, y según ha explicado Castillo, Burgueño ha explicado que fue llamado por la propia presidenta madrileña el 10 de marzo con el objetivo de citarle a una reunión al día siguiente. Al encuentro de aquel 11 de marzo acudieron, además de él mismo y de la propia lider del Ejecutivo, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty; y la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha explicado ante la jueza Burgueño, él propuso la creación de un mando único que, a su entender, estaría pilotado por la propia Ayuso, aunque él jugaría un papel técnico por su experiencia sanitaria —fue director general de hospitales durante la época de Esperanza Aguirre. En ese preciso momento ha sido cuando la Fiscalía ha pedido paralizar la declaración para, si cabe, citarle de nuevo como investigado, algo a lo que la defensa de las familias no se ha opuesto.
No ha dado tiempo, por tanto, a realizarle preguntas sobre aquel supuesto plan de medicalización para los geriátricos, ni tampoco sobre la conocida como Operación Bicho que le fue encargada a su hija, Encarnación Burgueño, y que consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros.
Abarca explica que no se derivó a hospitales privados
Junto a Burgueño, también ha declarado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, que ha confirmado —según ha explicado Castillo, puesto que él no ha ofrecido declaraciones—, que sus centros privados no recibieron a ninguna persona mayor derivada de las residencias. Excepto, ha matizado, dos o tres personas, aunque no ha concretado si estas tenían o no seguro privado y en qué fechas se produjo. En cualquier caso, sí ha asegurado que recibieron pacientes con discapacidad o deterioro cognitivo, precisamente los criterios de exclusión que los Protocolos de la Vergüenza marcaron como barrera para el traslado a hospitales desde los geriátricos. Todos estos pudieron hacerlo porque disponían de una póliza sanitaria privada.
Poco después de salir de los juzgado, el grupo sanitario privado envió un comunicado en el que aclararon que HM hospitales atendió tanto a pacientes con seguro como sin él y que estos últimos supusieron un 25% del total y procedían, siempre, de la sanidad pública. "HM Hospitales carecía de capacidad de decisión sobre la derivación y su labor se centraba exclusivamente en proporcionar recursos y capacidades a los profesionales sanitarios para atender a aquellas personas enfermas que acudían a nuestros hospitales, independientemente de que fueran remitidos desde el sistema público o no", han aclarado en el comunicado. La "toma de decisiones", han añadido, era únicamente asistencial "y comenzaba en el momento en el que los pacientes acudían a nuestras urgencias por el medio que fuera".
Reyero habla de protocolos "discriminatorios"
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha insistido por su parte en que los protocolos tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia. En declaraciones a los medios a su salida del juzgado, Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un "componente discriminatorio claro".
Burgueño tendrá que aclarar ante la jueza por qué no se medicalizaron las residencias en pleno covid
El exconsejero ha sido recibido y despedido con los aplausos de los familiares, que le han catalogado como "lo mejor" de aquel Gobierno madrileño que operó durante lo peor de la crisis sanitaria.
Por su parte, Carmen López y Ana Cristina Gómez, las dos mujeres querellantes que han impulsado esta causa —con una querella particular interpuesta poco después de la macrodenuncia por un supuesto delito de denegación sanitaria discriminatoria—, han lamentado tener que haber rememorado ante la jueza lo sucedido. "Salgo un poco afectada, pero creo que he dicho lo que tenía que decir", ha señalado López, que a su llegada a los juzgados poco antes de las 9 horas de la mañana ya confesó sentirse "muy nerviosa". A su lado, Gómez mostraba entereza. "Estoy esperanzada. Tengo dudas, claro, pero ojalá esto sirva para depurar responsabilidades", decía.
Junto a esta causa, hace poco más de una semana otro juzgado de Madrid —en concreto, el de Instrucción número 6— imputó al propio Burgueño y a los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmantes y autor de los protocolos de exclusión, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. En aquella ocasión, los tres acudieron para declarar como investigados el día 26 de mayo, pero la declaración quedó aplazada sin, por ahora, nueva fecha.
Antonio Burgueño ha cruzado la puerta de los juzgados de Instrucción de Leganés como testigo, pero ha salido poco después con un pie como imputado. La jueza de la localidad madrileña que investiga la segunda causa por un posible delito de discriminación sanitaria en las residencias de la región durante lo peor de la pandemia ha decidido paralizar la declaración del que fuera asesor de Isabel Díaz Ayuso ante la petición de la Fiscalía, que ha entendido que de su declaración podría desprenderse una posible imputación. Burgueño, por otro lado, ya fue imputado en la primera causa abierta, en aquella ocasión por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, aunque su declaración fue aplazada. por petición de su defensa.