Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.
En ese código, por primera vez, se regulaba el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. En el apartado dedicado a los principios de conducta se fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.
“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.
Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.
Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. Durante estos días, el exministro socialista Miguel Sebastián ha revelado, por ejemplo, que él recibió unas joyas por parte de la Casa Real saudí después de participar en un acto en ese país y que decidió colocarlas en una vitrina en la sede de su departamento.
La normativa de la Casa Real
La Casa Real española reguló la recepción de regalos a través de una normativa aprobada en enero de 2015, dentro del paquete de reformas lanzado por Felipe VI tras llegar al trono en junio de 2014 en mitad de los escándalos protagonizados por su padre. Se basó en la Ley de Transparencia y fija que se actualizará si hay cambios en la legislación.
Se establecen unos principios generales por los que los miembros de la familia real “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y señala el texto: “En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional”.
Asimismo, establece que los miembros de la familia real “no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”.
Por ejemplo, esta normativa fija que no se aceptarán “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. “En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”, marca el texto, que indica que si se concede un premio a un miembro de la familia real que comprenda una dotación económica, se tendrá que ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro “que persiga fines de interés general”.
Además, regula el escenario de herencias que puedan recibir miembros de la familia real por parte de personas con las que no haya una relación familiar. La norma señala que podrán ser aceptadas “cuando así se considere procedente”: “Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación”.
La Casa Real publica todos los años la relación de regalos institucionales recibidos por la familia real. Por ejemplo, en 2024 fueron 358. Especialmente fueron dirigidos a Felipe VI, que obtuvo 203 presentes. Entre ellos, una alfombra del embajador de Irán, un ajedrez de madera del presidente de Paraguay y una camiseta personalizada del Cádiz. Esta lista, no obstante, no incluye el valor económico de estos regalos.
El límite de 150 euros del Congreso
Hay otras instituciones que ponen un tope monetario a los regalos. Es el caso de las Cortes Generales, en cuyo código de conducta, aprobado tanto por el Congreso como por el Senado, se fija como límite 150 euros. Se establece que los parlamentarios “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”.
Sí permiten las Cortes que los diputados y senadores reciban regalos “personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios”. “Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”, añade el texto.
También recoge el caso de los regalos recibidos por miembros de las Cortes en viajes oficiales de las Cámaras: “Deberán ser entregados a la Secretaría General siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Dichos regalos serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado”.
Asimismo, en el desarrollo protocolario de esta guía se dispone qué hacer en casos de regalos inesperados, como, por ejemplo, el envío de un presente al despacho de un diputado: “El obsequio no debe usarse ni consumirse. Se informará a la Secretaría General o a la Oficina de Conflicto de Intereses para su devolución o, si ello no fuera viable, para su entrega a la institución o eventual donación autorizada, dejando constancia del trámite”.
Los topes de otras instituciones
También, por ejemplo, fija límites en función del valor económico el Ayuntamiento de Madrid. El régimen fue aprobado durante el mandato de Manuela Carmena y fija que sólo se podrán recibir obsequios dentro de la “cortesía habitual o la atención protocolaria” que se correspondan con los “usos y costumbres sociales”.
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Establece que estará prohibido recibir regalos que sobrepasen los 50 euros y no se podrán acumular presentes procedentes de la misma persona física o jurídica cuando la suma de sus valores sea superior a 150 euros durante el periodo de un año.
En ese sentido, marca también claramente los límites el código de conducta del Parlament catalán, que recoge que no se puede aceptar “ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo”: “Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros”.
Establece esta norma, aprobada en 2016, que si los diputados reciben regalos “en virtud de las reglas de cortesía”, deben entregarlos a la Cámara, que “debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia”. “Los obsequios y regalos se han de enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales”, añade el texto.
Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.