El futuro de Cataluña

Llarena y el Gobierno se atribuyen mutuamente la competencia para acercar los presos del 'procés' a cárceles catalanas

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso soberanista en Cataluña, avisa en un auto notificado este jueves que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

El magistrado realiza este aviso en un auto en el que vuelve a denegar la petición de libertad de la expresidenta del Parlament de Cataluña Carmen Forcadell, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, al apreciar que pese a la constitución de un nuevo gobierno en Cataluña persiste el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

Paradójicamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó este jueves el traslado a prisiones de Cataluña si así lo autoriza el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Cuando existe la posibilidad de que va haber cinco o seis meses de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal más fácil", aseguró.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Grande-Marlaska ha recordado que Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior sólo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia, y este no es el caso de Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas procesados y encarcelados provisionalmente, a la espera de juicio, por los delitos de rebelión, sedición o malversación.

José Luis Pascual, miembro del Comité Ejecutivo de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), explicó hace unos días en conversación con infoLibre que la decisión corresponde a "Instituciones Penitenciarias y por tanto al Gobierno". El dictamen de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, se conjuga no obstante con el criterio del juez instructor –Pablo Llarena, en este caso–, porque al tratarse de presos preventivos, la decisión se somete además "al criterio del tribunal instructor".

Fuentes judiciales consultadas por este diario añaden que sí existe la posibilidad de traslado a Cataluña "porque lo permite el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sienta como idea fundamental en penados el hecho de que los presos estén en su lugar de residencia, el domicilio de su familia o su lugar de trabajo". Si bien la norma legisla respecto a los presos con una condena firme, "por analogía la norma tendría que ser la misma", interpretan las mismas fuentes.

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