“Nunca ha habido ninguna duda” sobre el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así de contundente se manifestó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le preguntaron por las sombras de parcialidad que han pesado —y todavía pesan— sobre el trabajo que desarrolla este organismo.
“No hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la Comisión, porque así su propia normativa lo establece”, así como su “funcionamiento”. Desde su creación en 2007, subrayó, “nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico” de su trabajo, que no es otro que “la determinación de la causa para dar las consideraciones necesarias a las partes involucradas para que en un futuro actúen de conformidad a evitar cualquier siniestro de esas mismas características”.
Las palabras del ministro no se corresponden con la realidad. La independencia de la CIAF ha sido cuestionada repetidamente. Su investigación del accidente de Angrois, en el que fallecieron 80 personas, fue desmontada en 2013 por la Unión Europea, que identificó fallos de fondo y de forma, hasta el punto de que la justicia acabó por no tomar en consideración sus conclusiones cuando condenó al que fuera director de circulación de Adif, el operador ferroviario responsable de las vías.
Vínculos con Adif y Renfe
Fue en 2016 cuando la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) invalidó la investigación de la CIAF. En parte, por haberse centrado en el papel del maquinista del Alvia accidentado en Santiago, descartando desde el principio otras “causas fundamentales” —además de no haber dado voz a las víctimas—. Pero, sobre todo, porque aquella comisión estaba formada, en su mayor parte, por exmiembros de Renfe y Adif, ambas implicadas en el accidente, designados por el Ministerio de Transportes, responsable último de la infraestructura y del tren accidentado.
La falta de independencia era tan palmaria que la Comisión Europea llegó a abrir dos expedientes de infracción a España. El primero giraba precisamente en torno a la falta de independencia de la CIAF que, según Marlaska, nunca ha sido planteada por nadie. El segundo, que data de 2019, nació de las deficiencias detectadas en la metodología de investigación del organismo que investiga los accidentes ferroviarios en nuestro país.
Es verdad que Bruselas cerró el primero en 2016, después de que el Gobierno dejara en manos del Congreso la designación de los miembros de la CIAF, y puso fin al segundo hace menos de dos años, tras decidir que España estaba implementando mejoras.
El caso de Barrón
Una comisión cuestionada por Bruselas investiga el accidente de Adamuz
Lo que no ha cambiado es la presencia tan significativa de extrabajadores de Adif y Renfe en la CIAF, que sigue dependiendo del Ministerio de Transportes, y que es la base del cuestionamiento de su objetividad. Su presidente, Iñaki Barrón, por ejemplo, era hace apenas cuatro años alto cargo de Renfe, compañía en la que ha desempeñado diferentes responsabilidades durante 20 años, en distintos periodos.
Tal es la dependencia de la CIAF que, en una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, la justicia española llegó a poner en duda sus informes, “dado el origen de sus componentes”.
La investigación del accidente de Adamuz (Córdoba) no debería estar en manos de la CIAF. El Congreso de los Diputados aprobó en 2024 una ley, impulsada a instancias de Europa, para garantizar la independencia del esclarecimiento de accidentes no solo ferroviarios, sino también aéreos y marítimos. Sin embargo, en el año y medio transcurrido desde la aprobación de la ley, el Gobierno no la ha desarrollado ni puesto en marcha.
“Nunca ha habido ninguna duda” sobre el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así de contundente se manifestó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le preguntaron por las sombras de parcialidad que han pesado —y todavía pesan— sobre el trabajo que desarrolla este organismo.