Privatización de la sanidad

Las medidas de Aguirre y González para favorecer a las constructoras y fondos de los hospitales privatizados

Lamela, Aguirre y Güemes, en el Hospital del Henares.

Podemos quiere que la Fiscalía Anticorrupción investigue si la "implementación" y "desarrollo" del modelo de gestión bajo el que funcionan siete hospitales semipúblicos inaugurados en la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2008, cuando Esperanza Aguirre era presidenta regional, es irregular y sus responsables han podido cometer delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. 

Diputados de la formación morada en la Asamblea de Madrid presentaron este martes una denuncia en la que, tras analizar los diferentes modelos de financiación que pudieron seleccionarse para la construcción de estos centros, concluyen que el Ejecutivo autonómico optó por "el método más arbitrario y gravoso para las arcas públicas" y el "más rentable para las empresas". En concreto, cifran entre 1.975 y 3.483 millones de euros los posibles ingresos extra a favor de las adjudicatarias, en comparación con la inversión pública que habría requerido poner en funcionamiento estos centros sanitarios a través de un sistema convencional de financiación con crédito público o privado. 

Estos siete hospitales se pusieron en marcha a través de un modelo mixto en el que grandes constructoras se encargan de construir y equipar los edificios, así como de explotar –por sí mismas o junto a otras compañías– los servicios no asistenciales: cafeterías, comercios, cocinas, limpieza, aparcamientos de pago, lavandería, celadores o personal administrativo. Las adjudicatarias adelantan el dinero de las obras y a cambio reciben durante 30 de años un canon anual de varios millones de euros de la Administración para financiar la construcción y como contraprestación por ocuparse de la parte no sanitaria. Podemos denuncia que la "opacidad" del modelo hace que sea imposible saber qué parte del canon corresponde a cada concepto. De hecho, los diputados morados han documentado hasta siete versiones diferentes de fuentes oficiales. 

Los centros en cuestión son el hospital del Henares, en Coslada; el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; el Infanta Cristina, en Parla; el del Tajo, en Aranjuez; el Infanta Leonor, en Vallecas; el del Sureste, en Arganda del Rey; y el Puerta de Hierro, en Majadahonda, cuyo coste inicial de construcción y dotación alcanzó los 722,5 millones de euros (IVA incluido). En su denuncia, Podemos mantiene que teniendo en cuenta las cantidades abonadas hasta la fecha en concepto de canon, este montante "ya estaría amortizado o quedaría poco para ser amortizado". Pese a ello, la Administración tendrá que seguir pagando este canon durante 18 años más, lo que a su juicio evidencia que "la fórmula escogida para la financiación de la construcción de estos hospitales esconde un manifiesto sobrecoste".

Además, según la información que maneja la formación morada, se habría producido un "incesante" incremento del canon anual a percibir por estas empresas concesionarias como consecuencia de las "múltiples variables introducidas en los contratos". En concreto, en su denuncia, los diputados aseguran que ese canon se ha incrementado en un 47% desde el inicio de las concesiones, en 2007, "sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados".

Entre otras variables, la denuncia atribuye este incremento a los tres modificados que han sufrido todos los contratos: uno en la fase de construcción y dos en la de explotación, que además los diputados de Podemos mantienen que se realizaron omitiendo un trámite fundamental como es el informe de fiscalización de la Intervención, lo que, a su juicio, convierte las convalidaciones de las actuaciones en "nulas de pleno derecho".

Entre las variables que afectan al pago de canon está una cláusula dedicada a fomentar la eficiencia energética, que establece que las concesionarias serán compensadas con el reembolso de un 50% del ahorro conseguido teniendo como referencia los consumos de los dos primeros años de funcionamiento (2009-2010). Pues bien, lo que documenta Podemos es que las adjudicatarias incrementaron "artificialmente" el consumo en esos ejercicios para disminuirlo después y acceder así a las bonificaciones. De hecho, durante los dos primeros años, los consumos energéticos de estos centros sanitarios llegaron a incluso triplicar los de los hospitales tradicionales construidos 30 años antes.

En su denuncia, la formación morada también pone el acento en que el control, la monitorización, la aplicación de las deducciones y penalizaciones y el seguimiento de los contratos para el pago a las sociedades concesionarias está externalizado a la empresa Hill Internacional, que cobra más de un millón de euros anuales por realizar este trabajo. Podemos llama la atención sobre el hecho de que esta compañía "presta servicios de consultoría a las mismas empresas que intenta controlar".

Adjudicatarias 

Entre las adjudicatarias de estos contratos estuvieron grandes grupos constructores y de infraestructuras españoles como Acciona, Sacyr, FCC, OHL, o Dragados, filial del grupo ACS; si bien algunos de ellos han acabado deshaciéndose de sus participaciones en los centros sanitarios pasados unos años desde el inicio de la concesión y vendiéndolas a fondos de inversión especializados en pujar por concesiones maduras lo que, según Podemos, "confirma la voluntad especuladora de este modelo". 

Por ejemplo, Iridium –la filial de concesiones del grupo ACS, antes llamada Dragados Concesiones– vendió en agosto de 2014 al fondo holandés DIF especializado en infraestructuras el 80% de las acciones que mantenía en el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, donde había participado en el proyecto de ejecución, construcción y explotación de la obra. Al año siguiente, 2015, vendió la "práctica totalidad" de la participación que le quedaba en esa concesión por 37 millones de euros. 

Por otro lado, en marzo de 2014, la filial de concesiones de la constructora Sacyr vendió al fondo de inversión LBEIP B.V. –con sede en Holanda y cuyo único accionista es el británico Lloyds Bank– el 49% del capital que tenía en las dos sociedades concesionarias creadas para construir y gestionar las áreas no asistenciales del Infanta Cristina y el del Henares. La operación se cerró por 90,2 millones de euros.

También en junio de 2014, FCC vendió al fondo de inversión holandés Aberdeen Infrastructure parte de la participación que tenía en el Hospital del Sureste (Arganda del Rey) a través de Globalvia Infraestructuras, empresa de la que Bankia y FCC tenían cada una un 50% del capital hasta que la vendieron en octubre de 2015 a otros tres fondos de inversión británicos. Globalvia Infraestructuras mantuvo hasta febrero de 2017 un 11,67% de la concesionaria, que ahora está al 100% en manos del fondo holandés tras haber adquirido también las acciones que la constructora OHL tenía en el citado centro sanitario. 

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