El nuevo protocolo contra la violencia machista incluirá una valoración más precisa del riesgo de las víctimas

Una mujer denuncia ser víctima de violencia de género. Inicia de esta manera un camino que muchas no son capaces de emprender. Y con ello toma aire para asumir toda una serie de trámites que serán fundamentales para determinar cuál debe ser su protección. La valoración de riesgo se presenta como elemento clave en el proceso. Pero sus resultados, combinados con las carencias formativas que en ocasiones demuestran los agentes implicados, no siempre son satisfactorios ni garantistas. El Ministerio del Interior se ha comprometido a remediar un problema que las expertas llevan tiempo denunciando. Lo ha hecho este miércoles a través de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, quien anunció la puesta en marcha de nuevos protocolos que medirán no sólo el riesgo de que la víctima sea asesinada, sino la capacidad agresora del maltratador y el grado de peligro que sufren los menores.

El impulso de los nuevos modelos viene dado por una urgencia: el actual sistema "no podía deducir el riesgo de homicidio", en palabras de la secretaria de Estado. La denuncia que prolifera desde hace años entre expertas en violencia de género ha ganado relevancia por la fuerza de los acontecimientos. A finales de septiembre las alarmas saltaron tras el asesinato de dos menores en Castellón a manos de su padre. La jueza no encontró "una situación objetiva de riesgo" respecto a la madre de las víctimas, que previamente había denunciado amenazas.

Las llamadas de socorro se han ido acumulando hasta rebosar. Ya en su última memoria, publicada a principios de septiembre, la Fiscalía General del Estado señalaba como "objetivo prioritario" adecuar la protección de las víctimas que se deciden a denunciar con el riesgo real y consideraba "insuficiente" la valoración policial. Pedía, en este sentido, complementar los informes con otras investigaciones periciales "más completas", mediante la implantación "urgente en todo el territorio y todas las autonomías" de las Unidades de Valoración Forense Integral, una necesidad que también ha reclamado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora, con los cambios impulsados desde el Gobierno, "el sistema va a deducir ese riesgo aunque la mujer no quiera o pretenda rebajarlo". Incluso lo hará, tal y como añadió Botella, cuando los cuerpos policiales no aprecien peligro alguno. Y lo hará mediante un sistema basado en once indicadores sobre los que versarán las preguntas de los tradicionales formularios que las víctimas deben contestar para determinar el riesgo. Estos indicadores permitirán que se genere una alarma inmediata, aunque la valoración apunte a un nivel de riesgo leve.

Según el último balance del Ministerio del Interior –a 30 de septiembre de 2018–, del total de los 56.881 casos activos en el sistema VioGen, sólo seis están considerados de riesgo extremo. Le siguen los supuestos en los que el riesgo es alto, un total de 193; a distancia de los de riesgo medio, 5.184. Los más abundantes, con diferencia, son los de riesgo bajo (25.317) y aquellos en los que no se aprecia riesgo alguno (26.181).

Unidades especializadas y preguntas indirectas

Consuelo Abril, abogada especializada en violencia sobre las mujeres, recuerda en conversación con infoLibre que existen dos formas de evaluar el riesgo. La primera atiende a aquella que realizan agentes policiales y la segunda implica a un equipo especializado e interdisciplinar. Del segundo tipo, lamenta la letrada, "hay poquísimas unidades en el país", de manera que el primer paso para mejorar la situación consistiría en incrementar su número. Esto sería, insiste, "un elemento importantísimo para evitar muchos asesinatos".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha hecho eco de esta carencia y llama a ponerle solución. En una de sus medidas, el acuerdo exige "establecer, en el plazo máximo de dos años, las Unidades de Valoración Forense Integral de las que podrán formar parte psicólogos y trabajadores sociales, y que, entre otras funciones, asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo". La Ley Integral de 2004 ya instaba al despliegue de tales unidades.

En cuanto a la estructura de los protocolos, la abogada apuesta por trabajar sobre "preguntas indirectas". Abril pone como ejemplo un caso real sobre el que está trabajando. En las preguntas formuladas a la víctima, se desprende que el maltratador le agrede frecuentemente, tiene antecedentes penales, ingiere sustancias tóxicas y ha maltratado a anteriores parejas. Sin embargo, al preguntar a la víctima respecto a su percepción de riesgo, la mujer responde que lo estima bajo y la valoración final de los profesionales coincide. "El riesgo no lo puede calificar la víctima", denuncia la abogada, porque "no tiene capacidad para ello".

Esquivar este tipo de situaciones, sostiene, sería posible a través de cuestiones indirectas que "aparentemente no tengan nada que ver con el riesgo que ella va a padecer, pero que están revelando el perfil de su maltratador". La víctima, dice, "está atrapada en creer que su maltratador se rehabilite", por tanto a "ella no se le puede preguntar".

En esta línea, la número dos de Interior subrayó que las nuevas preguntas no serán "muy fáciles" ni "básicas", con el objetivo de detectar situaciones reales de peligro. Además, tratar de dirimir la "capacidad agresora" del maltratado "tiene muchísimo sentido", juzga Abril. Conviene determinar "qué es capaz de hacer una persona que desprecia hasta su propia vida" si "se siente acorralada o desesperada", razona la experta.

Trabajar sobre la formación

Paralelamente a los nuevos protocolos, el ministerio pretende incrementar la plantilla de policías y guardias civiles dedicados a combatir la violencia de género. Los nuevos marcadores de los protocolos "van a hacer subir el riesgo de algunos perfiles que antes aparecían como medio o bajos", de manera que será necesario aplicar más medidas de protección, para lo que se necesitarán más efectivos.

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En la tarea de trabajar sobre los agentes especializados pone el acento María Naredo, abogada experta en violencia sobre las mujeres y directora general de prevención y atención frente a la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. "Hay que seguir mejorando el sistema policial, pero ése es un elemento más", reseña. Se trata de una reforma "importante, pero no es lo sustancial".

La abogada pone el foco en "la cantidad de mujeres con riesgo alto o medio que no estaban protegidas", de modo que el reto es también mejorar la formación de los implicados. Se refiere, Naredo, a los agentes policiales y judiciales. "Un sistema informático potente con campos bien definidos me parece bien", pero conviene no olvidar que "en las comisarías no hay agentes formados, no existe sensibilización", observa bajo una mirada manifiestamente crítica.

Naredo cree que, antes de cuestionar cómo son las respuestas de las víctimas en los protocolos, habría que trabajar sobre las preguntas y quienes las plantean. La diana debe estar en "la misoginia, los prejuicios y las trabas de las cuales los agresores se valen para refugiarse en un régimen de impunidad", lamenta la letrada, quien pese a celebrar los cambios anunciados pide "no desviar la atención".