Es cierto: en España hay adoctrinamiento de menores en el medio escolar. En ideas que podrían calificarse como radicales. Y sí, pagado con dinero público. Aunque el fenómeno no se produce allí donde está ahora situado el debate, en torno al bautizado por la extrema derecha como "pin parental", sino en el intocable espacio de influencia educativa de la Iglesia.
Las instituciones públicas, sobre todo las comunidades autónomas, gastan cada año en educación concertada más de 6.000 millones. Es una partida que bate cada año su récord, mientras el gasto en la red pública sigue por debajo de las cifras anteriores a la crisis. Más de un 60% de la educación concertada en España es católica, según Escuelas Católicas. De los 2.706 colegios con ideario confesional en España, 2.446 son concertados, según los últimos datos del INE, de 2014-2015, o 2.452, según la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, más del 90%. Es el Estado, con el dinero de los impuestos de todos, al margen de sus creencias, el que sufraga el ejercicio de los padres de la tan nombrada "libertad de elección" de centro.
Son centros con una ideología más o menos marcada según la congregación. Las comunidades financian colegios controlados por organizaciones de corte integrista y vocación elitista como los Legionarios de Cristo –concretamente, un centro de Regnum Christi– o el Opus Dei. Al igual que estas dos entidades, hay otras como el Movimiento Apostólico de Schönstatt, Educatio Servanda, Fundación Chesterton y Discípulos de Jesús y María que gestionan centros concertados donde se educa a los niños y a las niñas por separado.
Capacidades diferentes
La filosofía subyacente, de base religiosa tradicionalista, es que niños y niñas tienen capacidades diferentes y están llamados a desempeñar papeles distintos en el mundo. No en vano, el Opus otorga a la mujer, en su estructura interna, un papel subordinado al del varón. Ahí está como indicador la figura de las "numerarias auxiliares", sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo, un rol en sintonía plena con la estricta división hombre-mujer de la España nacionalcatólica.
La financiación con fondos públicos de centros que segregan por sexos por motivos religiosos es la expresión del fenómeno más llamativo desde el punto de vista de la aconfesionalidad del Estado. No obstante, esta financiación está reconocida y blindada por la Lomce y, todavía más relevante, avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia. "La educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria", señalaba el fallo, de marzo de 2018, que reconoce el "derecho del centro privado a establecer su ideario".
Del fallo fue ponente Alfredo Montoya, profesor emérito, entre otras universidades, de la San Pablo CEU, dependiente de la Asociación Católica de Propagandistas, y de la mexicana Anáhuac, de Los Legionarios de Cristo. Uno de los firmantes fue Andrés Ollero, miembro de la Obra y diputado del PP durante cinco legislaturas. Ningún otro magistrado planteó objeción de ningún tipo, a pesar de que 62 de los 72 colegios que reciben subvenciones públicas aunque segregan a su alumnado por sexos tienen vínculos con el Opus. No se consideró que Ollero tuviera un conflicto de lealtades.
"Adoctrinar" vs "educar"
"Adoctrinar es enseñar que sólo hay un camino. Y eso es lo que hace la Iglesia. Educar, precisamente, es mostrar todo el catálogo para permitir la elección. Están acusando de adoctrinamiento los que tienen los confesionarios metidos en los colegios", afirma Marian Moreno, profesora y experta en coeducación, miembro del sindicato Suatea. Marian recalca que en el ámbito de la concertada católica, junto a colegios con un "ideario abierto y plural", hay otros con "idearios reaccionarios y muy cerrados". "El caso del Opus, que empieza por separar a niños a niñas, es de los más extremos. Y además esta división supone un ataque a los derechos de niños y niñas, porque para enseñar convivencia, que es lo que hay en la sociedad, hay que entrenar convivencia", señala.
A juicio de Moreno, los defensores de la censura parental pretenden excluir de la "educación pública" la formación en "igualdad, diversidad y educación sexual". "Así pretenden condicionar el debate sobre educación", señala Moreno, premiada por la Unesco por el programa Skolae.
El reverso de la polémica
Todo esto podría constituir el reverso de la controversia sobre el "pin parental" y el "adoctrinamiento". Se trata en realidad de una una polémica más política y mediática que educativa, realmente, porque incluso Escuelas Católicas rechaza la medida acordada por PP, Vox y Ciudadanos en la Región de Murcia y Andalucía. Pero ha servido para poner sobre la mesa las cartas del debate. ¿Con qué resultado? Mientras se hablaba de los límites de la autonomía de los docentes de la enseñanza pública, no se ha cuestionado ni la libertad de las familias para llevar a sus hijos a estos centros católicos –libertad consagrada por la Constitución–, ni la financiación pública del ejercicio de esa libertad, ni el derecho de los docentes a ofrecer a los alumnos una visión del mundo marcada por la religión. Tampoco se ha cuestionado el hecho de que este sistema podría atentar contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas.
Hay argumentos para sostener que podría ser atentatorio contra este derecho incluso en los votos particulares de la propia sentencia del Constitucional. El magistrado Fernando Valdés, por ejemplo, invocaba el artículo 27.2 de la Constitución, que dice así: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". En su voto particular, Valdés afirmaba que la "segregación" por razón de sexo supone un impedimento de la educación "a partir de una percepción democrática de los acusados conflictos de género que en nuestra sociedad aún se mantienen". La escuela, añadía, queda con esta sentencia cuestionada "como espacio de excelencia de socialización y convivencia en la igualdad desde la infancia más temprana". También emitieron votos discrepantes los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, que sostuvo que "la segregación sexual binaria en los centros docentes privados vulnera la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo" y se basa "en el tópico de la diferencia de talento y capacidades entre los sexos".
Una situación "normalizada"
"Siempre que sale la cuestión de la supuesta ideología y el adoctrinamiento en las escuelas, se obvia por completo la educación religiosa pagada con fondos públicos. Resulta casi zafio, pero les funciona", señala a infoLibre Jorge García, responsable de Movimiento Hacia un Estado Laico, una de las organizaciones que más insistentemente reclama una "escuela pública y laica, como garante de inclusividad y libertad". Este colectivo se opone tanto a la asignatura de Religión en los centros públicos-públicos –especialmente si es evaluable–, como a la financiación pública de educación privada –lo que se conoce como concertada–. "Con los acuerdos del 79 [del Estado con el Vaticano], tanto una cosa como la otra están normalizadas", afirma.
El que esté "normalizado", como señala García, no significa que no se produzcan a veces controversias en torno a la ideologización de los centros concertados. Hay ejemplos, casi siempre vinculados a episodios concretos. Un concertado católico de Alcorcón (Madrid), el Juan Pablo II, organizaba talleres de ganchillo para niñas y visitas al estadio Santiago Bernabéu para niños. El centro mantiene el concierto con la Comunidad de Madrid. En otro concertado católico de Madrid, Santa María de la Hispanidad, hubo incluso una revuelta de alumnos ante la obligatoriedad de las niñas de llevar falda.
Conservadurismo
Otro centro católico financiado con fondos públicos de Madrid, Salesianos de Estrecho, proyectó en 2018 a sus alumnos de Secundaria un vídeo que sostiene que "los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres" y, por ello, "para triunfar hay que tener costumbres de ricos". ¿Es sólo una anécdota? Algo más. Precisamente por lo que hay detrás. Porque la Iglesia, especialmente algunas organizaciones fuertes en el terreno educativo como el Opus, no defienden un ideario neutro, ni fácil de compatibilizar con los valores "inclusivos" que sobre el papel defiende el sistema educativo español, sino posiciones moralmente tradicionalistas e inclinadas hacia el espectro neoliberal.
El sesgo ideológico de la escuela católica española tiene orígenes históricos. Y no sólo por la inclinación nítidamente conservadora de la institución, garante durante siglos del orden social jerarquizado y la disciplina de las clases bajas. La escuela ha sido para la Iglesia durante siglos, pero especialmente desde el XIX, el campo decisivo de la gran batalla de poder y el dique contra el avance del librepensamiento. El resultado lo sintetiza Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013) "Su imagen [de la escuela pública] de institución limitada a una suerte de guardería de niños de extracción social baja, de pobres y para pobres, y sostenida de manera precaria con los escasos recursos municipales –con maestros mal pagados y locales inadecuados– perduró hasta bien entrado el siglo XX".
Fue precisamente durante la Segunda República, que construyó unas 10.000 escuelas, cuando la Iglesia elevó la educación a la categoría de gran problema nacional. El franquismo le devolvió a la Iglesia y sus congregaciones el control de la educación, que empezó a perder en los años 70. No obstante, el sistema público incorporó la escuela católica mediante el sistema de conciertos, con la ley educativa de 1985. De modo que jamás se ha pinchado el boom de colegios congregacionistas, que hoy son parte consustancial del sistema. Y se beneficia de miles de millones de euros al año.
Causa de segregación
Los mecanismos encubiertos de selección del alumnado de este tipo de centros concertados, en su mayoría católicos, explican en buena medida los alarmantes datos de segregación escolar en España. Se trata de un modelo con fondo ideológico, que responde a un sistema de planificación no sólo educativa sino también social. Pero la Conferencia Episcopal Española (CEE), dando la vuelta a la relación causa-efecto que vincula el nivel socioeconómico con los resultados académicos, suele lanzar otra idea, que también tiene implicaciones ideológicas: la concertada es mejor porque obtiene mejores resultados y prepara mejor para el mercado laboral y el éxito profesional. El portavoz económico de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, lo ha explicado con estos términos: "Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar". En ocasiones la CEE llega más lejos. En su memoria económica de 2015 recogió entre las ventajas de estudiar en centros católicos las siguientes: "Mejora de la salud", "mayor tendencia a las donaciones" y "reducción de la criminalidad".
A los brazos educativos de esta institución, que defiende un modelo educativo y un abanico de valores muy determinados, le entrega cada año el Estado la educación –pagadas con fondos públicos– de casi un millón y medio de alumnos, según los datos de la CEE (si bien el dato también incluye los centros privados sin financiación pública). Y todo ello mientras se discute si los padres tienen derecho o no a vetar una charla sobre inclusión o diversidad sexual en la escuela pública. El debate sobre el pin censor es una prueba del desequilibrio sobre la conversación educativa en España.
Un modelo, unos valores
Gracias a la fuerza de la Iglesia en el modelo, el sistema existente en España se resume así: hay una malla pública, en la que la Iglesia impone los contenidos de Religión y los imparte con docentes pagados por el Estado; y una malla privada, católica en más de un 60%, también pagada por el Estado y donde las congregaciones gozan de un amplio margen para la formación religiosa. Aunque en teoría el modelo de concertación era coyuntural, en la práctica se ha consolidado y ampliado. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada se aproxima al 30% de toda la oferta estatal. Dicho modelo queda consagrado por la Lomce, que aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Además aporta cobertura al discurso de la "capacidad", el "mérito" y el" esfuerzo", conceptos santificados por las patronales de la concertada católica, que a su vez son los grandes valedores de que los principios de "demanda social" y "libertad de elección" sean los que guíen la planificación de plazas. Es un discurso pegado al del PP, Vox y Cs.
De modo que la Iglesia no es neutra ideológicamente, ni aplica neutralidad en el campo escolar. Primero, porque la religión y la ideología están hermanadas. Segundo, porque el modelo educativo que defiende, esencialmente el que propugnan el PP, Cs y Vox, se incardina en un marco ideológico derechista. No hay que olvidar que es el modelo de doble red el que ha permitido a la Iglesia compensar en las aulas el retroceso de su influencia religiosa como resultado de la secularización. Y, en tercer lugar, porque la jerarquía católica tiene además un sesgo nítidamente conservador en España en comparación con otros países europeos. Una parte significativa de la cúpula episcopal no sólo está en sintonía ideológica con Vox y el ala más nacionalista del PP, sino que ha venido alimentado durante tres lustros ese discurso que ahora se impone.
Opus, Legionarios...
El acento neoliberal de la jerarquía católica ha venido marcándose con más y más claridad desde la Transición. Hoy no hay referencias progresistas de la influencia que tuvo Tarancón. La cúpula eclesial española encontró su mejor acomodo bajo el papado de Juan Pablo II (1978-2005), marcado por la ostentación desinhibida de la riqueza de la Iglesia, el pacto de familias vaticanas para poner sordina a los escándalos de la banca vaticana y la represión de la Teología de la Liberación. Juan Pablo II convirtió en su prelatura personal al Opus Dei, grupo próximo a la llamada "Teología de la Prosperidad", que incide en la bendición de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. El Opus Dei, a través de Fomento y Attendis, acumula una enorme fuerza en el ámbito educativo en España, con más de 24.000 alumnos, según sus propios datos.
La educación católica concertada no es sólo cosa del Opus, por supuesto. También están los salesianos y los jesuitas, entre otros muchos grupos de histórica tradición educativa. O la Asociación Católica de Propagandistas, también muy asentada en este ámbito a través de los colegios CEU. Ademas, hay otras entidades con un perfil ideológico –aún– más marcado, como el movimiento Comunión y Liberación. O los Legionarios de Cristo, que no ha visto mermado su tirón educativo –no sólo escolar, también universitario, con la Universidad Francisco de Vitoria– por el hecho de que sea ya público y notorio que su fundador, Marcial Maciel, fue un pederasta hiperactivo. Los Legionarios – a través de Regnum Christi, su brazo seglar– controlan también un concertado, el Reial Monestir de Santa Isabel, en Barcelona.
Universidad
El ámbito universitario aumenta el sesgo social de la Iglesia católica. La institución católica es hoy la principal beneficiaria del boom de la universidad privada en España, un éxito que sería imposible sin alimentar su cantera en la primaria y la secundaria mediante el sistema de conciertos públicos. En las universidades católicas, ya totalmente privadas, la Iglesia expresa su ideología y su sinergia con las élites de forma aún más desinhibida. El Opus Dei y la Compañía de Jesús destacan en este campo. Las business schools del Esade (jesuitas) y el IESE (Opus) son dos de los núcleos de formación de directivos más reconocidos de España. Un análisis de la revista La Marea señala que que, de los 433 hombres y mujeres que se sentaban en 2018 en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35, 170 habían tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia.
¿Ideología en las aulas? Sí que la hay. Y mucha. Pero no se arregla con un "pin parental".
Es cierto: en España hay adoctrinamiento de menores en el medio escolar. En ideas que podrían calificarse como radicales. Y sí, pagado con dinero público. Aunque el fenómeno no se produce allí donde está ahora situado el debate, en torno al bautizado por la extrema derecha como "pin parental", sino en el intocable espacio de influencia educativa de la Iglesia.