El pacto estatal contra la violencia machista queda debilitado ante la falta de presupuesto

Más de 40 ciudades se preparan para la celebración este miércoles de manifestaciones contra el "incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Las organizaciones feministas que han secundado la convocatoria, que ascienden a más de 250, reclaman los 200 millones de euros anuales prometidos por el Gobierno y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Sin ellos, señalan, "no se puede cumplir con el Pacto de Estado" ni llevar a cabo las medidas integrales. El incumplimiento de una, opinan, hace que "el resto queden completamente descafeinadas". Las organizaciones critican, asimismo, que tras la "movilización feminista histórica" del 8M el Gobierno se haya puesto "el lazo morado para terminar finalmente con una reducción brutal de 120 millones".

En una rueda de prensa convocada este lunes, varias de las portavoces que organizan las marchan han asegurado ante los medios que sin el cumplimiento presupuestario las acciones que establece el pacto serán "papel mojado". La medida 206 del acuerdo afirma que "los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios" y  "a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas" en el pacto. El proyecto presupuestario de 2018, no obstante, "ordena sin tener competencia para ello a los 8.000 ayuntamientos y las 17 comunidades autónomas que lo saquen de su sistema general de financiación". Este "recorte del 60% del presupuesto pactado", aseveran las organizaciones feministas, afecta a la prevención en centros educativos y sanitarios, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad, "atribuida por el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas".

Loreto de la Carrera, portavoz de la asociación La Sur, cree que actualmente el movimiento feminista en España experimenta una cuarta ola cuya reivindicación se centra en la necesidad de políticas públicas. El compromiso por parte de la administración pasa necesariamente por la puesta en marcha de un presupuesto suficiente para la implementación de medidas capaces de encauzar la lucha contra la violencia de género. El incumplimiento de lo acordado a nivel presupuestario tendrá por tanto consecuencias en aquellas medidas que afectan directamente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, precisamente las entidades más importantes por su cercanía y su trabajo con las víctimas.

Educación y sanidad, mermadas

Los 100 millones "negados a las comunidades autónomas", lamentan las organizaciones feministas, repercuten sobre 47 medidas del pacto. La prevención, detección precoz y atención son los principales ámbitos que se ven mermados por la escasez presupuestaria, lo que afecta de forma evidente a la educación y la sanidad. En la esfera educativa, "casi diez millones de estudiantes" quedarán exentos de la información necesaria en materia de igualdad y violencia de género, concretamente 8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria y 1,5 millones en las universidades, según relatan las asociaciones. Ese presupuesto, recalcan, debería ir destinado a prevenir las distintas violencias sexuales, a incidir en la formación del profesorado y a la elaboración de informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como a desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

El Pacto de Estado contempla en su primer bloque, relativo a la sensibilización y prevención, una serie de medidas centradas en la educación que buscan, entre otras cuestiones, "reforzar y ampliar" los valores "igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos", implicar a las "Unidades de Igualdad de las universidades en la realización de estudios sobre el impacto del acoso" o incluir "contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes". Lola Pérez, miembro del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, recuerda que las comunidades autónomas tienen en su mano la elaboración de protocolos de prevención precoz en el ámbito educativo, de forma que "sin dinero" será para ellas "muy difícil" cumplir con dicho cometido.

En cuanto a sanidad, señalan las feministas, "no se aplicarán las medidas para centros de salud y hospitales. Quedará igualmente mermada la coordinación con los servicios de atención jurídica , psicológica y social, policía y juzgados de violencia contra la mujer en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles". 

Lola Pérez resalta que, además, el sistema de acreditación para la condición de víctima, necesario en todas las comunidades autónomas para poder acceder a recursos específicos para las víctimas, también quedará ampliamente debilitado sin el presupuesto necesario. En este sentido, el Pacto de Estado habla de reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, entre otras cuestiones, en su artículo 17, respecto al llamado título habilitante. El acuerdo estatal apela a simplificar los mecanismos por los que las mujeres pueden acceder a dicho título, que acredita cuándo una mujer es víctima de violencia de género. De este modo, las mujeres, según el pacto, no necesitarán presentar una denuncia para ser consideradas como tal. Esto es importante, sostienen las organizaciones feministas, porque la mayoría de mujeres asesinadas no presenta denuncia, de modo que ésta no debe ser requisito fundamental para acreditar una situación de violencia y proteger a las mujeres que la sufran. "Es necesario más presupuesto para que haya más profesionales" que trabajen en la detección y confirmación de estas situaciones, estiman.

"En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no se pondrá en marcha un nuevo sistema, compartido por comunidades y entidades locales, de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socieconómica y de seguridad", sostienen las organizaciones, que en este sentido ponen sobre la mesa la necesidad de invertir en medidas como los puntos de encuentro familiar, los recursos de atención a las mujeres que ejercen la prostitución o la urgencia de poner en marcha las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero y las migrantes sin papeles.

Trabas en la atención y acompañamiento de víctimas

Los 20 millones que el Gobierno ha obviado para los ayuntamientos afectan a, según las organizaciones, al menos una docena de medidas enmarcadas en el Pacto de Estado. Uno de estos puntos es el 61, que habla de modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para que ésta pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad y contra la violencia de género.

A juicio de las organizaciones feministas, la restitución de las competencias en materia de igualdad y violencia machista a los ayuntamientos es fundamental para permitirles "la contratación de personal y garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres y a los menores" a su cargo.

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En este sentido, Helia del Rosario, activista de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas, recalca la especial importancia de las entidades locales por su labor de "cercanía y atención directa", además de la "atención integral para las familias". Los escasos recursos con los que cuentan estas administraciones, lamenta, propicia que sean las asociaciones quienes asuman tareas como el acompañamiento a las víctimas, que deben "no sólo enfrentarse al agresor, sino también a todos los requerimientos" a nivel burocrático, lo cual se torna especialmente sangrante en el ámbito rural.

Pese a las dificultades, señalan, "muchos ayuntamientos, sin competencias por la reforma del Régimen Local en 2013 y aplastados por el techo de gasto, están respondiendo" a las agresiones sexuales "frente a la inhibición del Estado central". Para muestra de las carencias a nivel local, subrayan, la polémica sentencia de La Manada "minusvalora los servicios sociales y de la policía municipal y foral, así como la asistencia psicológica a la víctima en el Cimascam [el centro presta tratamiento psicológico, orientación, apoyo, asistencia y defensa jurídica a las víctimas] de la Comunidad de Madrid".

Para las organizaciones feministas, "hay una mala respuesta judicial, no hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de prácticas machistas y violentas". De hecho, denuncian, la Macroencuesta de 2015 indica que el 7,2% de la población femenina de más de 16 años ha sufrido violencia sexual por parte de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja. Ante este escenario, existe, a juicio de la estudiante y activista Carmen Blanco, una "necesidad inmediata" de introducir "medios para prevenir la violencia sexual y proteger a las mujeres", algo que sin el debido compromiso presupuestario y la cesión de recursos para fortalecer a los ayuntamientos se presenta como una tarea imposible de cumplir y por tanto "una ofensa para las víctimas".