Memoria histórica

¿Qué Parlamentos han condenado el franquismo?

El Parlament condena el franquismo y pide investigar delitos de “represión” de la dictadura

El pleno del Parlament de Cataluña aprobó, el pasado 3 de marzo, una moción presentada por la CUP en la que se condenan por unanimidad "todas las formas de fascismo, incluída la dictadura franquista" y se insta a la Fiscalía General del Estado a investigar "de forma inmediata y prioritaria" los delitos de lesa humanidad y otros relacionados "con la represión, violencia o la persecución ejercida contra la disidencia política y social durante la Guerra Civil y la dictadura franquista". Todo ello con el objetivo de aclarar las responsabilidades penales que pueden atribuirse a todos sus responsables, amparados por una Ley de Amnistía, aprobada en 1977, que diversas organizaciones y la propia ONU se han encargado de denunciar en repetidas ocasiones al considerar que impide el cumplimiento de la normativa internacional sobre derechos humanos.

El texto, que también pide anular los "procesos ilegales" desarrollados durante la dictadura y potenciar las políticas públicas de memoria histórica, fue ampliamente debatido en la Cámara catalana. En esta ocasión, los parlamentarios de Ciudadanos y el PP no abandonaron el hemiciclo, tal y como sucedió en octubre de 2013 en una votación similar tras un duro cruce de reproches en relación a la manifestación del 12 de octubre apoyada por las dos formaciones conservadoras. "Condenamos el franquismo, un régimen que impidió ejercer la libertad y la democracia", apuntó Sergio Sanz, diputado de la formación naranja. Por su parte, el portavoz del PPC, Enric Millo, pidió la lectura del primer punto para que quedase claro a qué se adhería su partido.

A pesar de estos gestos institucionales, la Ley de Memoria Histórica se encuentra bloqueada. El Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy eliminó por completo durante la pasada legislatura las partidas económicas destinadas a esta materia, a pesar de que España sigue siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de desaparecidos: 115.000, según datos que ofreció en 2014 Rights International Spain (RIS). Desde las asociaciones memorialistas condenan el olvido al que están siendo sometidas las víctimas de la dictadura y echan en falta pasos como el de este jueves en el Parlament y actos institucionales similares al celebrado en el Senado en memoria a las víctimas del holocausto.

Pero, ¿qué Parlamentos han condenado de forma clara la dictadura franquista?

Cataluña

No es la primera vez que el Parlament de Cataluña da un paso en esta línea. El 13 de diciembre del año 2000 la Cámara aprobó, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre "la recuperación de la memoria histórica de la represión franquista" en la que, entre otras cosas, se incluía un apartado en el que se expresaba la "condena moral" contra el régimen dictatorial de Francisco Franco y contra todos aquellos "responsables de los crímenes, la persecución, la barbarie y el exilio". Sin embargo, del texto inicial, presentado por Joan Ridao, se sustituyó el punto en el que se reclamaba que el presidente del Gobierno, entonces José María Aznar, pidiese disculpas en nombre del Estado "por las injusticias cometidas durante el régimen franquista", debido al rechazo del PSC y del PP.

En su lugar, y con el fin de generar consenso, la enmienda aprobada invitaba "a las instuciones del Estado a condenar moralmente las injusticias cometidas durante el franquismo, como un instrumento de elemental reparación histórica". Así, durante el debate, el entonces portavoz del PP catalán, Josep Curto, afirmó que su formación estaba dispuesta a expresar "la condena moral y política de todas las dictaduras, incluida la franquista, y sin ningún tipo de reserva". De esta forma, quedó aprobado por unanimidad un texto que, entre otras cosas, condenaba "la arbitrariedad de las acusaciones", la "falta de legitimidad de los consejos de guerra" y pedía la retirada de todos los símbolos franquistas.

El Parlament se ha pronunciado en dos ocasiones más al respecto. Trece años después, el 10 de octubre de 2013, la Cámara dio luz verde a la conocida como Moció 47/X, un texto presentado por el diputado Jaume Bosch, del grupo parlamentario ICV-EUiA, en el que se expresaba una condena de "todas las declaraciones o actividades que supongan cualquier tipo de enaltecimiento, trivialización, exculpación o negación del nazismo, el franquismo y el resto de regímenes fascistas, totalitarios y dictatoriales" y se instaba al Govern a que cooperase "con todos los organismos judiciales internacionales que investiguen los crímenes contra la humanidad" cometidos durante la dictadura. Finalmente, en febrero de 2015, la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó una resolución, presentada por ICV-EUiA, de apoyo a la querella argentina de la jueza María Servini. El texto salió adelante gracias a los votos favorables de CiU y ERC –el PSC se abstuvo y el PPC se pronunció en contra–.

País Vasco

Un texto similar –firmado conjuntamente por PNV, EH Bildu y PSE-EE– recibió el respaldo del Parlamento vasco en junio de 2013. A pesar de los votos en contra de PP y la abstención de UPyD, que no se pronunció al tratarse de una proposición no de ley que partía de la izquierda abertzale, los síes de los tres partidos permitieron su aprobación. Así, la Cámara vasca manifestaba "su apoyo y adhesión" a la querella argentina y su denuncia a "la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco, en julio de 1936, contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 1931, y la posterior guerra" y al "régimen dictatorial posterior que durante cuarenta años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia".

"Unos, los que ganaron, honraron a sus muertos. Otros, los que perdieron, no pudieron hacerlo", apuntó el socialista Mikel Unzalu. Por parte de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero cargó contra la Ley de Amnistía de 1977 y se preguntó: "¿Cómo es posible que los tribunales españoles no sean competentes para investigar los crímenes de la dictadura española y sí los de la dictadura argentina?". Desde el PP atacaron con los "vómitos de demagogia" de la izquierda abertzale por, según los conservadores, ser tan beligerante con el franquismo cuando no lo son con los crímenes de ETA. "Es inadmisible que diga esto un grupo que sí apoya y cobija a criminales", añadió Gorka Maneiro, de UPyD. Ambos partidos no dudaron en calificar a la banda terrorista como "último vestigio del franquismo".

Navarra

En marzo de 2003, el Parlamento de Navarra aprobó, por 28 votos a favor y 22 abstenciones –de UPN– una declaración de "reconocimiento" y "reparación" de todas aquellas personas que fueron fusiladas y represaliadas en 1936. "Los familiares debieron sumar al drama de la pérdida de un ser querido, toda la injusticia derivada de una guerra y la dictadura impuesta", señalaba el texto, que además condenaba los "actos criminales que se llevaron a cabo no sólo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del Alzamiento, sino en algunos casos con su participación directa". El pleno fue bastante agitado. El entonces presidente de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, fue abucheado por el público durante su intervención.

Ya en 2011, la misma Cámara dio luz verde a otra resolución en la que se instaba a los Gobiernos de España y de Navarra a que "condenen y reprueben, formalmente, la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista". Además, el texto, de tres puntos, también recogía el deber de considerar "nulas de pleno derecho" las sentencias "represivas dictadas por los Juzgados Especiales, tanto militares como de otro orden, durante la guerra y con posterioridad, en la dictadura" e instaba a que se acordase "la efectividad de dicha declaración de nulidad de pleno derecho".

Galicia y Andalucía

Galicia y Andalucía tampoco se quedaron atrás en esta materia. En la primera comunidad, el Parlamento gallego aprobó, en octubre de 2008 y durante el debate sobre el estado de la autonomía, una resolución, propuesta desde las filas socialistas y nacionalistas, en la que se condenaba de forma explícita la dictadura franquista. Un texto aprobado por todos los partidos políticos que decía: "El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a proseguir con las acciones dirigidas a recuperar y dignificar la memoria de las víctimas de la represión franquista y de la Guerra Civil, eliminar los símbolos, denominaciones y referencias franquistas de calles y edificios públicos, así como a colaborar en la identificación de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la dictadura franquista, que este Parlamento una vez más, condena".

La Cámara andaluza, por su parte, decidió sumarse, al igual que País Vasco y Cataluña, a la querella argentina. Así, la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales aprobó una proposición no de ley presentada por los socialistas andaluces, con el apoyo de IU, en la que se manifestaba el apoyo a la causa instruida en el juzgado número 1 de Buenos Aires y se instaba al entonces Consejo de Gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía –paso que se dio el pasado mes de octubre– y a "apoyar y fortalecer las actuaciones de las asociaciones y colectivos relacionados con la memoria histórica andaluza".

Congreso de los Diputados

Sin embargo, el acontecimiento más mediático en este sentido sucedió en el Congreso de los Diputados un 21 de noviembre de 2002, cuando se cumplían 27 años de la muerte del dictador. Así, ese día, la Comisión Constitucional de la Cámara baja aprobó por unanimidad reafirmar "el deber" de la sociedad "de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". Además, se instaba a que cualquier iniciativa impulsada por las familias de las víctimas recibiese "el apoyo de las instituciones", aunque "evitando que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil".

Un texto propuesto por los conservadores, que el resto de grupos parlamentarios negociaron y terminaron asumiendo, con el que se buscaba dejar "las dos Españas" y evitar el "rosario de iniciativas" parlamentarias que se fueron proponiendo sin consenso alguno. Casi todos los grupos calificaron el día como "una jornada histórica", teniendo en cuenta que el PP siempre había rechazado sumarse a este tipo de textos. Incluso el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se pronunció al respecto y aseguró que la resolución estaba "pensada para la reconciliación y la concordia entre los españoles". 

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