La legislatura de Jorge Azcón (PP) que acaba de terminar ha girado alrededor de los centros de datos, que según él atraerán 75.000 millones de euros a la región, aunque también han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la Comunidad.
Aragón tiene ya en operación tres campus de Amazon (a través de Amazon Web Services), aunque se espera que aterricen muchos más en los próximos años, con la expansión de los tres actuales y la puesta en marcha de otros diez, algunos de ellos con varios centros diferentes. Esta lista solo incluye los proyectos que ya se consideran PIGA –Proyecto de Interés General para Aragón–, y a ellos podrían sumarse otros dos más anunciados por Amazon y Vantage en Teruel y Zaragoza, que irán acompañados de otra lluvia milmillonaria de dinero.
Este aluvión de anuncios es precisamente lo que genera un fuerte desconcierto en la región, donde da la sensación de que solo trascienden grandes anuncios, pero no está claro lo que hay detrás de ellos. Está ampliamente demostrado que esta tecnología conlleva un fuerte incremento del consumo de energía y agua que preocupa a activistas y vecinos, y estos denuncian que hay poca transparencia sobre el costo ambiental de los centros de datos y de la huella real que dejarán en la economía aragonesa.
La Fundación Basilio Paraíso publicó en septiembre un informe sobre los nueve proyectos que ya contaban entonces con un PIGA –desde entonces se ha sumado otra gigainversión de Forestalia–, y estimaba que la demanda de estas plantas será de entre 3.185 MW y 2.435 MW, en función de si se contempla un escenario optimista u otro conservador, respectivamente. Eso se traduce en un consumo anual de entre 21,3 y 27,9 TWh de luz, entre un 190% y un 249% más que la demanda eléctrica de Aragón en todo 2024. A esas cifras habría que sumar tres campus no incluidos en el informe. Comparado con el consumo de luz de España de 2025, el escenario optimista equivaldría al 11% de la demanda nacional.
De hecho, los tres campus ya operativos de AWS se empiezan a notar en el consumo eléctrico aragonés, que creció en 2025 un 9,2%, según publica El Periódico de Aragón. Aunque es cierto que la Comunidad genera más luz de que la que consume en la actualidad, esta se vierte a la red nacional y ahí se reparte, de manera que el superávit energético de Aragón no se podría explotar.
Esta circunstancia, sin embargo, no genera debate de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Azcón, que aspira a la reelección, responde en sus entrevistas que quiere continuar con su proyecto de atraer inversiones tecnológicas, mientras que el PSOE mantiene un apoyo condicionado a la llegada de estas compañías. Por su parte, Vox –hasta diciembre, socio del PP en Aragón– pide que se contrate personal de la comunidad en las instalaciones de datos, y Chunta Aragonesista –cuarto partido en intención de voto– reclama transparencia y claridad sobre su impacto en la región.
Luis García, de Ecologistas en Acción y encargado de la campaña contra los centros de datos, advierte de que el asunto está pasando desapercibido. "No se está hablando tanto como se debería y la oposición debería tener una postura más firme contra ellos", opina el activista. Aunque por ahora no ha habido un enfrentamiento abierto alrededor de las tecnológicas, la polémica podría llegar a la primera línea durante los debates electorales de los próximos días, donde previsiblemente se abordará este asunto.
Fuentes del PSOE aragonés, el principal partido de la oposición liderado por la exministra Pilar Alegría, afirman que no tienen "una oposición frontal" a estas inversiones, pero que quieren más transparencia sobre su demanda eléctrica y de agua. "Ya funcionan tres centros de AWS desde hace dos años y no tenemos certezas de cuál es su consumo real", critican. También subrayan que si llegan al Gobierno crearán un impuesto para estas instalaciones que se destinará a los ayuntamientos donde están ubicados.
Libres de impuestos locales
La fiscalidad es una de las principales críticas de esta carrera del PP aragonés por atraer la nueva industria. Todos los proyectos van acompañados de un DIGA –Declaración de Interés General de Aragón– y un PIGA negociado con el Gobierno autonómico que garantiza un procedimiento acelerado de tramitación y un recorte de impuestos inmenso.
Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento a aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y en la práctica todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto cae en su municipio. El recorte del IBI solo se ejecuta durante los primeros cinco años de operación.
Óscar Lobera, autor del estudio, opina que las figuras PIGA y DIGA son un aliciente importante para que Aragón sea el epicentro de esta tecnología en España, aunque "limitarlo a eso no sería justo", opina. Según él, los puntos fuertes son la gran cantidad de territorio libre, la cercanía a grandes ciudades –"a 300 kilómetros de Zaragoza está el 80% del PIB del país–, una instalación potente de fibra óptica y un excedente de recursos de luz y agua.
Según sus cálculos, los nueve proyectos que ha estudiado consumirán de media entre 8,5 y 9,4 hectómetros cúbicos de agua al año, según los escenarios de despliegue prudente y máximo, aunque ambas cifras podrían subir o bajar un 50% en función de la tecnología que apliquen las compañías. Como referencia, el consumo de agua de Zaragoza en 2024 fue de 61,4 hectómetros cúbicos.
La preocupación ambiental alrededor del agua es el asunto que más asperezas ha levantado entre las organizaciones vecinales y activistas. Ecologistas en Acción ha sido una de las organizaciones más activas contra ellos y ha presentado alegaciones a todos los proyectos de declaración de interés general propuestos por el Gobierno de Aragón, con ningún éxito hasta ahora. Eso ha llevado a la organización a iniciar esta semana los trámites para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el PIGA de Amazon Web Services.
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Luis García, de Ecologistas, subraya que lo que más le preocupa es la falta de transparencia. "Es gravísimo que se apruebe algo así solo fiándonos de la palabra de la compañía. Cualquiera que vea la memoria justificativa del proyecto se encontrará con que Amazon dice que va a aportar X millones a la economía local, pero no hay cálculos. Y el Gobierno tiene la desfachatez de aprobarlo", opina. Por ahora solo han denunciado el procedimiento de AWS, pero esperan que si llega a buen puerto les sirva como base legal para ir a por el resto.
Los puestos de trabajo también son motivo de polémica alrededor de estas instalaciones, porque Azcón ha sacado pecho de que las inversiones dispararán el empleo en la Comunidad. Los centros de datos movilizan miles de puestos durante su construcción, pero su operatividad posterior requiere de muchos menos trabajadores.
Los nueve proyectos analizados por Óscar Lobera generará entre 150 y 900 puestos de trabajo durante su fase de operación, siendo el de Microsoft el que más empleados tendrá, si finalmente se lleva a cabo. Durante la fase de construcción se crearán cada año entre 12.000 y 17.300 puestos de trabajo, incrementando entre un 2% y un 2,75% el empleo en toda la Comunidad de manera temporal.
La legislatura de Jorge Azcón (PP) que acaba de terminar ha girado alrededor de los centros de datos, que según él atraerán 75.000 millones de euros a la región, aunque también han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la Comunidad.