Los abusos de la banca

Pedraz no puede cerrar el ‘caso Banco de Valencia’ porque Hacienda no le asigna peritos

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

La ausencia de funcionarios que determinen las presuntas irregularidades de los anteriores dirigentes de Banco de Valencia impide al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz finalizar las investigaciones sobre el caso.

Ante esta situación de bloqueo, que dura ya casi siete meses, Pedraz se ha visto obligado a dirigir una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que asegura que la participación de los peritos es "imprescindible", al tratarse de un procedimiento penal de especial trascendencia.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha visto como se estancaban las tres primeras acusaciones del caso Banco de Valencia, ya que no dispone de dos peritos arquitectos que se encarguen de determinar el valor real de las operaciones urbanísticas investigadas.

El magistrado solicitó el pasado 24 de noviembre de 2013 la designación de dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria que fueran capaces de emitir un dictamen sobre la corrección de las tasaciones. Además, quería que estos empleados públicos determinaran el valor de tasación en su contexto temporal, con la intención de establecer el perjuicio generado a la entidad financiera valenciana.

La negativa de Hacienda

Pero unos días después, el 2 de diciembre, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Ménéndez, contestó con una negativa. Según ha podido comprobar infoLibre, el responsable de Hacienda justificó esta decisión por "la escasez de medios personales propios existentes".

Para el director general de la Agencia Tributaria, si suministrara los dos empleados públicos para investigar el caso, se mermarían las posibilidades de actuación que "en el cumplimiento de los intereses generales, corresponden a la Agencia Tributaria, ocasionando riesgo para el normal funcionamiento del servicio público que le compete, con la consiguiente lesión de los intereses colectivos que tutela".

Además, Menéndez sostiene que la "ausencia de medios humanos" para prestar la colaboración con Pedraz "es una realidad probada" porque la Agencia Tributaria mantiene un contrato de asistencias técnicas que permanece vigente.

Una empresa privada

Así, el director general de Hacienda apunta también, para prestar el servicio que solicita Pedraz, la propia Agencia Tributaria tendría que recurrir a una empresa privada con la que tiene firmado un contrato, denominada Valoraciones Mediterráneo. "Por consiguiente, las circunstancias concretas del caso hacen más lógico que la solicitud de colaboración se dirija a los propios colegios de profesionales competentes en la materia que, en suma, serían los que llevarían a cabo la pericia solicitada a la Agencia Tributaria".

Con esta respuesta, y ante el evidente bloqueo de la investigación, Pedraz se ha visto obligado a dirigir una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que el juez reitera su petición, destacando que en el caso Banco de Valencia se investigan delitos "cuya comisión ha afectado notoria y notablemente a la economía nacional", hasta el extremo de que fue necesaria la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB).

En la carta, el juez explica que el auxilio de los funcionarios se acuerda por la necesidad de comprobar el contenido de las querellas presentadas por el FROB, un organismo dependiente del Gobierno, en las que asegura que las tasaciones se realizaron de una forma que incumplía la normativa. Entre estas presuntas irregularidades estaría la incorporación de aprovechamientos urbanísticos que no habían sido consolidados.

Atender la petición

"Por eso, se ha acordado dirigirle este despacho, comunicándole todas estas incidencias para que disponga lo necesario y atienda la petición inicialmente formulada, en orden a designar dos funcionarios, peritos arquitectos, de la Administración Tributaria que ejerzan la pericia encomendada", finaliza Pedraz.

En este sentido, el magistrado justifica su determinación porque los funcionarios "son expertos objetivos e imparciales, sin vinculación privada con ninguno de los contendientes y su imparcilidad viene determinada por su condición de funcionarios públicos, cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales".

Un agujero de 17.000 millones

El Banco de Valencia es una entidad centenaria que ha necesitado más de 17.000 millones de euros para evitar su quiebra, según el Tribunal de Cuentas. De esta cifra, 6.000 millones se le atribuyen en concepto de línea de crédito que gestiona su ahora propietaria: Caixabank. La entidad liderada por Isidro Fainé se hizo con el control del banco por el simbólico precio de 1 euro.

El caso Banco de Valencia se compone de una pieza principal, en la que se investiga la despatrimonialización de la entidad financiera valenciana, pero también de otras trece causas mediante las que el juez Pedraz trata de determinar si los antiguos administradores y directivos han cometido los delitos de apropiación indebida, en su modalidad de distracción de dinero, estafa y administración desleal.

La complejidad de las investigaciones ha obligado a la Fiscalía Anticorrupción a desplegar un plan especial para investigar todas las presuntas irregularidades del Banco de Valencia, según adelantaron fuentes del departamento a infoLibre, que resaltaron que el Ministerio Público ha tenido que asignar cinco fiscales a investigar las diferentes irregularidades que por el momento se han detectado. "El Banco de Valencia está dando un trabajo infernal"Banco de Valencia, confirmó un portavoz de Anticorrupción.

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