El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.
El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.
El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.
Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.
La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.
Los audios de Peñas hundieron al Gobierno de Rajoy
El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.
Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.
Un colaborador acosado por la Operación Kitchen
De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.
Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.
El contable que detalló los amaños del yerno del rey
En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.
El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.