La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.
En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual, una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos, no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico, y por ello, no debéis nada a nadie", afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección.
Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio. "Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo.
La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo.
Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas, que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía. El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo?
Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía).
El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo.
El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional. También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad.
En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración".
El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.