El PP consigue la alcaldía de Lugo 27 años después por el voto de una tránsfuga socialista

La séptima mayoría absoluta consecutiva de las formaciones de izquierdas en el Ayuntamiento de Lugo, compuesta por los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023, acaba de quedar definitivamente alterada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La exsocialista, edil desde finales de 2025 tras correr la lista del PSdeG por la muerte del concejal Pablo Permuy, sumó este 7 de mayo su voto a los del grupo del PP para desbancar al gobierno municipal de PSdeG y BNG presidido por Miguel Fernández y entregar la alcaldía a Elena Candia.

El pleno estuvo precedido de una nueva manifestación de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, que aclamó con aplausos al hasta ahora alcalde socialista, Miguel Fernández, y también a quien ahora deja de ser teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que agradecieron juntos el apoyo desde el balcón de la casa consistorial. Mientras la movilización se desarrollaba, cargos institucionales y orgánicos del PP —desde alcaldes al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o la secretaria general del partido, Paula Prado— se habían acumulado en el acceso a la casa consistorial para ocupar los asientos del pleno reservados al público, cuyo acceso procuró facilitar la presidenta de la mesa de edad, la concejala del PP Flora Rubinos.

Moción de censura en Lugo

Un perceptible clima de movilización y tensión marcó el pleno en el que la exregidora de Mondoñedo obtuvo el bastón de mando —entrega de la que PSdeG y BNG se ausentaron— al que le habían impedido acceder los resultados electorales, que otorgaron al PP 12 votos en el pleno municipal, uno por debajo de la absoluta y uno menos de los 13 logrados por la suma de PSdeG (8) y BNG (5). Con el concurso imprescindible de la tránsfuga para todas las decisiones que impliquen votaciones en pleno, Candia dispondrá de doce meses en una alcaldía que los populares no ostentan gracias al sufragio vecinal desde el mandato iniciado en 1995 y rematado en 1999. La elección implica, por incompatibilidad sobrevenida, su marcha del Parlamento.

De este modo, hasta al menos la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, María Reigosa —que renunció a su turno de intervención en el pleno— se convierte junto a Candia en coprotagonista de un gobierno del PP del que la ley y recientes sentencias le impiden ser miembro, pero que nunca existiría si no hubiese roto con la candidatura que le dio acceso al acta de concejala. Lo hizo apenas dos meses después de llegar a la corporación: primero renunciando a las competencias de Zona Rural que le asignara el alcalde —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle una dedicación exclusiva, alegó—, después dándose de baja en el PSdeG y a continuación abandonando el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Gracias a ella, Candia es la cuarta alcaldesa de un mandato marcado en el Ayuntamiento lucense por fatalidades ajenas a la política. No en vano, después de que el primer relevo en la alcaldía se produjese a comienzos de 2024, cuando Lara Méndez renunció para concurrir a las elecciones gallegas como número dos de José Ramón Gómez Besteiro en la lista provincial del PSdeG, el segundo llegó apenas un año después, por el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos.

Tras esos dos primeros corrimientos de lista, y ya con Miguel Fernández en la alcaldía, la muerte del también socialista Pablo Permuy en septiembre de 2025 dio lugar al tercero, el que abrió las puertas del Ayuntamiento a Reigosa. El luto aún regresó al gobierno local en otra ocasión, hace apenas un mes, con el fallecimiento de la concejala Olga López Racamonde, titular de Cohesión Social en el gobierno ahora desbancado.

“Atentado a la voluntad popular” que vio “en la tragedia una oportunidad”

En sus últimos minutos como alcalde, Fernández empleó el turno de intervención que la ley le concede para condenar lo que considera una “traición a la ciudadanía”, un “atentado a la voluntad popular” que, augura, será “el principio del fin político de quien la promueve y de quien lo apoya”. Lugo, considera el ya exregidor, “sabrá recordar” y “juzgar” en las urnas una operación “moralmente inaceptable” para la que el PP “vio en la tragedia” de las muertes de miembros del PSdeG “una oportunidad para alcanzar el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas” y hacerlo mediante el transfuguismo, “una práctica que distorsiona” el veredicto de las urnas.

“Lugo no merece esto”, razona Fernández, y “Lugo no olvida”, sostiene Arroxo, quien advierte de que “aquí una persona sin palabra siempre fue un don nadie” y “no hay nada peor en una persona que traicionar su palabra o mercadear con quien lo hace”. “Aquí eso siempre tuvo un nombre: trapalleiros”, afirma el nacionalista, para quien cabe calificar la alianza de Candia y Reigosa como “pacto de las trapalleiras”, responsables de un “clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad” y de “tirar por tierra el trabajo” del gobierno local “a cambio de ambición personal”.

Candia, por su parte, defendió la moción de censura aludiendo a lo que considera diversos incumplimientos y muestras de parálisis de la ciudad para concluir que Lugo “merece un gobierno distinto”. Entre menciones al funcionariado del Ayuntamiento, al que señala como una de las prioridades, la también líder provincial del PP se reivindicó como “constitucionalista convencida” para resaltar la legalidad de la moción de censura con la edil tránsfuga y aseguró que se dispone a que Lugo, bajo su mandato, “recupere el orgullo de la ciudad”.

Ya como alcaldesa esbozó, asimismo, las que señala como prioridades del gobierno del PP. Entre ellas, avanza, “modificar el Plan de Movilidad” recientemente aprobado, “eliminar tramos de carril bici infrautilizados” u otorgar más espacio para aparcar coches privados en la ciudad. También, asegura, dotará de más fondos a entidades sociales de la ciudad, va a conseguir “desbloquear” proyectos mediante el “entendimiento con otras administraciones”, en referencia a la Xunta, y va a celebrar “un San Froilán para todos”.

Todo esto, sostiene, lo hará desde “un enorme ejercicio de no rencor” porque ella, asegura, no es “rencorosa”. Y por eso va a “tender la mano” como, dice, ya hizo “desde la oposición”, etapa en la que afirma que los populares fueron “leales en todos y cada uno de los momentos difíciles”, reivindicó entre alusiones a la reciente inauguración de una escultura en honor de la fallecida alcaldesa Paula Alvarellos, impulsada por el gobierno ahora desbancado.

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Más allá de las críticas de la plataforma ciudadana contraria al transfuguismo y de la obvia oposición de socialistas y nacionalistas, la operación culminada por el grupo de Candia de la mano de Reigosa contradice también claramente las normas internas del propio PP. No en vano, los estatutos del partido aprobados en 2025 por el congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder estatal, dejan claro que “cometen infracción muy grave quienes, perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido, utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

El mismo artículo de los estatutos vigentes del PP detalla las sanciones para la militancia que cometa estas infracciones. Consisten en la “suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años” o “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual período de tiempo”, posibilidades ambas “no excluyentes entre sí”. También contempla la posibilidad de la “expulsión del partido”.

Esta es, aun así, la segunda ocasión en que Candia accede a un cargo de gobierno gracias al voto de un miembro de otro grupo que rompe con su propio partido. La primera fue en 2015, cuando el entonces alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, tradujo sus enfrentamientos internos en propiciar la elección de la entonces alcaldesa de Mondoñedo como presidenta de la Diputación —votándose en la investidura a sí mismo y después, en blanco—. El puesto le duró entonces apenas medio año, lo que tardó Martínez en llegar a un acuerdo para devolver el gobierno de la institución a la izquierda.