La financiación de los partidos

El PP alimenta la guerra con Cs al pedir que Hacienda investigue al partido de Rivera y horas después rectifica

Albert Rivera muestra unos papeles a Mariano Rajoy desde su escaño en el hemiciclo del Congreso.

Fernando Varela

El Partido Popular dio este lunes un paso más en su particular ofensiva contra Ciudadanos, su aliado más importante en el Congreso pero también, desde las elecciones catalanas, su principal objetivo a batir en el espacio electoral de centroderecha. Pero lo hizo para, a las pocas horas, dar marcha atrás y enmendarse la plana sí mismo. 

La singular rectificación del partido de Mariano Rajoy se produjo después de haber pedido al Tribunal de Cuentas que pusiese a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) toda la documentación de que disponga en relación con los servicios de asesoría por valor de 860.444 euros que el partido naranja prestó a sus grupos institucionales en 2014 y de los que, según el el organismo fiscalizador, no consta “justificación documental” acerca de su “desglose y naturaleza”. Y de 1.166.480 euros ingresados por el partido de Albert Rivera en 2015 en concepto de “gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que se haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios”.

El PP había pedido expresamente que Hacienda investigase si Ciudadanos “ha cumplido todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos o figuras tributarias”, lo que provocó una inmediata y airada reacción del partido de Albert Rivera, que precisamente este martes pondrá a prueba en el Congreso la mala salud del pacto de investidura que firmó con el PP poniendo a los de Rajoy en el brete de tener que votar una reforma legal que independice la Fiscalía del Gobierno. “Sería muy grave que el Gobierno pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP politizándola y degradando las instituciones que son de todos los españoles”, señalaron fuentes de Ciudadanos.

Los que ahora quieren usar la Agencia Tributaria para “atacar a adversarios políticos” son “los mismos que han hecho amnistías fiscales para los que han defraudado a Hacienda y han cobrado billetes en sobres y en cajas de puros”. “Ya lo han hecho con periodistas y medios de comunicación y ahora van a por el partido que puede ganar las elecciones”, denuncian desde Cs.

Con todo, añadieron las mismas fuentes, Ciudadanos no tiene “nada que esconder”. Son otros los que “están declarando en los juzgados de media España por la corrupción de su partido y no han dado cuenta de los sobresueldos de ‘M. Rajoy’ que parece ser que la Hacienda pública nunca tuvo oportunidad de inspeccionar”.

Lo que está ocurriendo demuestra como es “el PP cuando pierde y cuando se estampa en las encuestas. Han denigrado el Senado y ahora siguen denigrando las instituciones”.

"Una corrección de errores"

A las pocas horas de que se conociese la reacción de Cs, el PP dio marcha atrás y envió al Congreso una “corrección de errores” en la que ya no reclama una investigación de Hacienda y se limita a pedir al Tribunal de Cuentas que valore si la documentación y la contabilidad presentada por los de Rivera en relación con los conceptos citados “se ajusta o no a la normativa fiscal vigente”. ¿El motivo? Según la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Susana López Ares, porque el Tribunal de Cuentas es un organismo “independiente”. 

El PP, sin embargo, no ha rectificado su segunda propuesta sobre Ciudadanos. En ella también exige al Tribunal de Cuentas que aclare por qué no considera “infracción grave” la presentación de las cuentas de Cs de 2015, que a juicio del propio organismo fiscalizador “no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación”.

En una tercera propuesta, el PP pide explicaciones al Tribunal por no haber decidido todavía si considera infracciones seis casos que afectan a siete partidos y que el presidente del organismo citó en su comparecencia del 13 de febrero. Se trata de la no identificación de los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de Izquierda Unida por un importe total de 307.000 euros; la no identificación de las personas físicas que realizaron donaciones a la desaparecida Unió Democrática de Catalunya por 785.000 euros en 2014 y 240.000 euros en 2015; las donaciones recibidas de personas jurídicas por un importe total de 8,6 millones de euros por Nueva Canarias; o los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas a nombre de Ciudadanos por 14.000 euros. Así como la participación de Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco a través de sociedades en los rendimientos de actividades de carácter mercantil. Sin olvidar, por supuesto,“el incumplimiento del deber de colaboración” con el Tribunal de Cuentas de la desaparecida Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Las propuestas socialistas

Las propuestas que ha presentado el PSOE aluden a los partidos políticos y a sus fundaciones. En relación con los primeros, los socialistas proponen aclarar la relación financiera de los grupos institucionales con sus respectivas formaciones, clarificar sus relaciones y unificar en un solo CIF la actividad de todos los actores económicos relacionados con un partido. También piden que los partidos que presenten durante tres o más ejercicios una situación patrimonial negativa deban ajustar sus actividades para alcanzar el equilibrio contable y establecer un marco claro para regular las donaciones a través de los bancos.

En cuanto a las fundaciones, el PSOE pide, entre otras cosas, un incremento de los recursos económicos públicos dedicados a su sostenimiento.

Podemos quiere cambios legales

Unidos Podemos también ha aprovechado el debate sobre la contabilidad de los partidos para presentar varias propuestas de resolución. Una parte de ellas dirigidas al Tribunal de Cuentas y el resto al Gobierno de Mariano Rajoy.

En el primer capitulo, el grupo que dirige Pablo Iglesias pide al Tribunal que proponga reformas concretas en la ley de financiación de partidos políticos para limitar el endeudamiento bancario y equiparar la fiscalidad de las fundaciones políticas a las de los partidos a los que sirven. También que abra expediente sancionador a los partidos que incumplan la ley de financiación y que dé cuenta de ellos en sus informes.

Podemos también quiere que el Tribunal haga públicos de forma detallada los créditos pendientes de pago en cada partido, incluyendo la identificación de las entidades acreedoras.

En cuanto al Gobierno, el grupo de Iglesias quiere que el Congreso reclame a Mariano Rajoy una reforma de la ley de financiación de partidos para equiparar la fiscalización de las fundaciones a las de los partidos a los que sirven, para prohibir la donación de inmuebles por encima de determinados importes, limitar el endeudamiento bancario, publicar la identidad de los donantes que aporten más de 5.000 euros y aumentar los plazos de prescripción de las infracciones.

También piden un plan de prevención del delito específico para los partidos, un desarrollo del Código Penal en materia de responsabilidad penal de los partidos y la reforma de la ley electoral para reducir el gasto en elecciones y regular las nuevas modalidades de financiación electoral resultado de la utilización de las nuevas tecnologías.

Ciudadanos y Esquerra no atendieron este lunes la petición de infoLibre para conocer sus propuestas de resolución.

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