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Corrupción política

El PP niega que su diputado procesado por prevaricación, malversación y fraude sea un corrupto

Hernando (PP) cree que la “nueva izquierda leninista amable” ha sustituido a la “tradicional izquierda comunista”

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha querido dejar claro que el exalcalde de La Vall d'Uixó y diputado por Castellón en el Congreso, Oscar Clavell, procesado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales no está siendo investigado por corrupción, pero, en todo caso, ha recalcado que tendrá que dimitir si se le abre un juicio oral.

"No es un caso de corrupción, sino una situación de discrepancias con un informe de un técnico del ayuntamiento en relación con unos pagos. No es un caso de corrupción, sino un caso administrativo", ha remarcado Hernando en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por este caso.

El dirigente conservador ha señalado que Clavell ya ha dado explicaciones sobre este asunto –"tiene hasta siete sentencias que le dan la razón", ha apuntado–, avanzando que si el proceso sigue adelante, presentará su dimisión, lo cual Hernando ha aplaudido.

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En todo caso, Hernando ha llamado a intentar ser "justos" y "razonables" con el procedimiento judicial para no convertir la justicia en un sistema "inquisitorial" y ha recordado que el PP ya estableció como "regla general" que cuando se abra juicio oral a un afectado por corrupción éste tendrá que dimitir "independientemente de cuál sea el proceso posterior".

Dicho esto, ha sacado a colación el caso del diputado por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones, presuntamente implicado en presuntas irregularidades de la sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) de Alcalá de Guardaíra, de donde es alcalde. Ha recordado que el juzgado que investiga esta causa ha preguntado al Congreso sobre la condición de aforado de Gutiérrez Limones, lo que se ha interpretado como un paso previo a la apertura de una investigación contra él.

En concreto, la Fiscalía ha detectado indicios de criminalidad por un supuesto desvío de fondos públicos cursado a través de la falsificación de cheques de la sociedad destinados al pago de gastos privados de altos cargos del equipo municipal de Alcalá de Guadaíra

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