Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.
La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.
El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.
Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.
El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.
La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.
Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.