PP y PSOE pactaron una reforma legal para desbloquear la renovación del Constitucional

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

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PP y PSOE acordaron a finales de octubre del año pasado llevar a cabo una reforma de la Ley que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para así poder desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. El pacto, cuyo contenido íntegro ha sido desvelado por el diario El País, fue suscrito por el entonces secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, y el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Un documento firmado por la anterior dirección del partido del que ahora, sin embargo, se desvincula la formación dirigida ahora por Alberto Núñez Feijóo, que lo califica de "marrullerías políticas".

"Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes funciones: 1ª Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599 de esta Ley Orgánica", rezaba el acuerdo.

Bolaños y Egea se comprometían a que ambas formaciones políticas presentaran la reforma "conjuntamente" y en el "primer cupo posible" –calculaban que para la primera semana de noviembre– tras la elección de los nuevos miembros del Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos, que ambos partidos ya habían acordado y que terminó con la entrada en el TC a propuesta del PP de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

La literalidad de aquel pacto por escrito coincidía al milímetro con la recogida en la reforma exprés que finalmente se encargaron de impulsar los socialistas al comienzo del verano para desatascar el recambio de los cuatro magistrados del Constitucional correspondientes al tercio del órgano de gobierno de los jueces y del propio Ejecutivo. No obstante, esta reforma legal incluyó –y eso no figuraba en el texto firmado por conservadores y socialistas– un límite temporal de tres meses desde la caducidad del mandato para que el CGPJ propusiera el nombramiento de sus dos magistrados.

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