Elecciones europeas

El PP rescata a un mes de las europeas la promesa de que los “exiliados” por ETA voten en Euskadi y Navarra

El PP rescata la promesa de que los “exiliados” por ETA puedan votar en Euskadi y Navarra

La propuesta se puso sobre la mesa en diciembre de 2011, recién llegado el presidente del Gobierno a La Moncloa tras ganar las generales de noviembre por mayoría absoluta. Fue el entonces presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, el que anunció que su partido impulsaría una reforma de Ley Electoral a fin de que aquellos vascos que tuvieron que abandonar Euskadi por la amenaza de la banda terrorista ETA pudiesen volver a votar donde lo habrían hecho de no haber emigrado. La iniciativa, que se extendería también a Navarra, no cayó nada bien en los grupos de la oposición que llegaron incluso a dudar de su constitucionalidad y a calificarla de "pucherazo". Meses después, en el verano de 2012, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo ver "viable" esta posibilidad. Esgrimió, para ello, un estudio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que concluía que lo propuesto por el dirigente del PP vasco no excedía los límites de la Carta Magna. No obstante, rechazó que fuese a ser posible aplicarlo en las próximas autonómicas vascas porque la intención del Ejecutivo era la de consensuarla con el resto de grupos parlamentarios. De esto han pasado ya casi dos años. Y el texto no ha visto la luz.

Este martes, al tiempo que se conocía, vía diario El Mundo, que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, había trasladado al Gobierno la misma recomendación, el Partido Popular, reconocía que sus planes siguen siendo los mismos que cuando el expresidente del PP vasco lanzó la propuesta, pero que en este tiempo han estado pendientes del resto de grupos parlamentarios, sobre todo de los socialistas, para evitar una reforma unilateral de la Ley Electoral. ¿Hasta cuándo van a esperar? Las fuentes consultadas subrayan que su voluntad es que exista el máximo consenso pero que el compromiso es firme. Es decir, que están dispuestos a llevar la reforma a cabo en solitario. Y que es una prioridad "para los próximos meses". "Se quiere impulsar", destacan.

En un sentido similar se mostró ayer en público el líder del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper. El dirigente conservador se dijo "convencido" de que "en breve" se presentará en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Electoral para que quienes salieron de Euskadi "por la amenaza y la violencia de ETA puedan votar en su tierra". Sémper confió en que esto ocurra "con un respaldo amplio". Concretamente, se refirió al PSOE y al PNV.

El presidente del PP de Guipúzcoa hizo estas declaraciones en un acto público en Pasaia en el que estuvo acompañado por altos cargos del Ministerio de Agricultura y compañeros de partido.

La posibilidad de que los 'exiliados' vascos y navarros que se marcharon de su tierra por la presión del terrorismo puedan volver a votar en sus antiguas circunscripciones vuelve a ponerse en el foco a un mes de las elecciones europeas y en un momento en el que el descontento de gran parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo con el Gobierno de Mariano Rajoy no es ningún secreto. Los principales roces llegaron tras la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot. Días después de que el Gobierno anunciase que no tenía más remedio que aplicarla porque no cabía la insumisión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la mayoritaria, convocó una concentración en la madrileña plaza de Colón en la que los miembros del PP que asistieron pudieron escuchar insultos y gritos contra las políticas del Ejecutivo en esta materia. 

Esta crisis sirvió, además, para que se agudizara la brecha entre la dirección nacional del partido y el ala dura del PP. De ahí surgió Vox, una nueva formación capitaneada por el exfuncionario de prisiones y víctima de ETA José Antonio Ortega Lara, por el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal y por el todavía eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras.

Reacción del PSOE

En el PSOE se sorprenden de que el PP haya desenterrado esta cuestión, porque entendían que estaba “parada” por el PP. “No hemos sabido nada de este proyecto desde hace más de un año. En su día quedamos en que ese tema necesitaba estudio previo y consenso amplio. Y, que sepamos, no hay ninguna de las dos cosas”, contestaban fuentes del Grupo Socialista conocedoras de los contactos con los conservadores, informa Juanma Romero.

Las fuentes del PP y del Ejecutivo consultadas reconocen que, a día de hoy, no está cerrada la fórmula definitiva en la que sería planteada la reforma. Podría llegar vía Consejo de Ministros, a través de un proyecto de ley. O vía grupos parlamentarios en forma de proposición a la Cámara Baja. En los últimos meses se han intercambiado algunos textos. La esencia, aseguran las mismas fuentes, es que, una vez aprobada la ley, podrán acogerse a ella "por un tiempo muy limitado" –unos seis meses– quienes cumplan los requisitos. Esto significa que quienes no se acojan en los primeros meses de vigencia no podrán hacerlo en años posteriores. 

Además, la solicitud de alta en el censo electoral de País Vasco o Navarra a efectos electorales sólo podrá solicitarse en una ocasión. Es decir, no podrán solicitarse altas y bajas por parte de la misma persona.

Los conservadores dicen no manejar cifras de a cúantos vascos o navarros podría afectar. "No es cuestión de números. Es cuestión de justicia", subrayan.

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