El PP teme que el 21D arroje un escenario "similar" que complique "la vuelta a la normalidad"

En los últimos días, el Gobierno y el Partido Popular han insistido en el mensaje de que el 21D supondrá un antes y un después. En que las elecciones han sido convocadas para "devolver la legalidad" a Cataluña y que, una vez transcurrida la cita ante las urnas y constituido un nuevo Govern, el artículo 155 de la Constitución dejará de estar en vigor.

En privado, sin embargo, este tipo de mensajes son matizados y menos optimistas. Las fuentes consultadas temen que el 21D arroje un escenario electoral "similar" que complique esa "vuelta a la normalidad" de la que tanto se habla en público. 

Cuando hablan de escenario "similar" se refieren a que el resultado de las urnas se acabe plasmando en una mayoría de fuerzas independentistas frente al llamado "bloque constitucionalista". Es decir, frente a la suma de escaños que obtengan Ciudadanos, el PSC y el PP.

"¿Quién garantiza que no volvamos a la casilla de salida? ¿Quién garantiza que no continúen con el desafío soberanista, con su llamada hoja de ruta por mucho que haya sido derribada por los tribunales?", se pregunta un dirigente del PP en conversación con infoLibre.

En este contexto, una de las claves va a estar en la movilización del electorado. Los conservadores destacan que el agravamiento de la situación en Cataluña en los últimos meses, sobre todo a raíz del 1-O, ha llevado a una situación inédita hasta la fecha: que salga a la calle la llamada "mayoría silenciosa", los catalanes que no son partidarios de la independencia.

"La movilización"

Al hilo de lo anterior, los conservadores consideran que "la movilización" va a ser clave en ambos bloques. Y no ocultan su preocupación por el efecto en este sentido que va a tener la deriva judicial del procés, tras el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural y de los exconsellers y el proceso abierto para que Carles Puigdemont y los miembros del antiguo Govern exiliados en Bélgica rindan cuentas ante la Justicia.

"Una vez que se pone en marcha, la maquinaria de la Justicia es imparable. No es que nos alegremos de lo que ha pasado. Pero no se nos puede acusar de no haber avisado de las implicaciones judiciales que cada uno de sus actos podía tener", señala un miembro de la dirección nacional del PP. En los últimos días, en círculos políticos se especula con la posibilidad de un giro en la instrucción de esta causa que implique la salida de los miembros del antiguo equipo de Puigdemont que están en cárceles madrileñas. El PP y el Gobierno seguirían apelando a la independencia judicial para no valorar cualquier decisión, pero no niegan que la tensión bajaría para una campaña que ya se prevé tensa.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Rajoy dejó caer la importancia de la movilización en la cita del 21D.

"Ahora de lo que se trata aquí es de ocuparse del futuro, y el futuro tiene que empezar con esas elecciones del 21 de diciembre en las que espero que haya una participación masiva porque la gente sea consciente, que lo es, de la importancia que tienen estas elecciones. Espero que esas elecciones sirvan para abrir una nueva etapa política que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, de normalidad, de convivencia en la que se respeten las reglas de juego y una etapa que ayude a que continúe la recuperación de la economía española", dijo el presidente. Su interlocutora era la portavoz socialista, Margarita Robles, que había señalado al jefe del Ejecutivo que "es el momento de la política, es el momento del diálogo". "De echar puentes y de trabajar por esa Cataluña que todos queremos, integrada en España, y que sea un modelo de democracia, de pacto y de convivencia", añadió.

La solución no es la reforma de la constitución

El Gobierno tiene poca confianza en que la comisión sobre el modelo territorial que echará a andar en breve en el Congreso, una iniciativa del Partido Socialista que pretende ser una base para una reforma de la Constitución, vaya a servir para solucionar la crisis entre el Estado y Cataluña. "No todo se resuelve dentro de la Constitución", respondió en la sesión de control al Gobierno de esta la semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la diputada socialista Adriana Lastra.

"Podemos hablar de financiación autonómica, podemos hablar de pacto de pensiones, podemos fortalecer la cohesión social de nuestro país con la reforma de la Constitución y, mientras la hacemos y llegamos a ese consenso, sin ella. Por tanto, señoría, yo no cerraría el acuerdo a otras muchas cuestiones porque no todo se resuelve dentro de la Constitución", insistió la mano derecha de Rajoy en el Gobierno.

"No todo se va a resolver de la noche a la mañana. El escenario ideal sería que, en el supuesto de que se configure una mayoría independentista, quien la lidere inicie un periodo de diálogo con el Gobierno de unos meses para fijar una agenda para Cataluña dentro del marco de la Constitución y el Estatuto. Pero mucho tiene que cambiar el bloque secesionista y sus líderes", considera un dirigente nacional del PP.

La misma fuente sostiene que, para darse este escenario, los líderes independentistas tendrían que hacer frente a la presión del sector de la ciudadanía de Cataluña a la que prometieron la "arcadia feliz" de la independencia a sabiendas de que era imposible. Estas presiones jugaron un papel fundamental a la hora de que Carles Puigdemont no convocase elecciones antes de que el Pleno del Senado diese luz verde a la aplicación del artículo 155. "La fractura social es tremenda", añade.

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Los dirigentes más optimistas con la posibilidad de un giro en los acontecimientos y en la relación entre Cataluña y el Gobierno señalan que, con la acción de la Justicia, por un lado, y la de la política, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por otro, el bloque independentista tiene claro cuál sería la reacción ante procesos similares. "Por no hablar de que muchos de ellos se pueden enfrentar a procesos de inhabilitación", destaca un dirigente conservador.

Del resultado del 21D y de cómo lo gestione Rajoy depende en una parte importante la duración de esta XII Legislatura. El año 2018 arrancará con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados al haberle sido imposible al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lograr los mismos apoyos cosechados para las cuentas públicas del ejercicio en vigor. A saber: los escaños de PP (y sus partidos aliados), Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Los nacionalistas vascos tienen el proceso en stand by a la espera de que transcurran las autonómicas del 21D. La idea del Gobierno es que salgan adelante a principios de año. Siempre que la situación en Cataluña se lo permita. Pese a que en el discurso oficial así lo mantienen, son conscientes de que el Partido Socialista no va ir de la mano del PP en esta materia. El apoyo a Rajoy a la hora de aplicar el 155 ya ha generado a Pedro Sánchez algunas crisis puertas adentro de su formación.