Los fallos en las pulseras de control telemático a los maltratadores culminaron con una reprobación el miércoles en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a instancias del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo convirtió la polémica en el asunto central de la sesión de control tras semanas sin poder colocar ninguno de sus mensajes y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "desproteger" a las mujeres.
"Ha habido mujeres víctimas que, creyéndose protegidas por su Gobierno, han estado abandonadas y la ministra Ana Redondo lo sabía", afirmó la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. El número dos PP, Miguel Tellado, también incidió en el misma cuestión al asegurar que la "negligencia" del Gobierno había "puesto en peligro a mujeres maltratadas" en España, al igual que el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, que dijo que al Ejecutivo de Sánchez solo le preocupa el feminismo para "manosearlo y conseguir votos".
Desde la bancada gubernamental acusaron al principal partido de la oposición de seguir el mismo guion que con la ley del solo sí es sí y las rebajas de algunas condenas de agresores sexuales y de "votar sistemáticamente" en contra de "todos los avances de las mujeres, desde el aborto hasta la ley de paridad", en palabras del ministro Félix Bolaños.
La puntilla la puso el líder del PP, que compareció ante los medios tras no intervenir en la sesión por la ausencia del presidente del Gobierno. "Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad, y menos talleres de masculinidad", afirmó. "Hay reincidencia porque no es la primera vez que el Gobierno feminista de palabra perjudica a las mujeres con sus hechos y hay mala fe porque no ofrecen perdón, solo excusas", zanjó.
Un 'feminismo' asociado a la maternidad y al punitivismo
Lo cierto es que el PP ha encontrado un filón en polémicas como las pulseras o el consumo de prostitución —con las grabaciones del caso Koldo— para desgastar al Gobierno, al igual que hizo la legislatura pasada con la ley del sólo sí es sí. Los conservadores buscan dinamitar el discurso feminista del PSOE, una de sus grandes banderas, con la intención además de provocar un voto de castigo de las mujeres al Gobierno aunque según los estudios demoscópicos son uno de los principales pilares de apoyo a Sánchez junto con los jubilados, superiores a los que obtiene el bloque de la derecha.
Sin embargo, aunque el PP se presenta como el partido que defiende a las mujeres, la causa feminista nunca ha estado entre sus prioridades. Más bien al contrario. El la víspera del 8M, Feijóo aprovechó para desplegar una serie de reivindicaciones centradas en la maternidad, pero también en lo tradicional como eje vertebrador de su discurso: "Creo en la causa de la igualdad por la que lucharon nuestras abuelas y nuestras madres, ese es el feminismo de verdad", dijo.
Los conservadores no comparten las tesis feministas que rechazan el punitivismo como respuesta a la violencia estructural contra los cuerpos de las mujeres, sino que precisamente aprovechan los casos de violencia machista para defender penas más duras y más controles policiales, como hizo Feijóo el miércoles, en lugar de enfocarse en la educación y los valores asociados a la masculinidad como el origen del problema.
La dirección del PP tampoco cree en las llamadas cuotas, como se pudo comprobar tras el último congreso del partido celebrado en julio, con ellas relegadas al 35% de los puestos de dirección, una tercera parte del total. Y es que, a diferencia de lo que sucede con fenómenos como el acantilado de cristal, el PP eligió que los hombres ocuparan los puestos más destacados de su organización en su mejor momento en las encuestas.
Los pactos con Vox: retrocesos para las mujeres
"El servicio no tendría que estar privatizado": el problema de fondo de las pulseras a maltratadores
La irrupción la extrema derecha en el tablero político también ha influido en algunos de los planteamientos del Partido Popular al dar cabida a posturas negacionistas y reaccionarias, no solo en el terreno discursivo sino también a nivel institucional. Es lo que ocurrió tras las elecciones de mayo de 2023 con los pactos entre conservadores y ultras en distintos municipios y comunidades, en las que las políticas de igualdad se convirtieron en un asunto clave en la negociación con la formación de Santiago Abascal.
Esos pactos se materializaron en la puesta en marcha de medidas regresivas con un impacto significativo en la vida de las mujeres. Valencia, Andalucía y Castilla y León son algunos ejemplos de cómo la entrada de la extrema derecha en las instituciones implicaba la asfixia de las políticas públicas de igualdad. Entre los principales hitos de estas alianzas, estuvo la eliminación de las concejalías específicas, la introducción del concepto de violencia intrafamiliar o el arrinconamiento de los minutos de silencio.
En territorios como Guadalajara, conservadores y ultras pactaron sustituir los puntos violeta de las fiestas por "puntos de seguridad para todos", en las Corts Valencianes se esfumó el concepto "violencia machista" de la pancarta contra los feminicidios y en Maracena (Granada), la bolsa social de empleo dejó de tener en cuenta la puntuación por ser víctima de violencia de género. En Valencia, la fiscalía especializada en violencia de género agonizó como consecuencia de un recorte del 30% de su personal.
Los fallos en las pulseras de control telemático a los maltratadores culminaron con una reprobación el miércoles en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a instancias del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo convirtió la polémica en el asunto central de la sesión de control tras semanas sin poder colocar ninguno de sus mensajes y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "desproteger" a las mujeres.