La situación en el PP

El PP valenciano exigirá a Génova la expulsión de los concejales imputados si estos no renuncian

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, junto a la coordinadora general del partido, Eva Ortiz, este lunes durante una rueda de prensa.

El reloj corre y los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia investigados –antes imputados– siguen manteniendo el acta incumpliendo el acuerdo al que llegaron con la dirección regional del partido según el que renunciarían en el momento del levantamiento del sumario del caso Taula, que investiga presunto blanqueo de capitales. La líder de los conservadores regionales, Isabel Bonig, y su equipo lo tienen claro: si a mediados de mes no han renunciado a sus asientos en el pleno municipal, exigirán a la dirección nacional del Partido Popular que sean ellos los que culminen el proceso de expulsión. Así lo han asegurado a infoLibre fuentes de la formación regional.

Esta petición se incorporaría al expediente informativo abierto por Génova el pasado mes a todos los cargos públicos y asesores relacionados con este escándalo de corrupción. Si la dirección nacional no actúa, la medida será tomada por el PP valenciano.

Las mismas fuentes recuerdan que cuando estalló este escándalo los afectados, excolaboradores de la exalcaldesa Rita Barberá, acordaron que renunciarían al acta si tras el levantamiento del secreto de sumario seguían estando en el punto de mira de la Justicia. Ahora ese momento ya se ha producido y, hasta la fecha, ninguno de los nueve ediles –el grupo está integrado por diez– ha cumplido lo comprometido.

Fue el pasado 22 de marzo cuando Isabel Bonig, viendo que no renunciaban al acta, remitió una carta a cada uno de los afectados en los que les recordaba que habían acordado que renunciarían al acta y que, en el cumplimiento de ese compromiso, la dirección regional del partido les daba diez días para hacerlo. En el PP de la Comunidad Valenciana consideran que ese plazo expiraría entre el 12 y el 14 de este mes.

Si llegada esta fecha los concejales siguen conservando sus actas, la dirección regional remitirá a la nacional el informe jurídico que lleva tiempo preparando sobre este caso con un apartado importante: la demanda de que se tomen medidas contra ellos –la expulsión– por "desobediencia".

Desde el PP valenciano precisan que su exigencia a Génova está muy bien atada puesto que en los estatutos del partido la desobediencia está catalogada como una falta "muy grave". Y las faltas muy graves llevan aparejadas la expulsión. 

De tomar la decisión, no sería la primera de Génova respecto a estos concejales. El pasado 28 de marzo, el Comité de Derechos y Garantías emitía un comunicado en el que anunciaba la suspensión cautelar de militancia de los nueve ediles imputados y de los asesores. "A petición propia", rezaba el texto.

¿Y Rita Barberá?

En el comunicado remitido a los medios no se mencionaba expresamente a Rita Barberá. No obstante, se subrayaba que "el Comité de Derechos y Garantías continuará tramitando el expediente informativo a todas las presiones físicas investigadas o llamadas a declarar, incluidas las hoy [por este lunes] suspendidas de militancia, relacionadas con los hechos investigados". Este párrafo, subrayaban fuentes del partido, afectaba a la senadora aunque señalan que "no esté investigada". Días antes, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, había anunciado la apertura de un expediente a medio centenar de militantes y cargos públicos del partido relacionados con este caso. La ahora senadora estaba entre ellos. Esta misma semana, según confirmó el lunes la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, el instructor de este expediente comenzará a interrogar a los afectados. Las reuniones se celebrarán en Madrid y Valencia.

La decisión de Génova, pactada con los concejales, de suspenderlos cautelarmente de militancia, ha dejado al Grupo Municipal Popular muy debilitado. Integrado tras las municipales por diez ediles son nueve los investigados y, por tanto, nueve los que dejan de pertenecer a las filas conservadoras. De momento, permanecen en el grupo "como independientes". Esto implica que no están sometidos a la disciplina de grupo a la hora de votar. 

El ascenso de otros imputados

Si llegase la expulsión definitiva, como Bonig prevé demandar, estos pasarían al grupo de los concejales no adscritos y el PP pasaría a estar integrado únicamente por un concejal. Si, por el contrario, renunciasen a sus actas, correría la lista y ocuparían escaño otros integrantes de la candidatura que integró Rita Barberá. Aquí se plantearía otro problemas porque podrían ascender otros imputados y el partido podría verse obligado a repetir el proceso.

A la espera de que se cumpla el plazo dado por Bonig, la impresión en el PP de la Comunidad Valenciana es que los investigados han decidido ligar su futuro en el partido al de Rita Barberá. Esto es: que si ella sigue con acta en el Senado, ellos siguen con acta en el consistorio. En todo caso, Rita Barberá no tiene la condición de investigada.

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