PP, Vox y Cs trasladan al Supremo su oposición a los indultos con cuatro estrategias diferentes

La primera batalla contra los indultos a los nueve presos del procés está servida en el Tribunal Supremo. Y esa batalla será saber quién está legitimado y por qué para presentar recurso por la vía contencioso-administrativa contra los decretos aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros. De momento, tres partidos de la oposición y una asociación catalana han anunciado recursos y la mayoría ya los han presentado. En todos los casos, recursos individualizados por cada preso, ya que lo que se recurre es cada uno de los decretos que se publicaron el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Salvo claro error de forma en los textos, en esta jurisdicción todas las impugnaciones se admiten y una vez completado este trámite, es cuando el tribunal comienza a estudiar el asunto. En las providencias admitiendo los recursos de Ciudadanos, se reclama al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto a la Sala en un "plazo improrrogable" de veinte días.

Esta fase de la estrategia jurídica contra las medidas de gracia tendrá dos fases: el estudio de quién está legitimado para recurrir y si el Supremo da luz verde a alguno de ellos, analizar el fondo del asunto, esto es, si los decretos de indulto son correctos jurídicamente hablando, teniendo en cuenta la ley del indulto y la jurisprudencia que el propio tribunal ha ido dictando a lo largo de los años. No es habitual que un indulto se recurra, pero sí ha habido casos anteriores que pueden servir de guía, aunque fuentes de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) reconocen que un caso así no encuentra parangón, sobre todo en lo que se refiere a la legitimación, ya que en la mayoría de las ocasiones quien había impugnado la medida era un afectado directo (por ejemplo, la familia de la víctima de un accidente de tráfico).

Vox y Ciudadanos (Cs) han sido los primeros partidos en registrar la documentación ante el Supremo. No serán los únicos, puesto que el PP está preparando no uno, sino dos tipos de recurso para presentarlos en el alto tribunal. Esto nos deja con tres partidos políticos de la oposición con cuatro estrategias bien diferenciadas para tratar que el alto tribunal les reconozca como actores legítimos para recurrir. El fondo del asunto es el mismo en todos los casos: quieren que los magistrados les den la razón y los nueve condenados por el proceso independentista catalán que acaban de quedar en libertad vuelvan a prisión para cumplir las penas que les acaban de ser conmutadas.

El PP lo intenta por dos vías

Aunque aún no ha presentado sus escritos, el PP ya ha adelantado su estrategia. Según el secretario general, Teodoro García Egea, la intención es ir por dos vías: por un lado, presentar el recurso como partido, ya que considera que "el PP sí fue parte del proceso a través del Gobierno de Mariano Rajoy y de las medidas que se tomaron en su momento como el artículo 155". La formación conservadora se siente, además, legitimada "como partido que defiende el orden constitucional".

Por otro lado, el presidente del partido, Pablo Casado, presentará a título individual un recurso como "parte afectada" al ser situado en un informe de la Guardia Civil como "posible objetivo" de la supuesta célula terrorista de los Comités de Defensa de la República (CDR). En ese informe, consultado por este periódico, se indica que uno de los imputados por la Audiencia Nacional realizó diferentes búsquedas en internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Estas búsquedas, según la Guardia Civil, "tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes" y se detalla que entre ellos figura Casado en una consulta que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2019 con un teléfono móvil de la marca Asus intervenido en el domicilio de uno de los detenidos.

Por su parte, Vox, que formalizó su recurso este jueves, se considera parte legitimada para impugnar los nueve decretos de indulto, ya que “intervino en el proceso penal como acusación popular, formulando el escrito de calificación en el que se ejercitaba la acción penal”. Vox llegó a pedir para Oriol Junqueras 74 años de cárcel por rebelión, malversación y organización criminal. Juristas consultados ven al partido de extrema derecha con más posibilidades de ser aceptado como actor legitimado para recurrir por su acción como acusación popular, si bien admiten que también hay dudas en este aspecto y en la Sala Tercera del Supremo tampoco lo tienen claro. Esta Sala no es muy proclive a la legitimación de los partidos políticos, según fuentes del órgano, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería también del razonamiento expuesto por la formación en cuestión.

Los derechos vulnerados de Cs en septiembre de 2017

Por último, Ciudadanos ha presentado ante el alto tribunal una estrategia similar a la de Casado, pero por motivos bien distintos. En su caso, han sido Inés Arrimadas, José María Espejo y Carlos Carrizosa como diputados del Parlament durante el procés los que han recurrido y basan su legitimidad en que eran quienes estaban "en primera fila" cuando la Cámara catalana tramitó las llamadas leyes de desconexión, la de referéndum y la de transitoriedad, los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Según ha afirmado el portavoz del partido naranja Edmundo Bal, ex abogado del Estado, "se les privó de su derecho de participación política".

De hecho, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya dio la razón a los diputados de Ciudadanos en abril de 2019, cuando sentenció que la mayoría independentista del Parlament "se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados". Si tenían legitimación para acudir a la jurisdicción constitucional, "parece evidente que también tienen legitimación para acudir a lo contencioso-administrativo", considera Bal, sobre todo cuando la sentencia del Supremo sobre el procés "cifra la condena del delito de sedición en la tramitación de esas leyes".

Una asociación que defiende a ciudadanos "víctimas del procés"procés

No sólo los partidos de la oposición han recurrido los indultos concedidos a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Jordi Sànchez. Un día antes que ellos, la entidad Convivencia Cívica Catalana registró vía telemática nueve escritos impugnando esas medidas de gracia. Tal y como ha informado, la organización "ha asesorado y representa a muchas de las víctimas del procés", entre las que sitúa a comerciantes o profesoresprocés, "y de toda la retahíla de actuaciones ilegales llevadas a cabo por los condenados". "Entendemos que el ser una asociación de ciudadanos de Cataluña que sufrimos en primera persona los efectos de los hechos delictivos cometidos por los indultados nos confiere un interés directo en la actuación administrativa, que nos otorga plena legitimación procesal para impugnar los indultos", explica.

Desde la asociación han informado a infoLibre que para considerarse parte legitimada se han fijado en una sentencia del Supremo de 2015 sobre el indulto a un empresario canario condenado por un delito relacionado con el medio ambiente. En esa resolución, consultada por este periódico, el alto tribunal admitió la legitimidad de una ONG para recurrir la medida de gracia aunque no hubiese sido parte en el juicio. No obstante, la Sala se dividió, ya que dos magistrados hicieron un voto particular oponiéndose. El análisis de esa sentencia lleva a preguntarse quién es es titular del bien jurídico protegido en cuestión.

Las cautelarísimas, el primer paso

Ciudadanos ha pedido en su recurso medidas cautelarísimas, esto es, que el Supremo anule de forma urgente los indultos en tanto en cuanto se resuelve sobre el fondo de la cuestión. La Sala Tercera tiene unas 48 horas para resolver y no pide opinión a las partes –también Fiscalía y Abogacía del Estado, esta última en representación del Gobierno–, pero no parece muy probable que los magistrados las acuerden. Después de resolver esta cuestión, vendrán las cautelares, también solicitadas por el partido naranja y por Vox. En este momento procesal, la Sala sí da audiencia a las partes para que se pronuncien en un plazo de unos días.

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Tras recibir los escritos, tomará una decisión sobre si los indultados deben reingresar en prisión mientras decide si admite la legitimación de los recurrentes y sobre el fondo del asunto, esto es, la concesión de las medidas de gracia, si éstas están debidamente justificadas en los expedientes aprobados por el Consejo de Ministros del martes. Desde el Ejecutivo están convencidos de que los indultos están más que motivados y que, por tanto, los requisitos que impone la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este aspecto se cumplen con creces. En concreto, citan la sentencia de noviembre de 2013 que anuló la medida de gracia otorgada a un conductor kamikaze por el primer gobierno de Mariano Rajoy.

En aquella ocasión, el Pleno de la Sala Tercera del Supremo prácticamente se partió en dos, pero la mayoría de magistrados optó por revocar la medida de gracia al considerar que el Consejo de Ministros no había argumentado el decreto al no señalar las “razones de justicia, equidad o utilidad pública” en las que se basaba. Y añadía que el indulto es un acto discrecional del Gobierno y el control jurisdiccional no puede extenderse a su esencia, que es su concesión o denegación, pero sí a la concurrencia de arbitrariedad en la concesión.

Según fuentes gubernamentales, en el caso de los nueve presos del procés el procedimiento se ha llevado a cabo de forma "escrupulosa" y consideran que más de treinta folios de motivación por cada uno de los expedientes, alegando la "utilidad pública" de la medida, hacen que los decretos en este caso sean "muy difíciles de revocar".